Se pospuso hasta junio el juicio en la causa por torturas ocurridas en el convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá
El juicio para determinar responsabilidades por la presunta privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de dos religiosas en el convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá que estaba previsto comenzar el próximo 12 de marzo se suspendió hasta junio debido a problemas de salud de la única imputada en la causa, la ex superiora Luisa Toledo, pudo saber.
La causa se abrió el 25 de agosto de 2016 tras la investigación periodística de la Revista ANÁLISIS, e investiga las denuncias de dos ex religiosas sobre aplicación de tormentos y privación de la libertad en el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá. La monja que durante más de dos décadas dirigió el monasterio fue apartada de su rol de Madre Superiora del convento por el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, ni bien salió a la luz la perversidad del accionar en el interior del convento.
La Oficina Judicial había fijado para los días 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 y 27 de marzo, y 5 y 15 de abril de 2019 las audiencias de debate, en el legajo que tiene como única imputada a la monja Luisa Toledo.
Cabe recordar que al poco tiempo de conocerse el caso fue apartada de su rol de Madre Superiora del convento por el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari. El caso se inició tras una denuncia de la Revista ANÁLISIS donde se describió la perversidad del accionar en el interior del convento.
Luisa Toledo, que durante más de dos décadas dirigió el monasterio, quedó involucrada en una serie de denuncias que hicieron dos exreligiosas y que la acusan de torturas, privación de la libertad y ejercicio déspota de la autoridad.
El caso caratulado “Toledo Luis s/Privación ilegítima de la libertad”, atravesó un momento de zozobra cuando los defensores Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, plantearon una cuestión de competencia, que finalmente fue zanjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso que la Justicia entrerriana es competente para entender en el caso.