Este martes el Gobierno Nacional oficializó el plan de retiros voluntarios anticipado hace algunos días con la publicación del Decreto 263/2018 en el Boletín Oficial.
Se trata de un régimen de retiro voluntario para todo el personal de la Administración Nacional, incluyendo el Poder Ejecutivo, los ministerios, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social. Entres los organismos involucrados se incluyen El PAMI, Anses, AFIP, Senasa, INTA e INTI, entre otros.

La iniciativa se enmarca en el objetivo oficial de tratar de reducir el gasto público y el déficit fiscal, por lo que ya se han implementado una serie de reformas de la estructura estatal, reduciendo direcciones y secretarías en los diversos ministerios. Más allá de lo ambicioso en términos declarativos del proyecto, se estima que con esa decisión apenas se redujeron unos 600 cargos políticos.

Uno de los considerandos del proyecto publicado hoy, señala: “Entre las premisas del Gobierno Nacional se encuentra la de lograr la utilización de los recursos con miras a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados, conforme surge del Plan de Modernización del Estado”.

Con este plan de retiros voluntarios (elaborado por los ministros de Modernización Andrés Ibarra y de Hacienda Nicolás Dujovne , además del ya reemplazado director ejecutivo de la AFIP Alberto Abad ) el Gobierno espera una reducción de aproximadamente 5 mil cargos en la planta permanente de la administración pública (un universo de algo más de 200 mil trabajadores) y se ofrece a los estatales que se anoten en la lista de retiros voluntarios el pago de 24 a 36 cuotas equivalentes al sueldo neto, manteniendo el beneficio de la obra social.

Según adelantó el portal La Política Online, que tuvo acceso al borrador del decreto, el nuevo régimen de retiros voluntarios ya estaba previsto en el artículo 109 de la ley 27.431 de presupuesto 2018. El proyecto es muy similar al presentado por la gobernadora Rosana Bertone para la administración pública de la provincia de Tierra del Fuego.

En el texto se establecen tres tipos de beneficios, dependiendo de la edad y de la antigüedad en el cargo: 1) para los trabajadores con 65 años o más que no cuenten con los años de servicio para obtener la jubilación ordinaria se ofrecen 24 cuotas mensuales iguales “no remunerativas” equivalentes a su salario neto, 2) para los que tengan 60 años pero no alcancen la categoría anterior, se prevén hasta 36 cuotas mensuales no remunerativas equivalentes a su salario neto (siempre y cuando no se superen las 12 cuotas una vez cumplidos los 65 años) y 3) para los menores de 60 años se establece un resarcimiento al momento de la desvinculación de hasta 6 cuotas en función de la antigüedad y luego de entre 6 y 24 cuotas mensuales, equivalentes al 70% de su salario neto. Los que tengan 10 o más años de antigüedad recibirán la suma de 6 cuotas al momento del retiro y luego 24 cuotas mensuales, los de entre 8 y 10 años cuatro cuotas al irse y luego 16 cuotas,  los de 6 a 8 años 3 y 12 respectivamente, los de 4 a 6 años dos y ocho cuotas y los de 2 a 4 años no tendrán un pago al momento del retiro y cobrarán seis cuotas mensuales.

Los empleados que accedan al beneficio no podrán volver al Estado por cinco años ni ser reemplazados y su adhesión al régimen podrá ser rechazada por si se considera que su retiro podría afectar al servicio público. Queda excluido el personal de las Fuerzas Armadas (en actividad o retirado), de las Fuerzas de Seguridad, de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), docentes, profesionales de la salud, servicio exterior o científico técnico. También se excluirá a los procesados por delitos contra la administración y personal sumariado o trabajadores con reclamos administrativos o demandas a la administración.

Según el borrador del proyecto, se invitará también a adherir al régimen a las empresas del Estado. Según informa LPO, desde el Gobierno afirmaron que el objetivo central del proyecto no tiene que ver tanto con un ahorro económico como con la “adecuación” de las estructuras estatales. “El ahorro de dinero no es el criterio de esta decisión. Lo que queremos es facilitar la adecuación de las plantas del Estado en el marco del planeamiento de dotaciones”.