La resonante causa judicial conocida como «narcomunicipio», llega por primera vez a los Tribunales de Comodoro Py, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El expediente que investiga los presuntos vínculos entre Daniel Celis y el intendente de Paraná, Sergio Varisco, así como con el concejal Pablo Hernández y la exsecretaria de Seguridad y policía, Griselda Bordeira, será analizado en el corazón de la Justicia federal, en función del reclamo de excarcelación de uno de los imputados.
La gravedad del delito que se atribuye (el comercio de drogas con recursos de la comuna) fue uno de los argumentos de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná para rechazar el pedido de libertad efectuado por Alan Viola, a través de su defensor Juan Pablo Temón. Este aspecto, entre otros, será analizado ahora por la Cámara Federal de Casación Penal al momento de resolver sobre el recurso presentado.
Como informó UNO hace tres semanas, los camaristas de Paraná Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren rechazaron la apelación a la prisión preventiva, al fundamentar que Viola está detenido con preventiva desde el 4 de junio de 2018, por lo que el plazo no se ha excedido, es aún «razonable», y que en caso de ser condenado podría recibir una pena de prisión efectiva, por lo cual se incrementaría el peligro de fuga.
Entre los argumentos del defensor para pedir la libertad de Viola, con los que a su vez insistirá ahora en Comodoro Py, planteó que se estaría violando la presunción de inocencia y que Viola siempre tuvo conducta procesal, por lo que no existiría riesgo a los fines del proceso. Dijo que el imputado posee arraigo, domicilio constituido en el cual convive con su esposa e hijos, y posee bienes registrales. Además, ofreció caución real de 50.000 pesos, y en cuanto a la posibilidad de que pueda influir en los testigos, Temón sostuvo que la mayoría son funcionarios públicos y que el Estado cuenta con innumerables recursos para resguardar su integridad, por lo cual pidió la liberación del acusado.
Por otro lado, los camaristas de Paraná habían sostenido el rechazo «más aún teniendo en cuenta la especial gravedad del ilícito que se le atribuye, vinculado al financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes en concurso ideal con el delito de peculado, lo cual es un parámetro que no puede desatenderse y abona el riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación y del proceso».
Y otro aspecto valorado en la sentencia de apelación, era «el estado de avance de las actuaciones respecto de lo cual no puede soslayarse que la eventual influencia que pudiera ejercer el imputado sobre los testigos que restan declarar en la instancia de debate y la posible intervención de terceras personas dada la magnitud de la causa se presenta como un elemento que abona el riesgo de frustración del proceso penal».
Próximamente, en el plazo de un mes, la Cámara Federal de Casación Penal citará a una audiencia para que tanto el defensor como el representante del Ministerio Público Fiscal (organismo acusatorio que se había opuesto a la excarcelación) ampliarán sus fundamentos, para luego aguardar por la resolución del órgano de revisión de fallos.
La causa tiene dictamen de la Fiscalía para ser enviada a juicio, en el cual 12 procesados serán juzgados por el comercio de estupefacientes, cada cual con su rol. A Viola le endilgan ser un colaborador de mucha confianza de Celis, según lo constatado en escuchas telefónicas y otras evidencias de la investigación.
