El abogado que impulsa varias causas por mala praxis contra el médico Aníbal Lotocki insistió hoy con su detención y la de su esposa, María José Favarón, como “jefe” y “organizadora” de una asociación ilícita.

La nueva presentación penal sostiene que la mujer de Lotocki “tomaría el rol de organizadora, ya que se encuentra colocada en un rol preponderante, respecto al resto de los nombrados”.

“Ella es la segunda de Lotocki, sin la cual, no hubiera podido llevar adelante la empresa criminal”, subrayó el abogado Roberto Casorla Yalet.

El letrado representa en esta causa al ciudadano brasileño Eduardo Enrique Silva Fiuza, sobre quien –no obstante- no se especifica ningún otro dato sobre si es o fue víctima de algún accionar ilegal reprochado a Lotocki.

“Habida cuenta la pena en expectativa del delito denunciado, en la figura del jefe y de la organizadora, como así los procesos pendientes respecto de la persona de Lotocki, en particular la condena que pesa sobre este último, que impedirán aplicar cualquier instituto procesal alternativo a la prisión preventiva, solicito en el plazo que estime corresponder el Sr. Juez a cargo, se disponga de detención del aquí denunciado y de la Sra. María José Favarón”, reclama la denuncia.

“El desprecio por la vida, el fraude hacia las personas, y la falta de conciencia normativa, son los tres elementos comunes de esta asociación criminal”, insistió.

Además de Lotocki y su mujer, el escrito apunta a un grupo de colaboradores, identificados en el escrito como “Claudio Martínez, Oscar Herrera, Rubén Herrera, Fabricio Medina, Dina Molinas y Manuel Martos, como así también, quienes resulten responsables -a posteriori- del curso de la investigación– por haber formado parte de una asociación criminal”.

Todos están acusados por supuestas “maniobras defraudatorias consistente en colocar productos no autorizados en el cuerpo de personas, dentro del ámbito nacional e internacional”.

Ello ocurrió, según la denuncia, “inyectando químicos –biopolímeros industriales, cementos y/o siliconas liquidas- aprovechando y violando la confianza otorgada por su relación médico-paciente, informando y difundiendo –simuladamente- que se encontraban dentro de los permitidos por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales