De manera previsible dadas las reiteradas expresiones de «preocupación» que emitió en el último tiempo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) trazó un oscuro panoramapara la actividad en el país al dar a conocer su balance anual del estado de la libertad de prensa.

En sus conclusiones, el reporte presentado hoy en la capital jujeña durante la 52° asamblea de la entidad calificó a la última década como «la etapa más turbulenta» en esa materia, desde el regreso de la democracia.

La evaluación advirtió por el «clima de violencia contra el periodismo». En ese sentido, sostuvo que los «ataques a periodistas (…) no pueden desconectarse de un discurso impulsado desde usinas oficiales y paraoficiales, las que sistemáticamente han buscado deslegitimar al periodismo profesional«.

«Persiste en el poder político una concepción que desconoce el rol del periodismo en la democracia y considera a la prensa un enemigo a derrotar», indicó, y agregó que «subsisten, así, anomalías que se traducen en agresiones directas y en presiones indirectas a medios y periodistas que ejercen su tarea informativa o expresan sus opiniones públicamente».

Entre los casos que destacó figuran el reciente incendio de la camioneta de Gustavo Sylvestre, así como la intimidación que sufrió el equipo de Periodismo Para Todos en Formosa. También se hizo eco de la agresión que sufrió una periodista durante un acto de Amado Boudou en Tucumán, de las increpaciones que sufrió una empleada de Clarín por parte del ministro de Economía, Axel Kicillof, y de la persecución a Juan Pablo Suárez en Santiago del Estero.

ADEPA consideró que esas dificultades coexisten de manera simultánea con otras «señales positivas» que ha dado la administración central. Entre éstas mencionó «la salida» del ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, promotor del cepo publicitario a los medios; también un «atenuante leve» en «el hermetismo comunicacional que caracterizó al oficialismo»; y celebró la nueva ley de reducción de alícuotas de IVA para los medios gráficos, aunque «ha dejado afuera, sin justificación admisible, a 16 medios gráficos y a todos los medios digitales».

«Más allá de esos avances, la persistencia de muchos de los elementos que signaron la era kirchnerista en lo que hace a su relación con la prensa, mantiene vigente la amenaza de que el panorama se agrave e incluso supere a lo experimentado durante los momentos más álgidos de la última década«, señaló.

Al respecto, la entidad apuntó que la pauta oficial que «sigue siendo empleada como uninstrumento para sancionar a medios con una línea editorial independiente, compensar a aquellos que no desentonan con la retórica oficial y alimentar un aparato propagandístico que desde 2003 tiene un crecimiento exponencial».

Y observó que esa conducta no sólo atañe al gobierno nacional, sino que la «arbitrariedad» en la adjudicación de la pauta «se constata en distintos puntos del país, tanto a nivel provincial como municipal, e incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

Preocupación por abastecimiento

En otro pasaje del informe, ADEPA planteó su «preocupación» por la vigencia de la Ley de Abastecimiento. El proyecto, que será tratado en breve por la Cámara de Diputados y ya tiene media sanción en el Senado, «permitiría que los funcionarios, con amplia discrecionalidad, dicten sanciones sobre las empresas periodísticas», advirtió.

La reforma faculta a la Secretaría de Comercio a «secuestrar» documentación, libros y hasta correspondencia y a colocar sanciones por no atender sus requerimientos. Para la entidad que nuclea a los editores de diarios, estas atribuciones «tendrían impacto directo» en la llegada de los medios «a las audiencias» y «configurarían un caso de censura indirecta, en los términos del Pacto de San José de Costa Rica».

Desafíos y prioridades

En cuando a las «asignaturas pendientes en materia de libertad de expresión», la organización expresó su voluntad «de seguir aportando ideas y vocación de diálogo con todas las fuerzas políticas, para ir encontrando soluciones».

En ese sentido, en el informe hizo un listado de prioridades entre los que detalló la necesidad de avanzar en el acceso a la información pública, de tomar pautas objetivas para distribuir la publicidad oficial, de regular la relación entre los gobiernos y los medios públicos, de sumar una legislación que atienda los desafíos de Internet y de volver a la práctica de las conferencias de prensa.