Según las imputaciones de la Justicia Federal, con un sistema aceitado y actuando con total impunidad, una banda del Sur entrerriano pescaba a gran escala en zonas prohibidas del río Uruguay y el Río de la Plata; luego vendía miles de kilos de las especies ictícolas a uruguayos a precio dólar. Hasta que hace dos meses y medio, luego de una investigación del Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo del juez Hernán Viri, la Prefectura desbarató la actividad y detuvo a cuatro personas. El procesamiento de los acusados por contrabando ahora fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

La causa surgió a partir de otra investigación por contrabando, en 2019, en la cual se advertía, en escuchas telefónicas, la actividad que se estaba desarrollando en el Sur provincial. Se trata de Leonardo Fabián C., un bonaerense oriundo de La Matanza, radicado en Gualeguaychú, que se dedicaría a la pesca comercial y al acopio de pescado; su hijo Sergio Gabriel C., pescador de la Segunda Sección Chacras, de Gualeguay; Walter Manuel C., empleado de una fábrica de lanchas, de Gualeguay; y Maricel S., de Gualeguaychú.

Los acusan de haber “realizado diferentes actos de comercialización de pescado y ‘fernet’ con ciudadanos de la República Oriental del Uruguay”, entre noviembre de 2019 y el día de los allanamientos, el 5 de marzo pasado, consignó el diario Uno de Paraná.

El juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, autorizó a la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura de esa localidad iniciar la pesquisa, que incluyó nuevas interceptaciones a las líneas de los sospechosos. Luego de casi dos años y medio, pudieron establecer que la presunta organización delictiva estaría conformada por Leonardo C. como jefe; Maricel S. como encargada del manejo del dinero, cambio y pagos; Walter C. como empleado/pescador y encargado de efectuar el contrabando de cajas de fernet en el río Uruguay; y Sergio C., quien se encargaría de la pesca y posterior venta sin control ni permiso al vecino país. Así, ingresaban los dólares obtenidos a la República Argentina sin control alguno.

El día de los allanamientos fueron detenidos, y dos semanas después fueron procesados con prisión preventiva por el delito de Contrabando de exportación triplemente calificado por el número de personas, por tratarse de elementos que pudieran afectar la salud pública y por el valor de la mercadería.

 

Con viento en popa

 

El juez le endilgó a Leonardo C. ser el encargado de la pesca, posterior entrega de los pescados en Uruguay y percepción de dólares. Refirió que en las escuchas quedó claro el modus operandi de la banda, con los recaudos que adoptaban para no ser descubiertos por la Prefectura. Por ejemplo, un tal “Perrín” le preguntó: “No te jode la prefectura ¿no?”; el acusado le respondió: “No, allá no porque es un desierto el río, es tan ancho. Si hay un guardacostas que viene, lo ves de lejos por el canal y bueno marchás… pones en marcha y nos vamos para adentro, o sea como si vas para la costa uruguaya y… no, ni bola”.

En una conversación de Leonardo C. con otra persona, el imputado menciona a la totalidad de kilos que vendería semanalmente de forma ilegal: 16.000 kilos. Un dato de la pesquisa apuntaba que cobraban unos 400 dólares la tonelada. Por lo que habrían ganado 6.400 dólares semanales y 25.600 dólares al mes, según esta estimación.

A su hijo Sergio, al igual que a Walter C., los procesaron como los encargados de la pesca y entrega de forma clandestina de pescado y fernet, por pasos no habilitados a la República Oriental del Uruguay.

Se destacó una conversación entablada entre él y un tal “Alberto”, donde estarían acordando la cantidad y precio de la botella de ‘fernet’. El imputado le solicitó a quien sería su proveedor, un total de 100 cajas, de 12 unidades cada una.

“Yo estoy acá en el lavadero ahora, porque capaz me haga un viajecito de ‘fernet’ ahora de sesenta cajas y después marche para allá ¿viste?”, le dijo el joven al interlocutor.

 

Críticas

 

Al momento de la apelación, el abogado defensor de los imputados, José Ostolaza, cuestionó varios puntos del procesamiento. Por un lado, dijo que los acusados son de condición humilde y trabajadora, que lo que tienen es producto del esfuerzo de la pesca, actividad que desarrollan desde hace muchos años.

Por otro lado, sostuvo que en este caso el delito no sería el contrabando, ya que los ríos Uruguay y de la Plata no serían territorio aduanero, por lo que cabría otro tipo de regulación.

También remarcó inexactitudes sobre los supuestos lugares de acopio de la mercadería, al tiempo que cuestionó las medidas cautelares de encierro de los acusados.

El fiscal general Ricardo Álvarez rechazó estos planteos y pidió confirmar el procesamiento y la prisión preventiva para todos.

 

Un negocio de “magnitud”

 

Los camaristas Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren confirmaron por completo la resolución del juez Viri. Entre las pruebas que valoraron, destacaron el testimonio del inspector de la Dirección General de Fiscalización de Entre Ríos (dependiente del Ministerio de Producción y Turismo), Silvio Marcelo Arenas, quien refirió que una de sus tareas es controlar la aplicación de la Ley de Pesca (extracción, comercialización y los días en que se practica esta actividad), y que por ello conoce a Leonardo C., ya que figuraba en los registros como acopiador, destacó el diario Uno de Paraná.

Sostuvo que esta inscripción “le permitiría acopiar determinada cantidad de kilos de pescado para luego ser entregado a los frigoríficos de la provincia de Entre Ríos, pero que ello de ninguna manera le permitiría vender o exportar pescado a otro país, ya que ello solo lo pueden hacer ciertos frigoríficos autorizados a tal fin, inscriptos en el SENASA”.

Esto demostraría que los acusados actuaban al margen de las reglamentaciones vigentes, con el objetivo que había quedado plasmado en las escuchas.

También citaron la declaración testimonial del coordinador Regional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Dirección Regional Entre Ríos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Néstor José Micheloud. El funcionario sostuvo que en cuanto a la exportación de pescado de río (sábalo) intervienen cuatro organismos (Dirección de Recursos Naturales de la provincia, Senasa, la Subsecretaría de Pesca dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; y la Aduana). Y que su rol era fiscalizar la mercadería a exportar. “Esta documentación acompaña los alimentos hasta el destino final, ya sea mercado interno o mercado externo”, concluyó Micheloud.

Nada de esto se encontró en la investigación, por lo que les sería difícil a los acusados explicar que su actividad era lícita.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná sostuvo que “debe considerarse en el presente que la magnitud de la mercadería que presuntamente era exportada al Uruguay y la forma estratégica del transporte, da cuenta de que existe un cierto grado organizacional que supone la probable intervención de otros sujetos”, al fundamentar los riesgos de la investigación en caso de que los acusados sean excarcelados.

De esta manera, al confirmarse los procesamientos, los cuatro acusados quedaron más cerca del juicio. Aunque todavía quedarían medidas por tomarse en la causa, la situación de los imputados quedó más comprometida que antes, y no se descarta que haya otros que los acompañen al debate.

Según las imputaciones de la Justicia Federal, con un sistema aceitado y actuando con total impunidad, una banda del Sur entrerriano pescaba a gran escala en zonas prohibidas del río Uruguay y el Río de la Plata; luego vendía miles de kilos de las especies ictícolas a uruguayos a precio dólar. Hasta que hace dos meses y medio, luego de una investigación del Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo del juez Hernán Viri, la Prefectura desbarató la actividad y detuvo a cuatro personas. El procesamiento de los acusados por contrabando ahora fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

La causa surgió a partir de otra investigación por contrabando, en 2019, en la cual se advertía, en escuchas telefónicas, la actividad que se estaba desarrollando en el Sur provincial. Se trata de Leonardo Fabián C., un bonaerense oriundo de La Matanza, radicado en Gualeguaychú, que se dedicaría a la pesca comercial y al acopio de pescado; su hijo Sergio Gabriel C., pescador de la Segunda Sección Chacras, de Gualeguay; Walter Manuel C., empleado de una fábrica de lanchas, de Gualeguay; y Maricel S., de Gualeguaychú.

Los acusan de haber “realizado diferentes actos de comercialización de pescado y ‘fernet’ con ciudadanos de la República Oriental del Uruguay”, entre noviembre de 2019 y el día de los allanamientos, el 5 de marzo pasado, consignó el diario Uno de Paraná.

El juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, autorizó a la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura de esa localidad iniciar la pesquisa, que incluyó nuevas interceptaciones a las líneas de los sospechosos. Luego de casi dos años y medio, pudieron establecer que la presunta organización delictiva estaría conformada por Leonardo C. como jefe; Maricel S. como encargada del manejo del dinero, cambio y pagos; Walter C. como empleado/pescador y encargado de efectuar el contrabando de cajas de fernet en el río Uruguay; y Sergio C., quien se encargaría de la pesca y posterior venta sin control ni permiso al vecino país. Así, ingresaban los dólares obtenidos a la República Argentina sin control alguno.

El día de los allanamientos fueron detenidos, y dos semanas después fueron procesados con prisión preventiva por el delito de Contrabando de exportación triplemente calificado por el número de personas, por tratarse de elementos que pudieran afectar la salud pública y por el valor de la mercadería.

 

Con viento en popa

 

El juez le endilgó a Leonardo C. ser el encargado de la pesca, posterior entrega de los pescados en Uruguay y percepción de dólares. Refirió que en las escuchas quedó claro el modus operandi de la banda, con los recaudos que adoptaban para no ser descubiertos por la Prefectura. Por ejemplo, un tal “Perrín” le preguntó: “No te jode la prefectura ¿no?”; el acusado le respondió: “No, allá no porque es un desierto el río, es tan ancho. Si hay un guardacostas que viene, lo ves de lejos por el canal y bueno marchás… pones en marcha y nos vamos para adentro, o sea como si vas para la costa uruguaya y… no, ni bola”.

En una conversación de Leonardo C. con otra persona, el imputado menciona a la totalidad de kilos que vendería semanalmente de forma ilegal: 16.000 kilos. Un dato de la pesquisa apuntaba que cobraban unos 400 dólares la tonelada. Por lo que habrían ganado 6.400 dólares semanales y 25.600 dólares al mes, según esta estimación.

A su hijo Sergio, al igual que a Walter C., los procesaron como los encargados de la pesca y entrega de forma clandestina de pescado y fernet, por pasos no habilitados a la República Oriental del Uruguay.

Se destacó una conversación entablada entre él y un tal “Alberto”, donde estarían acordando la cantidad y precio de la botella de ‘fernet’. El imputado le solicitó a quien sería su proveedor, un total de 100 cajas, de 12 unidades cada una.

“Yo estoy acá en el lavadero ahora, porque capaz me haga un viajecito de ‘fernet’ ahora de sesenta cajas y después marche para allá ¿viste?”, le dijo el joven al interlocutor.

 

Críticas

 

Al momento de la apelación, el abogado defensor de los imputados, José Ostolaza, cuestionó varios puntos del procesamiento. Por un lado, dijo que los acusados son de condición humilde y trabajadora, que lo que tienen es producto del esfuerzo de la pesca, actividad que desarrollan desde hace muchos años.

Por otro lado, sostuvo que en este caso el delito no sería el contrabando, ya que los ríos Uruguay y de la Plata no serían territorio aduanero, por lo que cabría otro tipo de regulación.

También remarcó inexactitudes sobre los supuestos lugares de acopio de la mercadería, al tiempo que cuestionó las medidas cautelares de encierro de los acusados.

El fiscal general Ricardo Álvarez rechazó estos planteos y pidió confirmar el procesamiento y la prisión preventiva para todos.

 

Un negocio de “magnitud”

 

Los camaristas Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren confirmaron por completo la resolución del juez Viri. Entre las pruebas que valoraron, destacaron el testimonio del inspector de la Dirección General de Fiscalización de Entre Ríos (dependiente del Ministerio de Producción y Turismo), Silvio Marcelo Arenas, quien refirió que una de sus tareas es controlar la aplicación de la Ley de Pesca (extracción, comercialización y los días en que se practica esta actividad), y que por ello conoce a Leonardo C., ya que figuraba en los registros como acopiador, destacó el diario Uno de Paraná.

Sostuvo que esta inscripción “le permitiría acopiar determinada cantidad de kilos de pescado para luego ser entregado a los frigoríficos de la provincia de Entre Ríos, pero que ello de ninguna manera le permitiría vender o exportar pescado a otro país, ya que ello solo lo pueden hacer ciertos frigoríficos autorizados a tal fin, inscriptos en el SENASA”.

Esto demostraría que los acusados actuaban al margen de las reglamentaciones vigentes, con el objetivo que había quedado plasmado en las escuchas.

También citaron la declaración testimonial del coordinador Regional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Dirección Regional Entre Ríos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Néstor José Micheloud. El funcionario sostuvo que en cuanto a la exportación de pescado de río (sábalo) intervienen cuatro organismos (Dirección de Recursos Naturales de la provincia, Senasa, la Subsecretaría de Pesca dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; y la Aduana). Y que su rol era fiscalizar la mercadería a exportar. “Esta documentación acompaña los alimentos hasta el destino final, ya sea mercado interno o mercado externo”, concluyó Micheloud.

Nada de esto se encontró en la investigación, por lo que les sería difícil a los acusados explicar que su actividad era lícita.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná sostuvo que “debe considerarse en el presente que la magnitud de la mercadería que presuntamente era exportada al Uruguay y la forma estratégica del transporte, da cuenta de que existe un cierto grado organizacional que supone la probable intervención de otros sujetos”, al fundamentar los riesgos de la investigación en caso de que los acusados sean excarcelados.

De esta manera, al confirmarse los procesamientos, los cuatro acusados quedaron más cerca del juicio. Aunque todavía quedarían medidas por tomarse en la causa, la situación de los imputados quedó más comprometida que antes, y no se descarta que haya otros que los acompañen al debate.