Si bien quiere evitar repetir la experiencia del kirchnerismo, prepara un esquema de 350 inspectores y un mecanismo de multas en caso de incumplimiento.

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En principio, el Gobierno anunció que la canasta de 64 productos básicos estará desde este lunes en la calle, pero les dará una semana de tiempo a los supermercados para aceitar la implementación del programa hasta el lunes 29. Luego, los incumplimientos podrían sufrir multas de hasta 200 millones de pesos. Además, hará una apuesta fuerte al decreto de lealtad comercial, que tendrá como objetivo la regulación de la competencia desleal a través de mecanismos eficaces de sanción, actualización de las normas que regulan la identificación de mercaderías y la ampliación de las facultades de la Secretaría de Comercio Interior para sancionar actos de competencia desleal (hoy solo se tienen en cuenta problemas vinculados con el etiquetado y la publicidad engañosa).
“¿Usarán la ley de abastecimiento?”, se lo consultó al secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner, el miércoles pasado en un encuentro con periodistas. No fue una pregunta casual. Ese mismo día, por la mañana, el Gobierno había lanzado un acuerdo que congelaba por 180 días los precios de una canasta de alimentos básicos. Pero además, unas semanas atrás, el propio ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica , había recordado en un encuentro con abogados porteños que esa polémica normativa usada por Guillermo Moreno -a la que describió como “bomba atómica”- seguía aún vigente.

Werner descartó que la vieja reglamentación que se le aplicó, entre otros, al ex-CEO de Shell y exministro de Energía Juan José Aranguren en tiempos de Cristina Kirchner fuera una herramienta útil. A contramano, el control de la inflación -según explicitó el Gobierno- no puede depender del programa Precios Cuidados creado por Axel Kicillof y menos del de Productos Esenciales diagramado por Sica. Para el oficialismo, la suba de precios es un problema monetario de raíz fiscal y, junto con el FMI, se lo estaría atacando.

Sin embargo, la coyuntura apremia, sobre todo en un año de elecciones y cuando la inflación aparece como el principal problema para los votantes. Vale recordar que la suba de precios del primer trimestre fue de 11,8 por ciento, el mismo porcentaje de aumento de las jubilaciones.

En ese contexto, el Gobierno optó por congelar una canasta básica hasta noviembre e impulsar el consumo (red de descuentos y créditos baratos de la Anses). Pero, si no hay ley de abastecimiento, ¿con qué herramientas contará el Gobierno para controlar que los precios se mantengan, que el abastecimiento de productos sea fluido y que la señalización de Productos Esenciales sea visible en los supermercados?

En principio, el Gobierno anunció que la canasta de 64 productos básicos estará desde pasado mañana en la calle, pero les dará una semana de tiempo a los supermercados para aceitar la implementación del programa hasta el lunes 29. Luego, los incumplimientos podrían sufrir multas de hasta 200 millones de pesos, consignó el diario La Nación.

Los controles estarán a cargo de la Secretaría de Comercio Interior, que conduce Werner, quien les pidió a las organizaciones de defensa del consumidor -según dijo- ayuda para alertar por faltantes o subas de precios no pactadas en los “acuerdos voluntarios, pero de cumplimiento obligatorio”. La cartera de Werner cuenta con 350 inspectores para controlar los 2415 puntos de venta de Precios Cuidados (programa que incluye Productos Esenciales).

La ley a aplicar -dicen en el Gobierno- se basará en los cambios en la norma de lealtad comercial (ley 22.802) que se firmó el miércoles y que el Gobierno publicaría pasado mañana. “Ese cambio será una señal importante”, dijo Werner. Entre las modificaciones prevé “proteger al comerciante y empresario pyme”, pero también “mejorar la competitividad de las empresas a través de la sanción de las prácticas desleales”.

Los ejes del decreto que prepara el Gobierno buscarán: la regulación de la competencia desleal a través de mecanismos eficaces de sanción, actualización de las normas que regulan la identificación de mercaderías y la ampliación de las facultades de la Secretaría de Comercio Interior para sancionar actos de competencia desleal (hoy solo se tienen en cuenta problemas vinculados con el etiquetado y la publicidad engañosa).

La nueva norma definiría la competencia desleal como “aquellas acciones u omisiones realizadas por medios indebidos que resulten aptas para afectar la posición competitiva de una persona o el adecuado funcionamiento del proceso competitivo”, informaron en Comercio Interior, publicó La Nación.

Explicaron que se sanciona la competencia mediante el incumplimiento de las normas (informalidad), la explotación de la situación de dependencia económica de proveedores y la fijación de precios por debajo del costo de producción, entre otras conductas desleales. Comercio Interior será autoridad de aplicación. Se crean acciones judiciales (medidas cautelares) para los afectados por actos de competencia desleal y se actualiza el monto de multas, que van entre uno y diez millones de unidades móviles (suman parámetros para graduar las multas). Antes, el monto máximo de una multa era de cinco millones de unidades móviles.

Según Comercio Interior, los típicos actos de competencia desleal son el de competir en incumplimiento de las normas legales obteniendo una ventaja económica, abusar de la situación de dependencia económica de un proveedor, vender por debajo del costo, realizar publicidad comparativa en forma indebida o divulgar secretos empresariales.

La modificación de la ley de lealtad comercial permitirá además sumar nuevos mecanismos de identificación digital de mercaderías (código QR) y buscará modificar el procedimiento administrativo vigente para hacerlo más ágil y efectivo.

Por otro lado, el Gobierno también prevé usar la nueva ley de defensa de la competencia (su autoridad se está integrando por concurso) y piensa en modificar la ley de defensa del consumidor (26.993) para poder resolver conflictos también de manera virtual, a través de lo que se llamaría el Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos.