El fiscal de Estado adjunto, Sebastián Trinadori, confirmó que recurrirán a la Corte Suprema por el conflicto por las distancias de las fumigaciones en escuelas rurales.fumigacion-escuela-rural

La administración del gobernador Gustavo Bordet no se quedará con la opinión del máximo Tribunal de Justicia de Entre Ríos para dirimir la polémica cuestión de las distintas para fumigar en zonas áreas rurales próximas a establecimientos educativos, y pedirá opinión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ya lo había intentado en 2018, cuando se conoció el primer pronunciamiento judicial, pero la cuestión devino abstracta. El jueves pasado, la Fiscalía de Estado presentó un recurso extraordinario ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para conseguir que se habilite el camino del recurso federal. El máximo Tribunal de Justicia entrerriano, así, deberá conceder ese planteo. De no hacerlo, la Fiscalía podrá llegar a la Corte en queja.
Tras el último pronunciamiento de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que confirmó la inconstitucionalidad del Decreto N° 4.407 del Poder Ejecutivo -que había establecido la prohibición de fumigar a menos de 100 metros, para las terrestres, y de 500 metros para las aéreas en predios cercanos a escuelas rurales- y dejó en firme el fallo del camarista Oscar Benedetto, que había resuelto, en octubre de 2018 fijar un límite de 1.000 metros para las pulverizaciones terrestres, y de 3.000 metros para las aéreas, el Gobierno decidió acudir a la Corte.

La presentación fue confirmada al sitio Entre Ríos Ahora por el fiscal de Estado adjunto, Sebastián Trinadori.

Además, los productores rurales no están conformes con esa opinión judicial, y han emplazado al gobernador Gustavo Bordet a resolver el entuerto por la vía del dictado de un nuevo decreto que ordene la cuestión.

La situación enojosa es la creada tras el fallo del camarista Oscar Benedetto, que impuso límites de 1.000 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas, sentencia que fue confirmada por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La disposición de la Justicia, sin embargo, chocó con el dictado de un decreto por parte del Poder Ejecutivo, el N° 4.407, en diciembre de 2018, que dispuso bajar esos límites a 100 y 500 metros, respectivamente. El escenario creado movió al Foro Ecologista y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que habían presentado el recurso de amparo que derivó en el fallo de Benedetto, a pedir una aclaratoria al Poder Judicial. El juez Andrés Marfil sentenció que aquel decreto de Bordet era parcialmente inconstitucional en lo referente a la modificación de las distancias, decisión que también fue confirmada por la Sala Penal del STJ.

En ese escenario, el Gobernador anunció que se trabajará en el dictado de un nuevo decreto que permita superar el entredicho, y sobre eso están trabajando el secretario de Producción, Álvaro Gabas, y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

El fiscal de Estado adjunto, Sebastián Trinadori, ha planteado sus disidencias con los criterios de los magistrados.

En su fallo, el juez Marfil hizo notar que se omitieron parte de los informes de la Secretaría de Epidemiología, dependiente del Ministerio de Salud, y de Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, y se utilizaron aquellos pasajes convenientes para justificar el decreto 4047.

Al respecto, Trinadori sostuvo que “no había un caso concreto para que se dicte semejante medida” y afirmó que en 2018 no se registraron casos de intoxicación por fumigación. “Se tuvieron en cuenta todos los informes, pero fundamentalmente los que se produjeron en el anterior amparo”, añadió.

Por otra parte, coincidió con el juez en que “no todo el territorio donde se siembra hay escuelas rurales”, pero marcó que “hay 1097 escuelas rurales, y con las distancias precautorias de los 3 mil metros aéreos y mil metros terrestres quedarían muchas hectáreas improductivas”. “Con los mil ya no se puede fumigar en 300 hectáreas alrededor de una escuela”, indicó en declaraciones al sitio Entre Ríos Ahora.

En ese marco, el Fiscal de Estado adjunto aclaró: “No es que estamos a favor que se fumiguen arriba de las secuelas. Estamos defendiendo la legitimidad de un decreto que, si bien reduce las distancias precautorias, consideramos que el gobernador es la autoridad competente para establecerlo, junto con la intervención de la secretaria de Ambiente, de Salud y de Producción”.

Finalmente, adelantó que, si la Sala Penal del STJ falla en contra del Estado, interpondrán un recurso extraordinario para llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.