La organización académica y de promoción social, educativa y cultural creada por el Rectorado de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ) dio a conocer un informe denominado «Seguridad Ciudadana: notas para el debate», en el que se analiza la realidad regional.

El trabajo realizado por los investigadores Álvaro Herrero –quien se explayó sobre el tema y Sofía Mercader señala que, si bien la Argentina se encuentra dentro del grupo de países con bajas tasas de homicidio, no está en la misma condición en el análisis del porcentaje de robos.

Para ello cita una investigación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y señala que «Argentina fue, entre 2005 y 2011, el país con mayor cantidad de robos por cada 100.000 habitantes de la región y más del 40% de estos delitos en 2012 estuvieron acompañados de violencia». Allí se apunta que en el país «el uso de armas de fuego en los robos es muy alto, prácticamente el 80%, mientras que en El Salvador y Chile es del 36%».

Agrega que «el 50% de los robos reportados por los internos en Argentina se efectuaron con violencia; 39% en México, 37% en Chile, 30% en Perú y Brasil, y 12% en El Salvador». Además el trabajo de la LPP destaca que «el 17,93% dijo ser víctima de robo en Argentina, ubicándose a la par o por encima de Honduras, Guatemala, Colombia o México».

En las conclusiones del informe se hace hincapié en que «el crecimiento de las economías por sí solo no tiene un impacto significativo en la reducción el delito«. La evaluación se refuerza con otra mirada similar: «Esto refutaría las teorías criminológicas que asocian la violencia y el delito con factores socioeconómicos«.

Para fundamentarlo, ejemplifica: «Los datos sobre el marcado crecimiento de los robos, combinados con los resultados de los estudios sobre victimización, contrastan con el prolongado período de crecimiento económico que ha experimentado la Argentina«.

El PNUD diagnostica que «la inseguridad en la región tiene una explicación multidimensional en la que inciden la precariedad del empleo, la inequidad persistente y la insuficiente movilidad social«.

En ese contexto –indica el LPP– se producen «entornos de vulnerabilidad que limitan las posibilidades legítimas de ascenso social”. Y emergen «individuos dispuestos a desafiar y romper las reglas en función de una posibilidad de ascenso social, recurriendo al delito como estilo de vida«. A esto lo denomina «delito aspiracional«.