Funcionarios y representantes del campo expusieron sus números que, en principio, están bastante lejos. Unos y otros, sin embargo, dieron señales de que llegar a un acuerdo razonable para las partes es posible.
Funcionarios y dirigentes rurales durante la primera reunión donde se analizó la actualización del
Funcionarios y técnicos del Gobierno de Entre Ríos, encabezados por el secretario de Producción, Álvaro Gabás, mantuvieron este lunes la primera reunión con los dirigentes de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias para analizar los números de la emisión 2018 del Impuesto Inmobiliario Rural. Luego decidieron pasar a un cuarto intermedio para acercar posiciones y probablemente el lunes próximo se concrete un nuevo encuentro.Los números que unos y otros expusieron sobre la mesa de diálogo fueron bastante diferentes pero, a pesar de la distancia entre las cifras, voceros de la Mesa de Enlace se mostraron optimistas y confiaron en que se podrá alcanzar un acuerdo. Las declaraciones de Gabás, tras la reunión permiten colegir que llegar a ese entendimiento no será demasiado difícil.

El gobernador Gustavo Bordet, obviamente, tendrá la última palabra y en su decisión, más allá de los porcentajes, prevalecerán argumentos políticos.

Fundamentos.
Durante esta primera reunión, los referentes de los productores ratificaron su postura de que los porcentajes de los incrementos deben actualizarse sobre la base de la legislación vigente, que establece tomar un promedio de los precios agropecuarios en la provincia de los últimos cinco años.

“Los números que llevaron los técnicos del Gobierno a la reunión son insostenibles”, le dijo a EL DIARIO una fuente del sector agropecuario, pero remarcó que “si se aplica la ley no habrá problemas en ponernos de acuerdo”.

Los incrementos, de acuerdo con los números del borrador oficial, oscilan entre el 30% y 44%, según la zona agroecológica que se trate, mientras las entidades entienden que deberían ubicarse entre el 20 y 25 por ciento, con un promedio del 22%. En la semana trabajarán para achicar la brecha.

Equidad.
Gabás, por su parte, valoró “la actitud de las entidades, que aportaron su punto de vista, y que nos permitirá llegar a un acuerdo que establezca valores equitativos para los propietarios de establecimientos rurales”.

El joven funcionario, además, ponderó el hecho de que “Entre Ríos tiene en el Inmobiliario Rural un modelo progresivo que valora las zonas agroecológicas de la provincia y la productividad de cada región, permitiendo ser equitativo en lo que le corresponde tributar al productor”.

Gabás recordó también declaraciones de Bordet que, tal vez, cuando llegue el momento de la definición de la actualización tenga mucho peso: “No está previsto ningún aumento que pueda generar un impacto sobre el bolsillo de los contribuyentes”.

Si el Gobierno cumple, el incremento probablemente se ubique en torno al 25% promedio –acaso unos puntos más–, que es el porcentaje de la inflación del año pasado.

Tras remarcar que la provincia tiene políticas de ingresos responsables y que ha acotado los gastos, el secretario de Producción dijo que, como siempre, se buscará “el consenso con las entidades agropecuarias”, una frase que puede entenderse como un guiño a la Mesa de Enlace de que la suba será razonable.

Está claro, entonces, que unos y otros tienen voluntad política de acordar. El Gobierno, básicamente, porque querrá evitar cualquier tipo de conflicto en un año que puede ser complicado, y los productores porque un alza del 25% –o, acaso, 26/28%– es una “ganga” si se compara con lo sucedido en otras provincias (San Luis, Corrientes, Córdoba y Buenos Aires, por ejemplo) donde las actualizaciones se posicionaron entre el 40% y 60%.