“Desde la Coordinadora por una vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos, adherimos al reclamo de nuestra compañera Estela Lemes, y convocamos a realizar acciones para detener esta situación que afecta a miles de docentes como Estela, y a las millones de personas que vivimos en el campo y en los pueblos fumigados”, asentó la agrupación en un comunicado de prensa enviado a ANÁLISIS.

En el texto destacaron una frase del educador Pablo Freire: “Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollaran una forma de educación que permita a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica”.

Y reprodujeron la carta de la docente Estela Lemes que se transcribe a continuación:

“La justicia falló en mi contra. Una vez más, me falló. No me sorprende.

Yo elegí la docencia porque siempre la vi como un modo de transformar los pequeños mundos en que nos movemos, una manera de formar futuro. En todos estos años le he puesto el cuerpo a mi vocación, y ahora siento en él las consecuencias de tener un Estado que no me protegió, como tampoco protege a los niños y niñas que asisten a las escuelas rurales, y que son expuestos a horribles pulverizaciones con agrotóxicos. Tampoco el Estado se hace cargo de las irrefutables consecuencias que las fumigaciones han dejado en mi salud, y sin embargo ha estado muy presente para defender y proteger los intereses del agronegocio, que ha sido cuestionado históricamente; y mostró su verdadera cara al interferir los recursos de amparos que presentaron la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y las organizaciones socio ambientales para restringir las distancias de fumigaciones en las cercanías de las escuelas.

Sufro una neuropatía aguda que está afectando mis músculos, el equilibrio y la capacidad respiratoria. Para rehabilitarme, además de una medicación de por vida, debo realizar un tratamiento que ni la obra social me cubre en su totalidad, ni mi ART se hace cargo de nada.

En septiembre de 2017 me vio en el hospital el perito neurólogo, que sin hacerme estudios (solo me pidió que caminara y me parara sobre un pie), decidió que no tengo dolencia alguna. En octubre del mismo año, un mes después, la perito médica me vio y solicitó una importante cantidad de estudios, y determinó que tengo un síndrome químico múltiple, por lo que me dio un 37,75 % de incapacidad. Ante este panorama el juez determinó que fuera un perito Forense quien decidiera. Este, sin verme ni una sola vez (no conozco su cara) ni pedirme estudio alguno, se quedó con lo que dijo el perito neurólogo.

Ahora, no solo no tendré la cobertura de mi tratamiento, sino que debo hacerme cargo de las costas de este juicio que llevé a cabo para recuperar la salud perdida, suma que obviamente está fuera de mis posibilidades económicas porque ‘soy docente’.

Hoy se nos pide que los directivos seamos los centinelas en las aplicaciones, los banderilleros del agronegocio, otra vez nos exponen directamente sin importarle las consecuencias.

Mi lucha personal y colectiva es testigo del costo humano de los agrotóxicos. Usted en representación del Estado y como mi empleador debiera protegerme, protegernos, pero ha demostrado un total desamparo a la salud de los trabajadores de la educación y de la comunidad educativa en su totalidad.

Yo le pregunto, señor gobernador: ¿Los docentes y alumnos rurales seguiremos indefensos ante las fumigaciones? ¿El Estado en algún momento se hará cargo de ésta situación?

¡Es mi deber como maestra, tener esperanza de que mis alumnos y los demás niños del país conocerán un mundo mejor!”.