Los imputados en la causa contratos legislativos fueron enviados nuevamente a la cárcel.

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Los imputados en la causa de los contratos legislativos truchos fueron derivados desde sus respectivos viviendas en Paraná hasta el pabellón especial en la Unidad Penal 1 de Paraná, tras la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien había resuelto en las últimas horas del 2018 revocar la prisión domiciliaria bajo la condición de que el Servicio Penitenciario genere un espacio. La medida se terminó de concretar antes del mediodía y por ende ahora estarán separados de quienes se encuentran condenados en el sistema carcelario. De este modo, tras la resolución firmada por el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, el cuñado del exgobernador Juan Pablo Aguilera, Gustavo Pérez, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure, se encuentran en la cárcel, según confirmó ANÁLISIS DIGITAL. Alejandro Almada ya estaba preso en ese sector. Sergio Cardoso y Flavia Beckman seguirán con domiciliaria.
Cada uno de los imputados en la causa de los contratos legislativos truchos -a excepción de Alejandro Almada, que ya estaba detenido y Sergio Cardoso, que sigue con domiciliaria, al igual que Flavia Beckman- tuvieron que retornar a la cárcel de Paraná antes del mediodía. Entre las 10 y las 13 el cuñado del exgobernador Juan Pablo Aguilera, Gustavo Pérez, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure fueron buscados en sus respectivos domicilios y derivados a la Unidad Penal 1 de la capital entrerriana, según confirmó ANALISIS DIGITAL. Lejos quedaron de aquel abrazo efusivo y emocionado del anochecer del 24 de diciembre, cuando el juez de Garantías 4, Mauricio Mayer, los benefició inexplicablemente, cuando no era el magistrado natural de la causa para resolver tal instancia y de esa manera contradijo la disposición que había adoptado su par Marina Barbagelata.

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos informó ayer a la Justicia que ya habia plazas en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná para alojar a los imputados en el marco de la causa de los contratos truchos de la Legislatura, que según el Ministerio Público Fiscal le produjo un perjuicio al Estado del orden de los $2.000 millones. De ese modo se dio cumplimiento a la orden emanada por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que en las últimas horas de 2018 revocó la prisión domiciliaria a la que habían accedido el lunes 24 de diciembre, Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri y secretario del bloque del Senado del PJ; Gustavo Pérez, director del servicio Administrativo Contable del Senado; y los “recaudadores”, Hugo Mena, Esteban Scialócomo, Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure. En dicha resolución, la Sala Penal, no obstante, había establecido que todos los imputados seguirían con la prisión domiciliaria con tobillera electrónica “hasta que el Servicio Penitenciario comunique al juez de grado la efectiva disponibilidad del lugar específico de alojamiento en la Unidad Penal N°1”, publicó Entre Ríos Ahora.

Cabe recordar que quienes continuarán con prisión domiciliaria son Flavia Beckman y Sergio Cardoso, director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados. En tanto, el domingo 30 de diciembre, la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata rechazó un recurso de reposición que presentaron los defensores de Alejandro Almada, funcionario del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados. De ese modo, no hizo lugar al pedido de prisión preventiva en la modalidad domiciliaria, y en función de eso lo envió a que cumpla esa medida, por un plazo de 90 días, a la Unidad Penal N° 1.

El 23 de diciembre, la Sala Penal, en voto dividido, decidió acoger favorablemente sendos recursos de habeas corpus presentados por las defensas de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, secretario de bloque de senadores del PJ, y de Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, a quienes la Justicia le dictó prisión preventiva por 90 días en el marco de la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura.

La decisión de enviarlos a la Unidad Penal N° 1, resuelto por la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata el sábado 15 de diciembre, fue impuesta con una condición sine qua non: que los dos imputados fueran alojados en un pabellón separado de los reos que cumplen condena efectiva en el Servicio Penitenciario. Los defensores Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli advirtieron enseguida que las condiciones de separación de procesados y condenados no se cumplía en la cárcel, y por eso presentaron un recurso de hábeas corpus ante el juez de Garantías Mauricio Mayer, que lo rechazó in limine.

Los defensores fueron en apelación ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones, pero el vocal Gustavo Pimentel confirmó lo resuelto por Mayer. En ese marco, los abogados acudieron ante la Sala Penal, que con los votos de los vocales Claudia Mizawak y Daniel Carubia acogió favorablemente el planteo, y ordenó devolver las actuaciones al juez Mayer, para que tramite el habeas corpus. En su voto, Mizawak destacó la existencia de “un flagrante agravamiento de las condiciones en que se dispuso que Aguilera cumpliera su detención preventiva, lo que suscita un agravio constitucional y convencional que debe ser remediado”.

El lunes 24, el juez Mayer no sólo acogió favorablemente el habeas corpus, sino que dispuso la prisión domiciliaria de Aguilera y de Pérez, y extendió la medida hacia los otros detenidos en unidades penales del resto de los implicados, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure. Esa decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal,y el caso volvió a la Sala Penal del STJ. En un duro planteo, la Fiscalía observó que la disposición de Mayer “no es ajustada a derecho en tanto implica una extralimitación funcional que invade la competencia exclusiva de los jueces naturales, de instancia y apelación, de la causa en la que se dispusieron las prisiones preventivas”. Finalmente, la Sala Penal revocó las prisiones domiciliarias. Y los imputados volvieron a la cárcel.

Análisis digital