Acusan por intimidación pública a dos hombres que incitaron saqueos
En redes sociales habían insinuado la posibilidad de alentar saqueos frente a la situación económica y falta de asistencia del Estado. Los acusados sin embargo no quedaron detenidos.
El caso de Balcarce tiene como protagonista a un joven de 21 años y fue detectado por personal de Gendarmería Nacional en Campo de Mayo, afectado al denominado «cyberpatrullaje» en redes sociales, metodología que anticipó hace una semana la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic.
El responsable del otro episodio es un hombre de unos 35 años. En este caso hizo circular mediante sus contactos de Whatsapp un mensaje con el que llamaba a saquear comercios. Un vecino lo denunció y la justicia tomó intervención.
El fiscal Rodolfo Moure confirmó a La Nación que en ambos casos no hubo detención sino traslados a la Delegación Departamental de Investigaciones para cumplir con la notificación a los acusados por el delito de intimidación pública contemplado en el artículo 211 del Código Penal, que prevé condenas de dos y hasta seis años de prisión.
Las autoridades consideran que la intervención fue oportuna y tuvo efecto ya que ninguno de los sospechados avanzó con acciones vinculadas al hecho delictivo que habían promocionado.
El joven balcarceño había publicado en Twitter un mensaje de malestar porque se le había negado la asistencia que el gobierno otorga a monotributistas y otros que no pueden realizar sus trabajos en el marco del aislamiento preventivo y obligatorio.
«Che, que onda con los que no cobramos el bono de los 10000 pesos. Sigue en pie el saqueo, no?», escribió desde su cuenta y la respuesta fue una comisión policial en la puerta de su casa, que le confirmó el delito que se le imputaba y los riesgos que corría.
En el caso de Santa Clara del Mar el mensaje también se refería a la posibilidad de avanzar con saqueos en comercios, información que un vecino puso en conocimiento de la justicia. Entonces se dispuso la intervención judicial, identificación del autor de la publicación y la notificación del delito en el que estaba incurriendo.
Por el caso de Balcarce también se puso en la mira a aquellos miembros de esa red social que replicaron el mensaje del joven acusado, aunque hasta el momento no se los identificó ni se les hizo llegar ninguna notificación por posible comisión de delito.
La ministra Frederic había anticipado que grupos especiales de fuerzas de seguridad federales estaban trabajando en tareas de «cyberpatrullaje», entendidas como un rastreo de publicaciones en redes sociales para detectar aquellas que desde ese espacio y en público anticipan o alientan la comisión de un delito. «Es estar atentos a las tensiones sociales», justificó.
Fuente: La Nación