En la cartera de Producción y Trabajo explicaron que el foco estará puesto en los ítems “blanqueo” y “litigiosidad”, lo que también abrió la puerta a la eventual inclusión del capítulo relacionado con la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias (Agnet), un mecanismo pensado para salvaguardar a obras sociales y prepagas de los juicios iniciados por sus afiliados en reclamo de prestaciones no previstas. Con la posible incorporación de ese ítem el debate podría contar con un aval al menos implícito de la CGT, interesada tanto como las empresas de medicina privada en la implementación de ese cepo judicial mediante un consejo de notables que deberá dictaminar sobre la viabilidad de los reclamos.

Lo central, sin embargo, será para el Gobierno avanzar con el perdón para los empresarios. En el texto original enviado al Congreso el proyecto un período de un año para el blanqueo: los primeros seis meses sin costo para el empleador, y los restantes con un descuento del 70% de las penalidades previstas en la legislación para casos de irregularidades en la inscripción. Otro postulado clave de este capítulo es la extinción de la acción penal y la exención de cualquier multa administrativa que pudiese pesar contra el empleador por la contratación informal.

Para los trabajadores “exteriorizados” el texto prevé reconocerles 60 meses de aportes previsionales (5 años) en una suerte de moratoria. El apartado del blanqueo también preveía una reducción de los aportes y contribuciones patronales aunque en parte ese rubro fue atendido por el Ejecutivo en la sanción de la reforma tributaria. Tampoco está previsto reanudar la discusión por los cambios en la ley de Contrato de Trabajo (LCT) que habían causado, en la negociación original con la CGT, el quiebre definitivo entre el Gobierno y Hugo Moyano. Aquella fricción terminó por alejar al camionero de la jefatura de la central y alentó la creación del Frente Sindical por el Modelo Nacional que lo tiene como eje junto a otros gremios disidentes.

Desde aquella ruptura, además, la conducción de la CGT terminó por radicalizar su postura e incluyó en todos sus pronunciamientos un rechazo tajante a cualquier intento del Gobierno por reiniciar la discusión relacionada con la legislación laboral. Días atrás, de hecho, el cotitular de la central Héctor Daer advirtió que en lugar de avanzar sobre esa problemática el Ejecutivo debía llamar de nuevo al Consejo del Salario para actualizar el piso de ingreso con un ajuste extra al 25% resuelto en agosto pasado. El planteo fue validado por el Consejo Directivo de la CGT pero hasta esta semana no tuvo respuesta formal.

La expectativa de Sica y de la administración de Mauricio Macri en general es intentar un éxito legislativo a caballo de las aristas menos conflictivas del proyecto de ley. Sin los capítulos de pasantías y de cambios en la LCT los funcionarios esperan de mínima la inacción del peronismo y de la CGT a cambio de otorgarle a los gremios la garantía judicial para sus obras sociales.

Ámbito.com