El gobernador Gustavo Bordet encabezó, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, el acto oficial de cierre definitivo de la Unidad Penal Nº2 de esa localidad.

“Es cerrar una unidad penal que es emblemática en la provincia, porque es una cárcel de 1889, una de las más antiguas, y que necesitaba un traslado y duplicación de la capacidad en la granja penal El Potrero”, destacó el mandatario entrerriano.

De acuerdo a lo que ponderó Bordet, el cierre del penal de Gualeguaychú implica “cumplir con un precepto constitucional, que las cárceles deben ser sanas y limpias para la reducación y no el castigo de los reclusos”.

“Esta unidad penal, por el tiempo transcurrido y las condiciones edilicias, ya no podía alojar a tantos reclusos, por eso gestionamos este traslado hacia la granja penal El Potrero, donde se construyeron cinco pabellones, un hospital y una planta de tratamiento de líquidos de afluentes, lo que nos posibilita diagramar una política para otras unidades penales, como la de Paraná, que también es del siglo XIX, para generar traslados y dar condiciones de salubridad a la población carcelaria”, fundamentó el gobernador al anunciar que “está muy avanzado” el proyecto para el cierre de la Unidad Penal Nº1.

En relación a la refuncionalización de la cárcel de Gualeguaychú, el gobernador explicó ante Canal Once que “se cede una parte al municipio para un espacio dedicado a la memoria y a preservar los valores históricos que representan a quienes estuvieron en condiciones de detención durante la última dictadura militar; y otro sector estará destinado al uso público y a un centro cívico”. “Y desde el punto de vista urbanístico representará una mejora muy importante para Gualeguaychú”, ponderó.

Los casi 280 reclusos que se alojaban en la vieja unidad carcelaria fueron trasladados a la Unidad Penal N° 9 «El Potrero», ubicada en la Ruta Internacional 136, ocupando en su mayoría los nuevos pabellones que se construyeron en la unidad, que ya contaba con una población de casi 100 reclusos.

Piaggio, por su parte, ponderó “la decisión del gobierno provincial en sintonía con un trabajo sinérgico con Nación que permitió esta política de Derechos Humanos que cierra un edificio tan antiguo en materia carcelaria y construye en Gualeguaychú una de las escuelas más esperadas en los últimos 20 años para toda la barriada del sur”.

Para el intendente, el cierre del penal “permite cumplir preceptos constitucionales de muchísima importancia si soñamos con una sociedad mejor y más justa”. “Y en materia comunitaria nos permite soñar con disponer de un lugar céntrico en la ciudad que es estratégico para nuestro plan de desarrollo urbanístico”, agregó.

En tanto, el ministro Soria, destacó “el saldar una deuda histórica de Nación con la provincia porque desde 2016 al 2019, el gobierno anterior nunca le pagó a Entre Ríos por el alojamiento de los presos federales en las cárceles provinciales”.

En relación al traslado de los reclusos a más de 20 kilómetros, fuera de la ciudad, el funcionario nacional hizo hincapié en “lo que significa para Gualeguaychú el poder sacar de la ciudad una cárcel de tantos años, de 1889, que ya no podía seguir usándose, para generar un espacio modelo a nivel país, porque la granja penal El Potrero es una cárcel modelo”.

Bahillo: “Es un día histórico para Gualeguaychú”

“Es un día histórico para Gualeguaychú porque esta era una gestión que se pedía desde hace unos 20 años por ex intendentes, ex gobernadores y legisladores; afortunadamente, se pudo concretar durante la gestión de Bordet, quien puso una mirada integral al sistema carcelario entrerriano al optimizar los recursos para trasladar a los reclusos que estaban en el penal de la ciudad”, resaltó ante Canal Once el secretario nacional de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo.

Y agregó: “Los esfuerzos anteriores no pudieron plasmarse porque, si bien estaba decidido el cierre de la unidad penal, no se tomaba la decisión de ampliar otras unidades carcelarias, como ocurrió con la Unidad Penal Nº9 que permitió contener a la mayoría de los internos que estaban en esta cárcel; con una fuerte inversión del gobierno provincial, más el aporte del gobierno nacional, se pudo relocalizar esta unidad penal”.

Asimismo, coincidió con respecto a que “la antigua cárcel no cumplía con los objetivos que indica la ley para la reinserción de los reclusos y, además, era una barrera urbanística porque cuando el penal se construyó estaba en el límite de la ciudad y hoy quedó en una zona turística de la misma”.