La Justicia condenó este viernes a Matías Vargas, miembro de la iglesia Testigos de Jehová, de Santa Elena, a la pena de 12 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado y corrupción de menores; en tanto que en el caso del otro acusado, Vito Luciano Panza, si bien fue hallado también responsable, deberá intervenir la Justicia Penal de Menores por cuanto al momento de los hechos no había cumplido la mayoría de edad.

“Al momento de los hechos era menor punible, lo han declarado responsable, pero la determinación de la pena que le cabe deberá resolverlo el juez Penal de Menores”, explicó a Entre Ríos Ahora el fiscal Facundo Barbosa, que tuvo a su cargo la acusación. Respecto de Vargas, el tribunal encontró como agravante al momento de aplicarle la pena su calidad de “siervo ministerial” dentro del culto, que a juicio del fiscal es un antecedente para futuros casos.

“Se tuvo en cuenta, como lo señalamos nosotros en los alegatos de clausura que la interpretación de ese agravante tiene que realizarse de manera normativa. Es decir, atendiendo no ya el nombre que tiene la persona sino a las responsabilidades al interior de determinada asociación o congregación religiosa”, explicó. “Se ha demostrado en el juicio que sirvo ministerial no era meramente un ayudante, un `che, pibe´, que hacía tareas mecánicas, sino una persona considerada muy responsable de lo que pasaba dentro de la congregación”, apuntó.

En el juicio, la Fiscalía pidió que a Vargas, en función del riesgo potencial de fuga, se le aplique prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, pero el tribunal -conformado por María Carolina Castagno, Elvio Garzón y Gustavo Pimentel- rechazó la petición por lo que seguirá en libertad.

El juicio se desarrolló el 10, 11 y 12 de marzo, en los Tribunales de La Paz. Los acusados llegaron al banquillo imputados por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores. Cuando el caso se elevó a juicio, el fiscal Facundo Barbosa adelantó pedidos de pena de 18 años de cárcel para Vargas y 15 para Panza. En tanto, la abogada Valeria Burkhard solicitaba 20 años para ambos.

Sin embargo, el pedido de pena cambió durante el juicio. El fiscal pidió 16 años de prisión para Vargas y que Panza sea sometido a un proceso penal para adolescentes punibles, puesto que al momento de cometer el delito habría tenido 16 años. Burkhard mantuvo el pedido de 20 años respecto de Vargas y se plegó al pedido fiscal en cuanto a Panza.

Por su parte, el abogado Roberto Alsina, defensor de los acusados, pidió la prescripción de los delitos respecto de Vargas y sostuvo que Panza era menor no punible, y puso en duda que al momento de los hechos haya tenido 16 años.

Un dato saliente durante el juicio fue la falta de colaboración de la cúpula de los Testigos de Jehová de la ciudad del norte entrerriano. La postura fue igual a la que tuvieron durante el proceso de investigación. El jueves 11, tres Ancianos, autoridades del Templo santaelenense, evitaron responder algunas preguntas puntuales ante el Tribunal. Lo hicieron amparándose en el artículo Nº 289 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, que contempla que puedan abstenerse de declarar sobre hechos “secretos” que hubieran conocido los “ministros de un culto admitido”. Las autoridades que eligieron el silencio son Lucas Pedernera, Pablo Paunera y Aldo Córdoba.

La causa se abrió en 2017, cuando B., entonces de 18 años, escrachó en Facebook a Vargas y Panza. En el posteo los acusó de abusadores de menores. El escrito motivó la intervención de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Santa Elena, que brindó contención a la joven y a su prima, que también denunció abusos. Ambas ratificaron sus dichos en el ámbito judicial, donde relataron que los hechos se dieron cuando tenían entre 8 y 11 años.

Vargas, el mayor de los acusados, demandó por calumnias e injurias a B., pero el caso no prosperó. Así lo dispuso el 6 de junio de 2017 la jueza de Garantías y Transición de La Paz, Silvina Cufré de Millán. La demanda no prosperó.