A 70 años de la gratuidad: el fin de la universidad elitista
Consultados por PáginaI12, especialistas en educación analizan el impacto social de la gratuidad de los estudios superior y las diferentes etapas que fue atravesando uno de los pilares —junto a los logros de la Reforma de 1918— de la universidad pública argentina.
El 22 de noviembre de 1949 el decreto 29.337 del presidente Juan Domingo Perón suspendió el cobro de los aranceles universitarios. A 70 años de ese hecho histórico, el carácter gratuito de la universidad pública se ha convertido en uno de los pilares del sistema educativo nacional. Como resultado de la sanción de la gratuidad, la matrícula estudiantil universitaria aumentó exponencialmente: mientras en 1945 había 47 mil estudiantes, para 1950 ya eran 80.445 y para 1955 eran 138.317. Recién con la dictadura militar iniciada en 1976 se generaría un retroceso en la inscripción de alumnos.
«La gratuidad, junto con la Reforma Universitaria de 1918, es la medida que sin lugar a dudas le ha dado al sistema universitario argentino su fisonomía original. El sostenimiento de 70 años de gratuidad universitaria han permitido la democratización del acceso a la educación superior de sectores muy amplios de jóvenes. Abrió la oportunidad para que hijos e hijas de las clases trabajadoras ingresen en la universidad», evaluó en diálogo con PáginaI12 Gabriela Diker, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).
Para Aritz Recalde, licenciado en Sociología y director de Posgrados de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la gratuidad adquirió implicancias sociales, políticas y económicas de largo alcance y fue, y sigue siendo, un rasgo fundamental de la cultura nacional. «A partir de la gratuidad, la universidad pasa a ser un medio de igualación de clases. Hasta ese momento era una institución elitista que otorgaba el monopolio del conocimiento y del poder que ello conlleva a una minoría selecta», señaló.
Recalde destacó que esa ampliación se vinculaba, bajo el primer peronismo, a los planes nacionales que postulaban metas de desarrollo industrial, con «el objetivo de generar pleno empleo a través de la formación de recursos humanos». Para los trabajadores, la gratuidad de la universidad supuso un cambio político y aspiracional. «Los obreros ascendieron socialmente, ocuparon lugares fundamentales del poder estatal y privado y tuvieron una renovada conciencia de su centralidad en la construcción de la Nación argentina», explicó.
Consultada por este diario, la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade, enfatizó que el decreto de Perón que estableció la gratuidad universitaria no debe interpretarse en términos individualistas. «Por supuesto que ese decreto amplió y profundizó las posibilidades, y de hecho cuantitativamente se vio inmediatamente el acceso de muchísimas más personas en las universidades, pero no puede ser leído solo desde una perspectiva individual. El decreto nos obliga como comunidad universitaria a comprometer nuestro trabajo, a comprometer nuestra labor profesional y académica en dirección a ampliar la justicia social, consolidar la soberanía y también la independencia económica. Esas banderas que fueron consagradas por ejemplo en la Constitución de 1949», destacó Morgade.
En el mismo sentido, Diker consideró que «la ampliación de la educación universitaria tiene no solo la función de garantizar derechos individuales. La gratuidad de la universidad en la Argentina y su sostenimiento a lo largo de todas estas décadas pone claramente al sistema de educación superior bajo responsabilidad del Estado, fundamentalmente porque el concepto que sostiene la gratuidad es que la educación universitaria es central para el desarrollo nacional y eso es lo que tenemos que seguir defendiendo en la Argentina».
La sanción de la gratuidad universitaria de 1949 supuso un reconocimiento a los reclamos y a las luchas de generaciones anteriores. «Si uno mira en el año 1918, hay un proyecto de resolución de gratuidad de la enseñanza superior de los dirigentes estudiantiles Gabriel Del Mazo y Dante Ardigó con el fin de elevarlo al poder público. La iniciativa propuso constituir una universidad absolutamente gratuita y que esté caracterizada por ser abierta, amplia y democrática», contó Recalde. Es decir, la gratuidad estaba presente en el ideario de los reformistas, aunque recién pudo plasmarse tres décadas más tarde.
«Es muy evidente cómo se negó la gratuidad durante tantas décadas, cómo se la invisibilizó. Hay una fuerte negación de la historia que hizo que, después de 1955, se tratara de ocultar el tema de la gratuidad como un logro del peronismo», señaló Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Con el golpe de 1955 se produjo un retroceso en materia de democratización del acceso a la universidad, tras la derogación del entramado institucional y normativo del justicialismo. El gobierno democrático de 1973 eliminó los aranceles y las tasas académicas implementadas en los años sesenta y principios de los setenta. Sin embargo la dictadura militar del 76 nuevamente los introdujo. Con la vuelta a la democracia, las universidades eliminaron el cobro de aranceles, luego autorizados por la Ley de Educación Superior sancionada en 1995, bajo el menemismo. Finalmente, en octubre de 2015, el Congreso aprobó una reforma de la LES y estableció que «los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos».
