Propiedades pertenecientes a José Luis Galván, allegado al ex gobernador Sergio Urribarrri, fueron allanadas este martes por la mañana en San Salvador y Concordia, en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito que se sigue contra el ex gobernador y parte de su familia.l_1553019373

Los procedimientos, llevados a cabo por personal de la Policía de Entre Ríos, se realizaron en el domicilio de Galván en calle Urquiza 255 de San Salvador y en la casa de su madre. En la ciudad, es conocida la cercana relación entre el empresario dedicado al cultivo de arroz y el actual presidente de la Cámara de Diputados y hay quienes señalan a Galván como posible testaferro, que es lo que seguramente intenta establecer la justicia con los procedimientos.

En Concordia, fue allanada la sede de la firma Transoil SRL, propiedad del empresario. La causa contra Urribarri se inició por una denuncia de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, presentada a fines de 2015, luego de un informe periodístico de este medio en el cual se detalló el crecimiento patrimonial del ex mandatario y su grupo familiar. Los operativos de este martes fueron pedidos por los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, que llevan adelante la investigación, y autorizados por los jueces de Garantías Mauricio Mayer y Mario Figueroa.

El vínculo entre Urribarri y Galván data de los años ’80, cuando el segundo inauguró un boliche bailable en San Salvador y el ex mandatario, que había trabajado en el área de Cultura de General Campos y en ese momento se desempeñaba como empleado bancario, sumó otra actividad laboral cuando, junto a su esposa, Ana Lía Aguilera, comenzaron a trabajar en el guardarropa del local llamado Nipur.

Quienes los conocen a ambos, aseguran que Urribarri y Galván mantienen una relación de “amigos y hermanos”. El abuelo de Galván creó antes de los ’80 una pyme familiar que luego quedó enmarcada en la empresa Transoil SRL, según se repasó en el libro El Clan, del periodista Daniel Enz. Allí se indicó que la firma también desarrolla actividades de cultivo de arroz, según los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Galván fue concejal del Partido Justicialista (PJ) y coordinador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) en la primera gestión de Urribarri, aunque lo que trascendió es que con el ex mandatario lo que planeaban era hacer negocios vinculados a la actividad arrocera con el gobierno de Venezuela, en tiempos de la presidencia del fallecido ex presidente Hugo Chávez.

En San Salvador siempre circuló la posibilidad de que Galván fuera testaferro de Urribarri, que posiblemente sea lo que intenta determinar la justicia a través de los allanamientos de las últimas horas. El primer operativo tuvo lugar en San Salvador en la casa de la madre de Galván en calle 3 de Febrero porque allí tiene declarado domicilio fiscal el empresario. Luego, los uniformados se dirigieron a su domicilio particular, en calle Urquiza de la localidad. Posteriormente, en Concordia, fue allanada la sede de la firma Transoil SRL, propiedad del empresario y amigo del ex mandatario, según pudo determinar este medio.

“En la ciudad todos lo señalan a Galván en ese rol y se sabe que mantienen una amistad de décadas”, contó oportunamente una fuente de la localidad. También acotó que Urribarri siempre asiste a los cumpleaños de Galván y a otras fiestas familiares y que muchas veces, cuando era gobernador, arribó a esos encuentros en el helicóptero de la Policía de Entre Ríos.

Galván mostró un crecimiento económico importante desde que Urribarri asumió su primer mandato, lo que se profundizó en paralelo a la segunda gestión. A fines de 2012, formó la empresa Majo SA, relacionada con la compra de Molinos Centro, en Villa Clara, en el departamento Villaguay.

Transoil SRL creció notablemente en cuanto a su capacidad exportadora y lo mismo sucedió con Majo SA. Las firmas llegan con sus productos a destinos como Brasil, Bolivia, Chile, Irak, Libia, Perú y Venezuela, entre otros.

En 2012, Galván participó en su carácter de industrial arrocero, junto al entonces gobernador y a otros funcionarios y empresarios, de la misión comercial a Angola, recordada porque allí fueron presentadas las cosechadoras del grupo Senor, que son motivó de otra investigación judicial. A la comitiva la encabezó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En esos años, entre otros bienes, el empresario adquirió un departamento en Punta del Este, Uruguay.

Los procedimientos en San Salvador y en Concordia fueron solicitados por los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, que llevan adelante la investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito contra Urribarri y miembros de su familia. Autorizaron los operativos los jueces de Garantías Mauricio Mayer y Mario Figueroa.

La causa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito contra Urribarri se inició tras una presentación radicada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, denunciantes en numerosas causas por presuntos hechos de corrupción sucedidos durante la gestión anterior. La misma fue interpuesta en diciembre de 2015, pocos días después de que Urribarri culminara su segunda gobernación. La presentación se basó en un informe periodístico de ANÁLISIS en el que se daba cuenta del crecimiento patrimonial del actual presidente de la Cámara de Diputados y su grupo familiar.

La denuncia fue presentada ante el procurador Jorge García y, además de Urribarri, sumó a sus hijos Damián, Mauro -ex ministro de Gobierno-, y a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador, que recientemente fue liberado tras cumplir 90 días de prisión preventiva en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas a contratos de la Legislatura en los últimos 10 años. También se señaló en la presentación a la esposa del ex gobernador, Ana Lía Aguilera, y a sus hijos Franco y Bruno, jugador de fútbol de Patronato.

Desde entonces, entre otras medidas, se realizaron allanamientos en numerosas propiedades de la familia Urribarri y en domicilios y estudios contables de presuntos testaferros y se solicitaron informes a distintos organismos de todo el país. La información colectada está siendo analizada por el Ministerio Público Fiscal, que aún no imputó en esta causa el ex gobernador ni a ninguna persona de su entorno.

De ANÁLISIS DIGITAL