Rogelio Frigerio

Imagen de archivo del gobernador Rogelio Frigerio.

El 11 de diciembre de 2023, cuando Rogelio Frigerio asumió como gobernador de Entre Ríos, no solo terminaba un ciclo político de veinte años de hegemonía peronista. También comenzaba un experimento: ¿podía un economista porteño, sin raíces entrerrianas evidentes, pero con apellido desarrollista, modernizar una provincia acostumbrada a ciertos códigos del poder? A dos años de aquella apuesta, la respuesta no es ni blanca ni negra. Es gris, matizada, contradictoria.

Frigerio recibió una provincia quebrada. Las cuentas en rojo, sin recursos para pagar los sueldos de diciembre, una deuda externa que representaba el 96% del total y un déficit previsional que sangraba las arcas provinciales. El contexto nacional agravaba el cuadro: Javier Milei asumía la presidencia con motosierra en mano, devaluación brutal, inflación galopante y un recorte feroz a las provincias. En ese escenario hostil, Frigerio debía gobernar.

Las luces

Lo primero que hizo fue ordenar. Redujo ministerios de diez a siete, eliminó la mitad de los cargos políticos, prohibió que funcionarios cobren más de un sueldo público, derogó las pensiones vitalicias. Publicó las declaraciones juradas y sueldos de su gabinete, estableció que nadie puede ganar más que el gobernador, eliminó los gastos reservados que durante décadas fueron caja negra del poder. En marzo de 2025 lanzó un Portal de Transparencia de Obras Públicas que permite seguir en tiempo real, con geolocalización, cada proyecto financiado con fondos públicos. No son medidas cosméticas. Representan un cambio cultural en una provincia acostumbrada a la opacidad.

El orden fiscal fue otro acierto innegable. Evitó la cesación de pagos, redujo el déficit previsional un 25% sin tocar el 82% móvil de los jubilados, comenzó a convertir deuda externa a pesos bajando su proporción del 96% al 88%. Aplicó un presupuesto base cero, obligando a cada área a justificar sus gastos desde la raíz. El resultado: una provincia que respiró después de años de ahogo financiero.

En obra pública, el Plan de Emergencia en Infraestructura Escolar fue un éxito rotundo. La meta inicial eran cincuenta escuelas intervenidas antes de fin de 2024. En octubre ya habían tocado setenta y dos. Duplicaron el objetivo: ciento cuatro establecimientos reparados, un promedio de una escuela cada dos días, con presupuesto que creció de 800 a 2.053 millones de pesos. El ministro Darío Schneider recorría las obras, mostraba fotos del antes y el después, generaba contenido para las redes. La gestión del relato funcionaba porque había gestión de verdad.

La relación con Milei le trajo algunos réditos concretos. Logró un aumento del 28% en la tarifa que paga CAMMESA por la energía de Salto Grande, lo que significa más excedentes para obras en la provincia. Consiguió que el dragado de la Hidrovía incluya el tramo Paraná Bravo-Paraná Guazú a treinta y cuatro pies, mejorando la salida productiva regional. Conformó una alianza electoral con La Libertad Avanza para las legislativas de octubre 2025, evitando la dispersión del voto opositor que beneficiaría al peronismo. El gobernador manejó con pragmatismo la relación con Casa Rosada: apoyo cuando convenía, reclamos por lo que no llegaba.

También hubo logros menores pero significativos. Regularizó más de trescientos trámites demorados del Programa de Electrificación Rural. Reformó el control de la minería: la recaudación por guías mineras pasó de 184 millones en 2023 a 3.106 millones en 2025, aumentó el valor de la guía de arena para fracking de 250 a 2.550 pesos por tonelada, digitalizó todo el sistema. Y tras un año turbulento con los docentes, cerró en marzo un acuerdo paritario anual para 2025 con actualización por IPC que proyecta paz social en las aulas. El secretario gremial de AGMER, Leandro Pozzi, fue claro: ‘Si el gobierno cumple lo firmado, no habrá paros provinciales por razones salariales’.

Hasta acá, una gestión que podría calificarse de sólida, ordenada, transparente. Pero la historia no termina ahí.

Las sombras

En diciembre de 2024, Frigerio intervino el IOSPER. Lo que vino después fue una batalla campal. El gobierno denunció sobreprecios millonarios: 1.800 millones de diferencia en la compra de medicamentos, sueldos de hasta 16 millones para directivos, una ‘industria del juicio’ donde funcionarios de la obra social impulsaban amparos por atrás y cobraban por adelante. Las cifras eran escandalosas. Pero la solución que propuso el gobernador generó un rechazo aún mayor.

El proyecto para crear OSER en reemplazo del IOSPER eliminaba la representación directa de los afiliados en el directorio, concentraba el poder en el Ejecutivo, reducía la cobertura al eliminar referencias a la familia, y habilitaba el fin del modelo solidario al no mencionar el aporte obligatorio. En mayo de 2025, más de quince mil personas marcharon a Casa de Gobierno con una sola consigna: ‘El IOSPER no se vende’. AGMER, AJER, ATE, toda la Intersindical unificada en contra. El oficialismo sancionó la ley igual, en tiempo récord: del Senado a Diputados en cinco semanas. Frigerio defendió la reforma en una entrevista televisiva con frases que quedaron: ‘Cada baldosa que se pisa en el IOSPER revela desidia y corrupción. La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos. No me van a amedrentar jamás’.

El problema es que la reforma de OSER dejó marcas profundas. Trabajadores denunciaron que desde la intervención aumentaron los coseguros, cayeron convenios con prestadores, se demoraron aprobaciones de medicamentos, llegaron funcionarios de Buenos Aires con sueldos millonarios y contratos en dólares con proveedoras no registradas en ATER. La oposición advirtió que el IOSPER había tenido superávit los cuatro años anteriores a 2024, que el déficit fue por devaluación e inflación de medicamentos, no por déficit estructural. Que el verdadero interés era el control político de la millonaria caja de recursos. Frigerio ganó la batalla legislativa, pero perdió la batalla de la opinión pública en este tema.

El año 2024 tampoco fue fácil con los docentes. Aunque 2025 proyecta paz social, el año anterior fue un campo de batalla: cinco días de paro provincial, seis ofertas salariales rechazadas, una conciliación obligatoria que fracasó, descuentos sistemáticos a los que paraban. En asambleas escolares hubo escenas de llanto y angustia cuando los maestros relataban que no llegaban a comprar alimentos ni medicamentos. El gobierno defendió su postura: la recaudación había caído un 25% en junio respecto al año anterior, no podían prometer lo que no tenían. Ofrecían sumas en negro que AGMER rechazaba por inconstitucionales. Recién en noviembre de 2024 lograron un acuerdo para el primer semestre de 2025, extendido luego a todo el año. Pero las cicatrices quedaron.

El peronismo tampoco le dio tregua. Gustavo Bordet, el exgobernador, salió en septiembre de 2025 con declaraciones filosas: ‘Entre Ríos está paralizada, con funcionarios que vienen a trabajar los martes de Buenos Aires y se van los jueves. Pasaron dos años, tienen que resolver problemas, no buscar excusas. Es todo maquillaje para las redes’. El diputado Juan José Bahillo fue más directo: ‘La gestión de Frigerio es mediocre. El indicador más contundente es la baja ejecución presupuestaria: no supera el 30% del presupuesto’. La cifra, si es cierta, desnuda una contradicción: mucho anuncio, poca concreción.

También están las zonas grises que tensionan con el discurso de transparencia. Frigerio declaró emergencias educativa y vial que le permiten contratar obra pública de manera directa, sin licitación. El argumento oficial es la urgencia. La crítica opositora advierte que esas herramientas abren la puerta a la discrecionalidad que él mismo prometió combatir.

La relación con Milei tampoco está exenta de sombras. Guillermo Francos prometió reactivar ciento cincuenta obras nacionales en Entre Ríos. No están en el presupuesto 2025. La provincia reclama 150 mil millones que la ANSES adeuda a la Caja de Jubilaciones entrerriana. No hay respuesta. El financiamiento federal para compensar el déficit previsional nunca se sostuvo más allá de entendimientos circunstanciales. Entre Ríos firmó convenios para hacerse cargo de solo cuatro obras nacionales paralizadas, una cifra menor comparada con otras provincias. La alianza electoral con La Libertad Avanza trajo algunos beneficios, pero la pregunta persiste: ¿hasta qué punto el alineamiento limita la capacidad de exigir?

El desafío que viene

Con el resultado favorable de las elecciones legislativas de octubre 2025, Frigerio enfrenta un examen crucial. Necesita demostrar que puede traducir anuncios en obras, que la transparencia no es solo un portal web sino una práctica consistente, que puede gobernar para todos los entrerrianos y no solo para los que lo votaron. El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, anticipó en noviembre: ‘Nos quedan dos años por delante que van a ser muy positivos y dinámicos, con respecto a mostrar una provincia distinta’.

La promesa es ambiciosa. Y la pregunta sigue abierta: ¿será Frigerio recordado como el gobernador que modernizó Entre Ríos después de dos décadas de peronismo, o quedará en la historia como un administrador prolijo que ordenó las cuentas, pero no supo construir un proyecto político propio? La respuesta la escribirán estos próximos dos años. Y, sobre todo, los entrerrianos en las urnas.