Carolina Castagno resolvió dictar un cuarto intermedio hasta este jueves a las 10 de la mañana. Recién entonces se conocerá la resolución del Tribunal de Juicio y Apelaciones que podrá disponer del desalojo de la estancia Casa Nueva o convalidar lo actuado por el juez subrogante de La Paz, Raúl Flores.

Este miércoles se desarrolló la audiencia, en el salón principal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en donde Castagno escuchó a los fiscales Oscar Sobko y Mónica Carmona; los abogados de Dolores Etchevehere, Lisandro Mobilia y Daniela Verón; y el abogado Rubén Pagliotto en representación de Luis Miguel y Juan Diego Etchevehere y su madre Leonor Barbero Marcial.

Los fiscales empezaron con sus alegatos que duraron aproximadamente una hora. Los representantes del MPF aseguraron que Flores «se extralimitó en sus funciones» y que lo resuelto condicionó próximas acciones de los fiscales a no dejar alternativa que archivar la causa y sobreseer a los acusados sin que se haya siquiera imputado a los mismos.

Sobko aseguró que el MPF cuenta con «una alta probabilidad de que estos elementos nos dan una verosimilitud de hecho y de derecho de que se ha perturbado la posesión que tenía la empresa Las Margaritas SA sobre la estancia Casa Nueva». Expresó que no hay «una certeza que te da una sentencia» pero si que cuentan con pruebas que permiten establecer una probable comisión de un delito.

Citaron el acuerdo privado del 31 de agosto del 2018, en donde Dolores y sus hermanos acordaron la cesión de las acciones de Las Margaritas SA a cambio de la entrega de dinero y dos porciones de campo, entre las cuales se encuentran 129 hectareas del campo Casa Nueva. Pero para los fiscales, ese acuerdo no se concretó en el ámbito del juicio sucesorio en el Juzgado Civil N°7 a cargo de Martín Furman.

Por esto, los derechos de Dolores Etchevehere son limitados a las decisiones del directorio de la empresa familiar y aseguraron que en caso de que la mujer decida utilizar su porción del campo debía contar  con una “autorización del máximo órgano de gobierno de una sociedad anónima que es la asamblea de accionistas”.

El MPF considera que la denunciante actuó con certidumbre respecto a que ella no tenía derechos de acceder al campo a pesar de ser considerada hereditaria. Es decir, que de su accionar se desprende la posible comisión del delito de usurpación. “Si ella quiere ocupar alguna parte del campo, exclusivamente para ella, por ser accionista debe hacerlo por medio de la asamblea de la sociedad. Eso nunca lo obtuvo y sin embargo, son los medios de hecho que utilizó para ingresar al campo Casa Nueva”, expresó Sobko.

Los argumentos de Pagliotto

Posteriormente fue el abogado de Las Margaritas SA, Rubén Pagliotto, el que expuso durante dos horas sus argumentaciones para apelar la decisión primaria de Flores sino que se dedicó a explicar cuestiones vinculadas a la cuestión de fondo que es materia del juicio sucesorio. Afirmó que Dolores Etchevehere «no tenía ningún derecho sobre la empresa».

El abogado aseguró que la hermana del exministro de Agroindustria de la Nación actuó en «clandestinidad» al sortear los mecanismos de control de la propiedad del directorio de la empresa. «Desde el 2009 el dominio y las decisiones respectivas al campo Casa Nueva eran de Las Margaritas SA a través de su administrador Juan Diego Etchevehere», explicó.

“El campo fue y es de Las Margaritas SA y no de Luis Félix Etchevehere  y lo que estaba en su patrimonio y, en consecuencia, era parte de la herencia eran las acciones de la sociedad anónima de las cuales Dolores se escindió en persona y mediante acta notarial ante la presidenta de la misma, su madre Leonor Barbero Marcial”, aseveró.

También Pagliotto apuntó contra Flores y su rechazo a la cautelar: “Es la primera vez en mi vida como abogado que veo que el juez va acompañando el desarrollo de un delito”. Se refirió a la audiencia de conciliación que convocó el pasado domingo en donde realizó una propuesta a la que Pagliotto calificó como «un consejo de abuelo bueno» pero que no tenía nada que ver con su correcto accionar.

“El juez se confundió, dijo que la verosimilitud del derecho pasa por demostrar el tipo penal. La verosimilitud del derecho tiene que ver con el derecho de demostrar con cierta aproximación, que es razonable entender que durante muchísimos años y más allá de las cuestiones documentales, era de público y notorio conocimiento que quienes detentaron tenencia y posesión ininterrumpida y pacíficamente fue siempre Las Margaritas SA, no Luis Félix Etchevehere, no Leonor Barbero Marcial ni Dolores Etchevehere antes de ceder sus acciones de la empresa”, dijo.

Defendió la propiedad privada y criticó lo resuelto por Flores: «“Los jueces tienen la sagrada misión de tres cosas: de hacer respetar la Constitución Nacional, de consolidar la vigencia normativa y fundamentalmente garantizar la paz social. El derecho de propiedad es una de las condiciones capitales de la sociedad humana”.

La defensa de Dolores respaldó la resolución de Flores

Al finalizar,  le tocó el turno a los abogados defensores de Dolores Etchevehere. Mobilia y Verón aseguraron que su defendida es víctima extorsión y violencia de género por parte de sus hermanos y la consideraron «una víctima» a pesar de llegar a esta instancia como posible autora de un delito.

Mobilia fue el que tomó la palabra y cargó duramente contra Pagliotto, a quien acusó de referirse a temas que no tenían que ver con la audiencia de apelación y si con la cuestión de fondo. Aseguraron que el juicio sucesorio de Luis Félix Etchevehere no ha finalizado y que debe resolverse en el Juzgado Civil N°7 de Paraná a cargo de Martín Furman.

“Entendemos que no está dada la verosimiltud que prevé el artículo 75 del Código Procesal Penal de Entre Ríos (CPPER) para adoptar una medida excepcional de este tipo”, exprsaron respecto al pedido de desalojo amparado en dicho artículo, tal como solicitaron los acusadores. “Flores resolvió sobre el desalojo con los elementos que tenía en ese momento” y defendió que haya convocado a una audiencia de conciliación: “Nosotros, teniendo un fallo favorable no sólo nos presentamos sino que hicimos una propuesta porque Dolores nunca negó los derechos de sus hermanos”.

En esa línea, solicitó que no se haga lugar a la medida cautelar presentada por la acusación.

Mobilia también criticó al MPF y aseguró que “entró a discutir la cuestión de fondo por fuera de sus competencias”. “Desde un primer momento, la fiscalía desconoció prueba documental aportada por esta parte. Ellos citan el acuerdo del 2018, pero desconocen el marco de una denuncia penal por presunta extorsión y un acta notarial, firmada un mes antes del acuerdo citado, que da cuenta de esto”.

“No es materia de esta audiencia pero debo responder respecto al juicio sucesorio. No quedan dudas que Dolores Etchevehere está en una propiedad del acervo hereditario de su padre. No tenemos dudas de que hubo la correspondiente declaratoria de herederos, pero si tenemos dudas respecto a cuántos y cuáles son los bienes, cuánto valen, quiénes lo administran, quiénes lo poseen y quiénes tienen la tenencia”, explicó.

Ratificaron que «no hubo delito» en el acto de acceder al campo Casa Nueva junto a 40 militantes del Proyecto Artigas y que en dicho ingreso no medió ni violencia ni engaño como asegura la acusación: «Ella se presentó como heredera ¿acaso dijo algo que no es? El mismo fiscal aseguró que no medió violencia sobre las cosas al ingresar al predio y solo citó testigos que aseguraron que se sintieron intimidados por la cantidad de personas que acompañaban a Dolores. Está claro que la cantidad de personas no es materia de intimidación sino la actitud de las mismas», explicó.

Volvió a respaldar el accionar del juez que ocupó el Juzgado de Garantías de La Paz hasta el domingo pasado y le solicitaron a Castagno que rechace las apelaciones: «Acá lo que hay es una disconformidad de una de las partes, pero no he visto ningún agravio que sostenga con pruebas el fallo del juzgado de Garantías de La Paz”.

Por Juan Cruz Butvilofsky

De ANÁLISIS