Se desarrollan los alegatos de parte en el TOF de Paraná.

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El fiscal general del Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, José Ignacio Candioti, pidió 12 años de prisión para el médico Miguel Torrealday; y 9 para los médicos David Vainstub y Jorge Rossi. El planteo se concretó este miércoles, cuando reclamó la inhabilitación de ejercicio profesional mientras dure la pena. Para el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Torrealday fue partícipe necesario del delito de supresión del Estado Civil de dos menores de edad, en concurso ideal con la sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años. En el alegato -según observó ANALISIS DIGITAL Candioti indicó que los delitos concurren en forma real en los dos casos. En tanto, a Vainstub y Rossi los consideró partícipes secundarios. Por su parte, la querella consideró a los tres médicos como coautores de los delitos y solicitó una pena de 15 años de prisión. En cuanto a la defensa, sólo alegó el abogado de David Vainstub, Miguel Cullen, quien pidió la absolución de su defendido. El juicio oral por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar se viene desarrollando hace un mes y medio y se investiga la desaparición del hermano mellizo de Sabrina Gullino. Ambos hijos de Raquel Negro y Tucho Valenzuela, nacidos en cautiverio, fueron ingresados como “Soledad López” y “NN López” al Instituto Privado de Pediatría (IPP).Por JCB de ANÁLISIS DIGITAL

juan_cruz_butvilofsky@hotmail.com

En una extensa jornada que duró más de siete horas, comenzaron a desarrollarse los alegatos del juicio que investiga la responsabilidad penal de los tres médicos propietarios del IPP.

El primer turno fue para los alegatos de la fiscalía a cargo de Candioti y Carlos García Escalada. Los fiscales se extendieron en un plazo de alrededor de dos horas para argumentar sus acusaciones. Candioti puntualizó, entre otras cuestiones, en la «coordinación» que hubo entre el Hospital Militar y los médicos del IPP para la comisión del delito. «Luego del parto clandestino se coordinó directamente del Hospital Militar al IPP para el traslado de los bebés. Esto ya lo decía la sentencia de la causa Hospital Militar, sobre la coordinación directa entre Zacarías y los propietarios del IPP. De esta coordinación directa también habló (la enfermera del Hospital Militar) Alicia Caminos de Baratero, que fue bastante gráfica al decir que fue un médico del IPP a retirar en ambulancia a los bebés», expresó el representante del MPF.

«Sabemos que esa coordinación directa posibilitó el ingreso irregular de los mellizos al IPP el 4 y el 10 de marzo de 1978. Pero no solamente el ingreso fue irregular, sino que también la permanencia fue irregular ya que transcurrió alejado de sus familiares. El chico permaneció como NN a diferencia del resto de los bebés. Además de estos dos tramos, se da también lo relativo al egreso clandestino de los bebés. Los dos bebés salen el mismo día y los médicos autorizan el egreso administrativo, las altas médicas y los bebés son entregados a personas extrañas a su familia. A la bebé la dejan por la noche en el orfanato de Rosario y la deja la patota de (Pascual) Guerrieri, quienes tenían secuestrada a Raquel Negro», amplió Candioti.

El fiscal también se refirió al encuentro que tuvo Torrealday con Gullino en 2013, en el marco de una reunión solicitada por Gullino y que se desarrolló en la sede del IPP: «Quiero hacer referencia a las palabras de Torrealday para con Sabrina. ‘Esa es la cunita donde vos estuviste’, le dijo Torrealday a Sabrina», haciendo énfasis en la certidumbre del médico sobre la estadía de Sabrina Gullino cuando era bebé en el IPP. Además, hizo referencia a un segundo dicho de Torrealday a Gullino y Sebastián Álvarez: «Vinieron pagaron y a ustedes se lo llevaron». «Esto lo dijo en presencia de los otros médicos y esto hace referencia al conocimiento de los médicos del IPP», destacó. Además, aseguró que esto se confirma con los testimonios de las dos ex enfermeras del IPP, Imelda Princic y Stella Maris Cuatrín.

Candioti se preocupó en destacar: «Acá no hubo un accionar culposo o negligente de los médicos, acá hubo un accionar doloso, actuaron con total conocimiento y predisposición para colaborar con los militares». En esa línea, destacó que «de acuerdo a la prueba documental y testimonial esta fiscalía tiene absolutamente acreditado la responsabilidad de los tres imputados en la comisión de los delitos de lesa humanidad».

Respecto al libro de producción sobre el cual se basó parte de la prueba del juicio, Candioti aseguró que «hay 2628 ingresos de pacientes en todo el libro ¿Saben cuántos casos hay de ingresos anotados como NN? Uno solo». Además, aseguró que en este juicio no se estaba buscando probar la estadía de los bebés en el IPP ya que «el ingreso y egreso están probados en la sentencia (de la causa) Hospital Militar y en la confirmación de la Cámara Federal de Apelaciones en la cual se confirmó el procesamiento de Torrealday -y posteriormente- la segunda resolución que dispone el procesamiento de Vainstub y Rossi por partícipes secundarios».

Además, se basó en el acta de la inspección ocular y el relato de diversas testigos para ratificar las pequeñas dimensiones de la sala de neonatología del IPP, lo que hace difícil creer que los médicos propietarios no hayan sabido de la estadía de los mellizos Valenzuela Negro.

El fiscal citó varios testimonios que hicieron su aporte durante la causa. Se tratan de enfermeras del Hospital Militar -que han sido clave en la reconstrucción de la historia-, los médicos del Hopistal Militar, enfermeras del IPP, madres que tuvieron pacientes internados en el IPP durante el mes de marzo del 78, de profesionales médicos que atestiguaron y por último el de la propia Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez, ambos hermanos del mellizo varón que aún permanece desaparecido.

Puntualizó en relatos como el de Princic en el cual la ex enfermera del IPP aseguró que fue «Torrealday el que ingresó con el bebé» a la sala de neonatología.

Luego, citó a Sebastián Álvarez cuando se refirió al encuentro con Torrealday y los otros médicos en el IPP: «Dijo que ‘salimos de la reunión pensando que nos habían ocultado algo, salimos pensando que eran cómplices'». Luego, Candioti tomó como suyas las palabras de Álvarez y amplió: «No conocían los aspectos administrativos, no conocían los aspectos financieros, no conocían la parte médica y sin embargo eran los propietarios del IPP, es algo absurdo».

«Eran profesionales de la salud, responsables a cargo del IPP y tuvieron a dos bebés alejados de su familia sin darle el parte médico a nadie, era un lugar reducido, lógicamente estaban en contacto con los bebés, no solamente hicieron esto sino que no hicieron nada para dar con sus familiares, porque no intentaron dar con el padre, con los abuelos, con los tíos, porque no tomaron una medida siquiera para dar con su entorno familiar. No hicieron presentación alguna ante una autoridad, no dieron aviso a un juez de menores de la situación, prestaron una enorme colaboración con los delitos de lesa humanidad. La permanencia en el IPP fue irregular y clandestina. Actuaron con total conocimiento de los hechos», aseguró.

Por su parte, García Escalada hizo un análisis técnico de la pena solicitada y explicó el carácter del delito continuado: «Es un delito que se seguirá cometiendo hasta que el estado anti-jurídico deje de cometerse. El delito cometido en perjuicio del hermano mellizo varón se sigue cometiendo hasta hoy», expresó.

«El MPF tiene por acreditado que no se advierte la presencia de ninguna causal de justificación en la conducta de ninguno de los tres imputados. La fiscalía acreditó que no han actuado bajo error de prohibición, que no obraron bajo coacción ni obediencia debida, que le era exigible adecuar su conducta a la norma. Ellos eligieron violar la norma libremente, nadie los obligó, se podían negar a cometer actos ilícitos. El Tribunal de Paraná aseguró esto de que se podían negar a cometer ilícitos cuando se trataba de agentes de las fuerzas de seguridad, mucho más podrían haberlo hecho los civiles», destacó Candioti.

Luego de solicitar la pena, el representante del MPF aseguró: «El daño se sigue produciendo, se sigue materializando, porque Sabrina sigue buscando a su hermano», alegó el fiscal Candioti frente a los médicos acusados por su accionar con los bebés desde el Hospital Militar de Paraná, donde nacieron y el IPP, donde fueron alojados por pocos días. «Los imputados actuaron sobre seguro contra víctimas indefensas, dos bebés que no podían hacer nada para terminar con esa situación y con su madre secuestrada en el Hospital Militar», reclamó luego.

La querella hizo un alegato de tres horas

Luego llegó el turno de la querella. Las cinco representaciones de la acusación privada expusieron sus argumentos durante tres horas. Contextualizaron y explicaron de manera pormenorizada los delitos del Terrorismo de Estado enmarcados en un plan sistemático de represión que incluyó el robo de bebés en el marco de lo que los militares llamaron la guerra contra la subversión, pero que en realidad fue «el segundo genocidio» de nuestro país.

Marcelo Boeykens, representante de Sabrina Gullino en la causa, aseguró que «aún estamos esperanzados de que el melli sea el nieto recuperado 129». «Siempre tuvimos el norte de Sabrina que es el de la búsqueda de su hermano», amplió. El abogado relató todos los intentos frustrados de dar con el paradero del mellizo varón y como ante cada posibilidad se instrumentaron las medidas necesarias para corroborar la certeza -o no- de los datos.

«Desde el 2015 al 2018 desde el Registro Único de la Verdad (RUV), Abuelas e HIJOS se han receptado 142 legados sobre presentaciones espontáneas. Esos legajos luego de realizarse las investigaciones pertinentes derivan en investigaciones en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y si están dadas las condiciones, se hace la corriente comparación de los ADN. En estos años se hicieron 30 extracciones de sangre en el RUV con la presencia de la CONADI, ningún caso fue positivo», lamentó Boeykens.

Luego y ya con un tono más vehemente, el abogado de Gullino miró al juez López Arango y aseguró: «Señor juez, es hora de que los imputados nos digan a quien le entregaron al mellizo varón. Cada vez que encontramos un resultado negativo, una no noticia, allí el Melli vuelve a desaparecer. Es hora de que rompan el silencio, la hora es ahora, antes de la condena, incluso puede influir en la mensuración de la pena».

A Boeykens le siguió Irene Esquivel, quien relató el marco normativo que le imponía a los médicos otro tipo de conductas ante los hechos que se investigan: «Los médicos del IPP incumplieron el deber y lo siguen incumpliendo ante el mantenimiento del silencio. Los mellis no sólo fueron arrancados de la tutela de sus padres, sino que además de sus parientes inmediatos.
Había una serie de instituciones a las que los médicos debían concurrir para salvaguardar a los mellis y no lo hicieron».

Destacó las dos reuniones que mantuvo Torrealday: en primer lugar con Estela de Carloto durante el año 2000 y luego, el encuentro con Gullino y Álvarez del 2013.

«En el 2000 Estela de Carlotto llega a Paraná para la presentación de la película Botín de Guerra. Previo a esto Torrealday manifestó su interés de contactarse con Estela para entregarle información. Se concretó la reunión y en ese marco, Torrealday le muestra el libro de producción del instituto y le entrega una copia a Estela. A partir de los datos de Guerrieri l y Hospital Militar que dan cuenta del trayecto de los mellizos, es que se logra recuperar la identidad de Sabrina. Ella comenzó a seguir las líneas de investigación para dar con el paradero de su hermano mellizo.
Durante el desarrollo del juicio de Hospital Militar, (los médicos del IPP) resultaron ser sospechosos. Estaba el mismo imputado (Daniel) Amelong preguntándose donde estaba el mellizo», expresó la abogada.

Luego, utilizó los dichos de Torrealday a Gullino y Álvarez en aquel encuentro de 2013: «Sabrina se comunica con Torrealday para dialogar sobre los datos aportados a través del libro o cualquier otro dato que pueda aportar. Torrealday le concede la reunión, Abuelas manda al profesional Taricco para que asista también. La idea era hacerlo fuera del IPP, pero Torrealday los invitó al IPP y los hizo pasar a una sala donde estaban los cuatro socios del IPP. Esto fue una clara reafirmación de la manipulación ejercida por Torrealday y sus socios en contra de la búsqueda de la verdad. Sebastián Álvarez había explicado que la idea era hablar uno por uno y no en conjunto».

«Otra situación cínica de Torrealday fue la insistencia de que Sabrina observe la incubadora donde ella había estado, se daba el juego de te ayudo y no te ayudo, Torrealday le confirmó con esto a Sabrina la estadía en el IPP. Negaron rotundamente tener conocimiento sobre que decía el libro y sobre la situación administrativa del lugar. Sebastián dijo que claramente se notaba una intención de deslindar responsabilidades con la empleada administrativa (Laura Marizza). Se dialogó sobre la ambulancia, los médicos negaron que la tenían pero Sabrina les exhibe la promoción en El Diario donde se mencionaba que si había ambulancia y ahí no supieron que decir. Dijeron desconocer quien había pagado la internación e incluso si se pagó. Se habló sobre la diferencia de tiempos entre un ingreso y otro, sobre las historias clínicas y sobre quien se llevó al mellizo. Pero los médicos dijeron lo que vienen diciendo lo mismo que en estos cuarenta años, no saben, no dicen. Se limitaron a decir que ‘los mismos que lo trajeron’. ‘Tu hermanito salió de acá vivito y coleando’, le dijo Torrealday a Sabrina. ‘Nos dieron todas las señales de que nuestro hermano estaba vivo’, dijo Sebastián», aseguró Esquivel.

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