El sindicalismo opositor vive días de paranoia; un estado mental que no necesariamente responde a elaboraciones fantasiosas. También los pensamientos ceñidos a estrictos datos de la realidad pueden perturbar los ánimos en exceso. En cualquier caso, la dirigencia enfrentada a la administración K está alterada frente a la posibilidad de que a cualquiera de ellos les caiga del cielo, sin previo aviso, la divulgación o el montaje incluso de supuestos hechos indecorosos que los incriminen de manera directa.

Tanto en la reunión del consejo directivo de la CGT de Hugo Moyano, el martes, como en la de ayer de los gremios del transporte, se hizo palpable que es generalizado el temor al fantasma del «carpetazo», en este caso con información comprometedora sobre los sindicalistas, que los servicios de inteligencia u otros oscuros sectores de poder tendrían embargadas hasta llegada la necesidad de hacerlas públicas.

Muchos creen que tal cosa podría suceder en lo inmediato, visto todo lo que se vio alrededor de la extraña muerte del fiscal Nisman y el papel protagónico que jugaron en esta historia negra aquellos que hacen del espionaje más turbio su estilo de vida. Para peor, en el contexto de un país revuelto por las tensiones políticas, y también judiciales, que ha traído como sello el fin de época.

Voceros del sector transportista, el cual mantiene firme su amenaza de paro general para el 31 de este mes, confiaron a Infobae que todos sus referentes se comprometieron en no dar ningún paso en falso ni decir nada que los exponga a una mayor vulnerabilidad de los golpes bajos. Cuanta más prudencia, mejor.

Los gremios opositores creen que podrían ser blanco de operaciones políticas envenenadas por su renuencia a convalidar el relato oficial y, de paso, además para salpicar con posibles escándalos a las fuerzas políticas que, con el apoyo de este espacio sindical, competirán en octubre por la Presidencia contra el Frente para la Victoria.

«No vamos a permitir que nos quieran demonizar como se quiso hacer con Moyano en el 90».Referían al episodio de octubre de 1989, cuando el camionero fue sorprendido en su gremio con una cantidad indeterminada de cocaína.

Entonces, la corporación sindical salió en auxilio de Moyano, por entender que había sido víctima de una maniobra orquestada por el entonces titular de la SIDE, el menemista Juan Bautista Yofre.

También dan la caracterización de farsa a la breve pero aparatosa detención del ruralista Gerónimo Venegas, cuando en 2011 el juez Oyarbide lo mandó preso por su supuesta participación en la mafia de los medicamentos.

Fuera de las responsabilidades objetivas en los delitos que a cada uno les endilgaron en su momento, el ferroviario José Pedraza y el bancario Juan José Zanola fueron presos al fin de cuentas por escuchas telefónicas de los servicios.

Más allá del clima paranoico, la central de Moyano prefirió dejar para más adelante su adhesión a la anunciada huelga de los medios de transporte. Se pronunciarán más cerca de la fecha del paro.

Argumentan que haber convocado a una medida de fuerza con 40 días de anticipación revela un afán negociador por parte de sus organizadores. En ese sentido, desconfían y mucho del comportamiento que pueda tener el líder de la UTA, Roberto Fernández, quien suele poner el guiño a la derecha cuando va a doblar a la izquierda y viceversa.

No sería la primera vez que el colectivero se baja de un paro que, en los papeles, contaba con su adhesión. Así procedió Fernández durante el último paro general decretado por la dupla Moyano-Barrionuevo, del que se desembarazó sobre la hora, tras una intensa tarea de ablandamiento del Gobierno de la doctora Kirchner.

Sino miedo es mucha la desconfianza que despierta entre los de Moyano el convenio de cooperación que Cristina viene de sellar con China. Con miradas negativas informaron sobre ese acuerdo el marítimo Juan Carlos Schmid (el delfín del camionero para conducir una futura CGT única) y Agustín Amicone, del gremio del calzado.

Amicone señaló con crudeza, de cara al posible arribo al país de trabajadores chinos, que en realidad, en su sector, Argentina viene «comprándole» a China, en los últimos años, un promedio de 9.500 puestos de trabajo. «Acá, en 2014, no produjimos 14 millones de pares de zapatos, sino que ensamblamos las distintas piezas de todo ese calzado (la ‘capellada’), que es algo muy diferente». Un fenómeno muy similar al de las terminales de la industria metalmecánica.

La desconfianza de Amicone surge de los números que maneja. Sostiene que el 60 por ciento de los zapatos de alta y media gama que se terminan hoy en el país son de manufactura china. El resto lo aportan trabajadores argentinos, pero a través de empleos de baja calidad, que no se corresponderían a un proceso de desarrollo industrial.

«Los términos del acuerdo con China no son claros, hay muchas cuestiones dichas en potencial…», coincidieron los moyanistas, al manifestar la necesidad de negociar en términos más favorables para la Argentina.

Por su parte, los gremios del transporte insistieron en el reclamo de un cambio estructural en materia de política impositiva. No los conforma una simple actualización del mínimo no imponible del «impuesto al trabajo». Exigen soluciones para la distorsión que genera Ganancias, siendo que cada vez son menos los empleados más jerarquizados que rehúyen de hacer horas extra o de trabajar los feriados para evitar ser alcanzados por ese tributo.

Cristina ignoró olímpicamente el tema el domingo en el Congreso.

Idéntica lectura a los del transporte hace el jefe de los bancarios, Sergio Palazzo, que juega autónomo de las centrales sindicales y se sumaría a la huelga. La CGT oficial, la de Caló, aguarda mansa en cambio una audiencia con Aníbal Fernández para exponer estos mismos criterios y para ratificar su disposición para negociar paritarias por un 30 por ciento de aumento, un 10 menos de lo que promete exigir Moyano para cubrir en parte lo que la inflación se deglutió.