Tucumán: pidieron penas de prisión perpetua y de entre 4 y 14 años para los acusados del homicidio de Luis Espinoza
En total son 10 las personas imputadas, de las cuales, nueve son policías. El hecho ocurrió el 15 de mayo de 2020 cuando se encontraba vigente el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por la pandemia del COVID-19.
El fiscal federal Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa solicitaron condenas de prisión perpetua para cuatro policías de la provincia de Tucumán acusados del homicidio agravado de Luis Espinoza y de la privación ilegítima de la libertad agravada de su hermano, Juan Antonio Espinoza.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, los fiscales requirieron además penas de entre 4 y 14 años de prisión efectiva para otros cinco integrantes de la misma fuerza y para un civil, a quienes acusaron de haber participado en ambos hechos, así como en su encubrimiento posterior.
En el juicio, que comenzó el 24 de octubre del año pasado, se debate la responsabilidad de los 10 acusados de los hechos ocurridos el 15 de mayo de 2020 cuando se encontraba vigente el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por la pandemia del COVID-19.
Los policías de la Comisaría de Monteagudo habían acudido a la localidad de Melcho supuestamente a dispersar una carrera “cuadrera” de caballos, cuya existencia no pudo comprobarse. De acuerdo con la fiscalía, el operativo estuvo caracterizado por irregularidades, con participación de agentes vestidos de civil, en autos particulares y armados.
En la acusación se sostuvo que los efectivos ingresaron al pueblo haciendo disparos y, luego de una serie de persecuciones, al menos cuatro de ellos efectuaron disparos letales.
Una bala ingresó por la espalda de Luis Espinoza y le quitó la vida: su cuerpo apareció siete días después en la zona conocida como “Banderita”, en la provincia de Catamarca, a metros del límite con Tucumán, en un barranco adonde había sido arrojado por cuatro de los acusados.
El juicio tiene diez imputados: el oficial auxiliar José Alberto Morales; los agentes Gerardo Esteban González Rojas y Carlos Lisandro Romano; la cabo primero Mirian Rosalba González y su colega José María Paz; el cabo Claudio Alfredo Zelaya; el sargento primero René Eduardo Ardiles; el subcomisario Rubén Héctor Montenegro; y el sargento Víctor Manuel Salinas. También está acusado el civil Héctor Villavicencio, quien se habría desempeñado como vigía comunal.
Para Morales, la fiscalía solicitó prisión perpetua, ya que lo considera autor material penalmente responsable del homicidio de Luis Espinoza, agravado por haber sido cometido abusando de sus funciones como policía y como coautor material penalmente responsable de la privación ilegítima de la libertad de Juan Antonio Espinoza, agravada por haber sido cometida en abuso de sus funciones, sin las formalidades prescriptas por la ley y con vejaciones y violencia.
La misma pena requirió para Montenegro, González Rojas y Zelaya, a quienes acusó por los mismos hechos y calificaciones que a Morales, pero por sus intervenciones en grado partícipes necesarios en el homicidio.
En tanto, los fiscales requirieron la pena de 14 años de prisión para Mirian Rosalba González, a quien acusó como partícipe secundaria en el homicidio agravado por haber sido cometido abusando de sus funciones como policía, y como coautora material de la privación ilegítima de la libertad de Juan Antonio Espinoza, agravada por haber sido cometida en abuso de sus funciones, sin las formalidades prescriptas por la ley y con vejaciones y violencia.
El fiscal Camuña solicitó que se mantengan las prisiones preventivas de los imputados por el plazo de nueve meses desde el dictado de la sentencia, o hasta la confirmación de la sentencia, y también pidió que se imponga a los condenados proporcionalmente la reparación integral a las víctimas en una suma indemnizatoria de 20 millones de pesos y que se disponga, a través del Estado provincial la puesta a disposición de las víctimas de la debida asistencia social y de salud que contribuyan a la reparación del daño ocasionado.
En su alegato, el fiscal Camuña calificó a los hechos como “un caso grave de violencia institucional porque en su centro hay una ejecución sumaria o arbitraria o extrajudicial realizada por policías de la provincia de Tucumán”.
Y destacó que los integrantes de la fuerza “abusando de sus funciones y sin demostrar un atisbo de humanidad, además de matar por la espalda a Espinoza, una persona indefensa, decidieron ocultar su cuerpo sin vida a las autoridades y a sus seres queridos, generando con ello un profundo daño en su familia y su entorno comunitario, además de una enorme conmoción social”.
En la reconstrucción de los hechos, Camuña y Doz Costa detallaron que también se produjo la privación ilegítima de la libertad al hermano de la víctima, Juan Antonio Espinoza, agravada por haber sido llevada a cabo por los mismos policías sin fundamento alguno, violentamente, con vejaciones y en abuso de sus funciones. Por último, los acusó de llevar a cabo una serie de acciones y omisiones con el objetivo de borrar las huellas y rastros de sus delitos.
El Tribunal Oral Federal está integrado los jueces Enrique Liljedahll, Jorge Basbus y Carlos Jiménez Montilla.
