Se supone que los Ministerios Públicos, tanto el de la defensa como el de la acusación son autónomos y a la vez partes del Poder Judicial. Que compartan edificios, por tanto, nunca pareció extraño sino consecuencia de la lógica pertenencia común.

Pero todo indica que esa lógica se rompió, aunque no para ambos Ministerios Públicos.

Este lunes trascendió el asombro que ocasionó a un fiscal de Colón ver ingresar a su despacho a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, para comunicarle una mala noticia: que a partir del 1° de febrero de 2023, cuando la actividad en Tribunales se retome luego de la feria, debería mudarse y abandonar el espacio que ocupa. La decisión acababa de ser resuelta en el acuerdo del STJ del miércoles 23 de noviembre, que tuvo lugar ese día en Colón.

Colón no es la única ciudad donde la Fiscalía debe desalojar. En verdad, el STJ está decidido a “limpiar” los tribunales de Entre Ríos de toda presencia fiscal, y, como para hacer el asunto aún más enojoso, reutilizar algunos de los espacios ganados en beneficio del Ministerio Público de la Defensa.

La comunicación formal del plan de desalojos abarca hasta 2024 y llegó al escritorio del procurador General Jorge Amílcar García, durante el primer día de septiembre de 2022. Algunos de sus colaboradores cuentan que García reaccionó con incredulidad u optimismo tal vez, suponiendo que del anuncio al hecho habría un extenso y quizá interminable trecho.

En aquella notificación de Susana Medina, presidenta del STJ, se le hacía saber a García que había sido formalmente aprobado un plan elaborado por la Dirección de Arquitectura Judicial del STJ que incluía “el retiro de las dependencias de los Ministerios Públicos de los edificios del Superior Tribunal de Justicia en las distintas jurisdicciones de la provincia”.

Así dicho, parece que el “desalojo” afectará por igual tanto a defensores oficiales como a fiscales. Pero en el plan de Arquitectura Judicial queda claro que no es tan así. Sólo en el caso de Colón se insinúa también el “retiro de las dependencias del MPD”. En todas las demás localidades, el desalojado es al MPF exclusivamente: Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Villaguay, Gualeguay, Victoria, Tala, Feliciano, Diamante, Chajarí, Gualeguaychú y Villa Paranacito.

Pero además, en la mayoría de las ciudades, el espacio que se “liberaría” con el desalojo de los fiscales, sería aprovechado para instalar las Cámara Gesell, que dependen del Ministerio Público de la Defensa. Así está proyectado para Feliciano, Concordia, Villaguay, Chajarí, Gualeguay, Victoria, Diamante, Colón, Tala y Villa Paranacito.

De dónde saldrán los recursos para reubicar a los fiscales

Según el artículo 207 de la Constitución de Entre Ríos, “el Ministerio Público es un órgano autónomo en sus funciones, siendo parte integrante del Poder Judicial” y “se compone de dos ramas independientes entre sí, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, presididas por el Procurador General y el Defensor General respectivamente, y se integra por los funcionarios y empleados que se establezcan, respecto a los cuales les compete el ejercicio de la superintendencia”.

El mismo artículo precisa que cada rama “designa y remueve su personal, propone y ejecuta su presupuesto”.

Obvio que, tanto para el funcionamiento del STJ como para el de ambos Ministerios Públicos Fiscales, los fondos son aportados por el Estado provincial, surgidos de los impuestos que abona la ciudadanía.

Ergo, si en razón de este plan de desalojos, los Fiscales deben salir a buscar edificios donde funcionar, lo que “ahorrará” el STJ se tendrá que gastar en alquileres para el MPF. Como fuere, los bolsillos afectados serán siempre los mismos.

Está claro que la Procuración se verá en la necesidad de salir a pedir más dinero al Estado, una gestión que sin dudas deberá hacer tanto ante el Ministerio de Economía provincial como ante la Legislatura.