Acuerdo con Odebrecht (a punto de caer) complica “Lava Jato” local
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE BRASIL ANALIZA SOLICITUD PARA ENVIAR INFORMACIÓN DE OPERACIONES
Tres jueces federales que analizan las cláusulas que la empresa planteó para allanarse a colaborar de forma “irrestricta, amplia y eficaz” no podrían avalarlo, dado el marco jurídico que existe en el país.
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GABRIEL MORINI
El capítulo local del escándalo del «Lava Jato» está a punto de chocar contra una pared infranqueable que puede hacer peligrar datos clave para avanzar con las causas que instruye la Justicia argentina. El acuerdo propuesto por la filial local de la constructora brasileña Odebrecht para revelar los nombres de los involucrados en el pago de sobornos por favores en la obra pública está a punto de caer. Tres jueces federales que analizan las cláusulas que la empresa planteó para allanarse a colaborar de forma «irrestricta, amplia y eficaz» no podrían avalarlo, dado el marco jurídico que existe en el país. Los fiscales de cada expediente dictaminarán que no podrán suscribir garantías más allá de lo que establece la Ley del Arrepentido. Mientras tanto y por otra vía, el Ministerio Público Fiscal de Brasil ya tiene en sus manos la solicitud para aportar la documentación referida a las 4 mil operaciones realizadas por el arrepentido Leonardo Meirelles, quien declaró contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.
El jefe de los espías ratificó su intención de apuntar a Meirelles como parte de su defensa. Su abogado, Alejandro Pérez Chada insistió ayer en la contradenuncia por cohecho y falso testimonio contra el «doleiro» y pidió que el «Señor 5» sea tenido como querellante. El fiscal Jorge Di Lello deberá ahora definir si le da impulso al expediente que recayó en el juzgado de Claudio Bonadio apenas se conoció que Meirelles sólo recordó -lo que también llamó la atención a los fiscales- que había hecho 10 transferencias a Arribas por u$s850.000. En paralelo, para que se reabra la causa en su contra, la Sala III de la Cámara de Casación Penal deberá convocar a una audiencia formal para escuchar los argumentos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la unidad fiscal que logró evitar que el sobreseimiento de Arribas quedase confirmado.
Precisamente el pedido de colaboración «prioritario» que el titular de la PIA, Sergio Rodríguez le solicitó al Ministerio Público de Brasil está siendo analizado. El exhorto cursado vía Cancillería naufragó. Con el universo de pruebas más acotado, Argentina solicita la documentación que Meirelles aportó al juez Sergio Moro sobre las operaciones por coimas realizadas desde una empresa pantalla en Hong Kong. Para la Justicia, el testimonio de Meirelles es un indicio que no puede ser desechado, pero no alcanzará por sí solo para probar responsabilidad sobre Arribas. Hace falta que Brasil acelere el envío de documentación solicitado por la PIA, o que se aguarde al 1 de junio, cuando todos los informes reservados debieran desclasificarse por orden del Tribunal Supremo de ese país.
Sin embargo, la vía más expeditiva fue la oferta que hizo Odebrecht. La empresa les presentó el mismo esquema a los jueces Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi y Ariel Lijo. Era una reformulación del acuerdo inicial que proponía mantener toda la obra pública adjudicada, no perseguir penalmente a ninguno de sus directivos y en caso de recisiones administrativas, quedar en libertad para demandar al Estado. Rechazado por imposible, el nuevo pacto que intentaba replicar al que hizo en Brasil solicita «garantías absolutas» sobre los delatores para dar precisiones del destino de los u$s35 millones, supuestamente pagados a intermediarios y exfuncionarios por favores en el otorgamiento de obras. Los jueces giraron el ofrecimiento a las fiscalías para que opinen, incluyendo a la PIA. Pero ninguno de los fiscales está facultado para hacer acuerdos más allá de lo que establece la todavía inmaculada Ley del Arrepentido que permite morigerar las penas a los delatores, una vez que los jueces lo homologuen. No existe en la legislación local la posibilidad de un salvoconducto total como pretende la empresa más allá de la imposibilidad de la doble persecución penal en el país de origen del delito. Sin margen para aceptarlo, el acuerdo está más cerca de no perfeccionarse y Odebrecht podrá retirar el ofrecimiento de ayuda y con ello la posibilidad de que el grifo informativo comience a abrirse para el tramo local del Lava-Jato, por fuera de la documentación que podría eventualmente complicar a Arribas. Meirelles fue sólo uno de los canales utilizados para el pago de sobornos del gigante brasileño.
Fuente: Ambito.com