El Gobierno cerró esta tarde la primera etapa del canje de la deuda con un bajo nivel de adhesión de los acreedores externos, en una operación cuyos detalles se conocerán en las próximas horas.

 

A las 18 se terminó el período fijado por la oferta que presentó el Ministerio de Economía en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés), sin que apareciera una propuesta alternativa por parte de los fondos de inversión, como lo había solicitado el ministro Martín Guzmán.

 

Se espera una comunicación oficial, en las próximas horas, sin porcentajes, que tal vez se den a conocer durante el fin de semana.

 

La única cifra que trascendió es que ingresó el 70% de los tenedores de deuda en la Argentina a través de La Caja de Valores, equivalente a unos 5000 millones de dólares, menos del 10% de la deuda elegible. Resta saber qué porcentaje se agregó en el exterior, aunque los analistas afirmaron que posiblemente hayan ingresado los argentinos que tenían sus títulos registrados fuera del país, por una suma similar a la que adhirió en territorio local.

 

Si la cifra final quedó lejos de las mayorías que necesita el Gobierno para cambiar los bonos, Economía puede optar por hacer el canje la semana próxima pero no evitará un default y negociará desde una posición de debilidad frente a todos los grandes inversores, que no entraron al canje y que, desde hace varias semanas, rechazaron esta oferta.

 

Si, en cambio, el resultado final sorprende y se ubicara arriba del 40%, Economía podría sentarse en la mesa virtual de las negociaciones con más respaldo para llegar a un acuerdo equilibrado.

 

En cualquier caso, sin llegar a los porcentajes mínimos establecidos por las cláusulas de acción colectiva (CAC), el país se enfrentará a la posibilidad de caer en default el 22 de mayo si no paga los 590 millones de dólares que vencen ese día y el resto de los vencimientos en moneda extranjera de este año.

 

Eso provocará que las calificadoras de riesgo pongan al Gobierno, a las provincias y a las empresas privadas en categoría de default y, por lo tanto, o se encarezca o se corte el financiamiento, lo cual forzará a una mayor emisión monetaria en un marco de fragilidad financiera.

 

Sin embargo, en términos técnicos las posiciones no están tan lejos como para que, si ambas partes cambiaran su postura, no se pueda llegar a un acuerdo en los próximos meses. Lo que pretenden los acreedores es un menor período de gracia, un mayor cupón desde que termine ese plazo y un reconocimiento de los intereses devengados, a través de otro título público.

 

Estos cambios, afirman los acreedores, no cambiarán la capacidad de repago del país y le permitirán una capacidad de recuperación más rápida una vez que termine la pandemia del coronavirus, tal vez sin la posibilidad de volver al mercado voluntario en el corto plazo, pero con más oxígeno para que el sector privado se levante.

 

En cambio, el Gobierno afirma que solo mejorará la oferta si se pone sobre la mesa una propuesta sustentable, que sea lógica en el contexto de la fuerte recesión que experimenta la economía global y en la que, como afirmó Guzmán, los bonistas entiendan que deben ganar menos. De hecho, los bonistas comenzaron la negociación aceptando una quita del 50% al entender el concepto de que el país debe tener espacio para crecer, pero creen que la oferta original estuvo mal diseñada y no deja espacio para ser aceptada.

 

En este sentido, lo más irritante para los acreedores es que el Gobierno no ofrezca pagar ni un solo dólar antes del próximo mandato presidencial, bajo supuestos de superávit fiscal muy modestos, y que pretenda que se acepten esos parámetros, que no fueron convalidados ni siquiera por el Congreso Nacional.