Este sábado es el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. A 40 años de los hechos, el país renueva el reclamo por la soberanía de las islas.

La conmemoración del 2 de Abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas fue establecido por ley del congreso nacional en el año 2000, declarándose además como feriado nacional.

Se trata de una fecha para renovar el reclamo por ejercicio de la plena soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

En ese marco, la «Agenda Malvinas 40 años» tiene como ejes principales el resaltar el reconocimiento y el homenaje del pueblo argentino a los caídos, sus familiares y los veteranos y veteranas de Malvinas; profundizar la difusión y visibilización, tanto en el ámbito nacional como internacional de los derechos soberanos argentinos respecto de las islas y de la persistencia de una disputa de soberanía –reconocida por las Naciones Unidas- aún hoy no resuelta.

Cabe recordar que en 1982, al momento de las hostilidades en el Atlántico Sur, nuestro país estaba gobernado por una dictadura militar, ilegal e ilegítima, que actuó de espaldas al pueblo argentino y apartándose del compromiso tradicional de la Argentina con el principio de arreglo pacífico de las controversias internacionales y, en particular, con la búsqueda de una solución pacífica de la cuestión de las Islas Malvinas.

Como todo conflicto bélico, el del Atlántico Sur dejó un trágico saldo con la pérdida de numerosas vidas de combatientes. Su memoria, junto con la de quienes combatieron en el conflicto con la legítima convicción de defender el interés nacional, merece ser honrada. Además debe disponerse la capacidad del Estado para reconocer en términos concretos y atender las necesidades de los veteranos y veteranas y sus familias.

El conflicto de 1982 no alteró la naturaleza de la controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que continuó pendiente de negociación y solución. Es así que, durante el período de sesiones de la Asamblea General iniciado en septiembre de 1982 se aprobó la resolución 37/9, que, recordando las resoluciones 2065 (XX) y 3160 (XXVIII), solicitó a la Argentina y el Reino Unido que reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa de soberanía, y reafirmó la necesidad de que los dos gobiernos tengan debidamente en cuenta los intereses de los habitantes de las Islas Malvinas.

En forma constante, durante todos los gobiernos democráticos, la República Argentina ha rechazado el recurso a la fuerza y se ha mostrado continuamente dispuesta a la negociación bilateral como medio para alcanzar una solución pacífica de la controversia, de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General y el Derecho Internacional. Dicho compromiso – así como el de respetar el modo de vida de los habitantes de las Islas – se encuentra incluso consagrado al más alto nivel normativo de la Argentina en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional y va de la mano con el respeto al modo de vida de los isleños.

El gobierno argentino mantiene la misma voluntad de reanudar las negociaciones de soberanía. Sin embargo, el Reino Unido alega que no habrá negociaciones a menos que los habitantes de las Islas así lo consientan. De esta forma, el Reino Unido ha intentado invocar el principio de la “libre determinación” de los pueblos en la cuestión de las Islas Malvinas. Dicho principio no resulta aplicable en tanto la composición de la población de las Islas es el resultado de la colonización iniciada por el Reino Unido en 1833, quien luego de ocupar por la fuerza el territorio y expulsar a las autoridades argentinas, implementó medidas para implantar súbditos británicos, con el propósito de definir una composición demográfica de las Islas a la medida de sus intereses coloniales. La ilegítima legislación colonial estuvo pensada desde un comienzo para preservar el “carácter británico” de la población de las islas y dificultar el asentamiento de argentinos provenientes del continente.

El Reino Unido pretende instalar el argumento de que la controversia de soberanía fue resuelta como consecuencia de una votación realizada unilateralmente en la que dicha población implantada en las Islas Malvinas se habría pronunciado a favor del mantenimiento del status quo. Dicha votación carece de todo valor jurídico en tanto contradice lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas como medio para poner fin a la situación colonial de las Islas Malvinas y nunca contó con el reconocimiento de la comunidad internacional. Por lo tanto, el hecho de permitir que los ciudadanos británicos de las islas se constituyan en el árbitro de una disputa, en la que su propio país es parte, distorsiona el derecho a la libre determinación de los pueblos y en nada altera la naturaleza de la Cuestión Malvinas.

La Argentina ha expresado reiteradamente su disposición a dialogar con el Reino Unido sobre todos los temas que hacen a la «Cuestión de las Islas Malvinas» y mantiene su firme voluntad de negociar para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía conforme lo dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas y múltiples pronunciamientos de la comunidad internacional.