El laico consagrado Juan Aveiro fue condenado a nueve años de prisión en un acuerdo de juicio abreviado

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El hermano Juan, como le dicen al laico consagrado Juan Aveiro, buscaba siempre el momento justo. Aprovechaba los momentos en que las personas con retrasos madurativos estaban a su cargo para abusar sexualmente de ellas en el Cottolengo Don Orione de General Lago, a 20 kilómetros de Rosario.

El religioso fue condenado a nueve años de prisión en un acuerdo de juicio abreviado que homologó el juez Héctor Núñez Cartelle, tras una investigación de la fiscal Nora Marull, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, quien imputó a Aveiro de “hechos de abuso sexual hacia personas con diferentes grados de retrasos madurativos”.

La condena se centró en los delitos de “abuso sexual simple agravado y abuso sexual gravemente ultrajante agravado (en ambos casos por haber sido cometido por la persona encargada de la guarda de las víctimas), abuso sexual con acceso carnal, tenencia de material pornográfico infantil, ofrecimiento y facilitamiento de pornografía infantil”.
De acuerdo a la investigación que se llevó adelante en la justicia de Rosario, donde se tomaron decenas de testimonios, no se pudo determinar la cantidad de personas con discapacidad que fueron abusadas por el religioso, aunque sí se logró establecer la temporalidad. Fueron ocho años, desde 2010 hasta 2018. Además del abuso carnal al que el religioso sometía a las personas también las grababa y sacaba fotos. Por eso fue imputado como facilitador de pornografía infantil, publicó el diario La Nación.

Fue una sorpresa en este ámbito religioso educativo cuando se quebraron los secretos que apuntaban a que este laico abusaba de los alumnos con algún grado de discapacidad, que no podían denunciarlo. Aveiro, de 35 años, era profesor de catequesis en la entidad benefactora.

La pena fue acordada en un procedimiento abreviado homologado por el juez Héctor Núñez Cartelle en la sala 4 de la Oficina de Gestión Judicial del Centro de Justicia Penal de Rosario.

Según la investigación, una empleada del lugar, cuyo testimonio fue incorporado a la causa, aseguró: “Yo estoy muy cerca de donde él trabaja y yo lo he visto que estaba manoseando a otro chico”. La mujer denunció ante la fiscal que “al chico que yo vi que manoseó es un chico que no se sabe defender y no se sabe expresar”.

El mismo Cottolengo tomó cartas en el asunto desde el primer momento y sus autoridades se pusieron a disposición de la investigación, y hasta tomaron sus propias medidas. Cuando el aberrante hecho trascendió las paredes y los secretos de la institución religiosa a fines del año pasado se aplicó el “protocolo para denuncias sobre abuso sexual de menores o de personas vulnerables, que involucren a un miembro de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, en la Provincia Nuestra Señora de la Guardia”. Estas normas indican los pasos que deben darse en el marco de la ley para actuar ante denuncias de esta naturaleza, consignó La Nación.
Una de las primeras medidas que se adoptaron, por disposición de la autoridad religiosa competente, fue el inmediato traslado del religioso en cuestión, de manera preventiva, para facilitar la investigación. En un comunicado emitido semanas antes de la imputación del detenido, la institución indicó que “dos religiosos, designados a tal efecto por el Superior Provincial, iniciaron la investigación canónica preliminar, en la sede del Cottolengo.