Todos los sentenciados por el asesinato del fotógrafo cumplen con regímenes de prisión domiciliaria o libertad condicional. Al trabajador de prensa lo mataron el 25 de enero de 1997 por orden del empresario Alfredo Yabrán.
Los condenados por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, ocurrido hace 22 años en Pinamar, se encuentran en la actualidad eximidos de prisión, en tanto que el autor material de ese hecho, el expolicía Gustavo Prellezo, está en condiciones de ejercer el derecho, tras haber sido matriculado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

«Todos los años, en cada aniversario del crimen, nos enteramos que las personas que fueron sentenciadas reciben determinados beneficios. Para esta fecha siempre tenemos malas noticias. Esta vez nos enteramos que Prellezo recibió una matrícula de abogado por parte del Colegio Público de la Capital Federal», señaló el periodista Gabriel Michi, compañero de Cabezas en la Revista Noticias.

Prellezo participó el 25 de enero de 1997 en Pinamar del asesinato de Cabezas, junto a una banda de delincuentes conocida como «Los Horneros». El entonces efectivo de la Bonaerense estaba al servicio del empresario postal Alfredo Yabrán, quien fue procesado como instigador del hecho y se suicidó en un campo de Entre Ríos cuando estaba prófugo de la Justicia, un año y cuatro meses después del crimen.

El autor de los disparos que terminaron con la vida del reportero gráfico, según lo estableció la Justicia, está en libertad condicional desde diciembre de 2017, aunque desde 2010 vive en su casa bajo el régimen de prisión domiciliaria.

Prellezo fue condenado a reclusión perpetua en febrero de 2002, pero sólo pasó tras las rejas 13 años, pese a que la sentencia fue ratificada en las máximas instancias judiciales de la provincia y el país y expirará en 2022.

El exoficial de la policía estudió en la cárcel y se recibió primero de abogado y luego de escribano en la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), e intentó obtener una matrícula de abogado en un colegio público de Quilmes, pero ante una denuncia presentada por la familia de Cabezas esa entidad optó por no entregarle la habilitación para desempeñarse como letrado.

En cuanto al resto de los condenados, el expolicía Aníbal Luna, condenado a prisión perpetua por el asesinato de Cabezas, está bajo libertad condicional desde septiembre de 2017, tras cumplir durante dos años un período de salidas transitorias.

Gregorio Ríos, exjefe de la seguridad de Alfredo Yabrán, fue condenado a perpetua como instigador del asesinato, pero en 2008 resultó beneficiado con la libertad condicional al cumplirse 20 años de su detención.

El comisario Mario «La Liebre» Gómez, condenado por haber liberado la zona en la que ocurrió el crimen, recuperó la libertad en 2006 tras una decisión de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires.

Sergio Cammaratta, otro de los policías implicados en el caso y sindicado por la Justicia como responsable de haberle hecho «un seguimiento» a Cabezas cuando trabajaba en Pinamar en el verano de 1997, murió en 2015 en el penal de Dolores.

Con relación a la banda de «Los Horneros», los delincuentes comunes de la periferia de La Plata que fueron reclutados por Prellezo para cometer el crimen de Cabezas, también quedaron desvinculados de la causa. José Luis Auge recibió una condena en el juicio que se llevó a cabo en 2004 y cuatro años más tarde quedó en libertad.

Su cómplice Sergio Gustavo González, tras ser sentenciado a prisión perpetua recibió una reducción de su condena; salió de la cárcel en 2006, y el año pasado se le declaró la extinción de la pena, aunque aún tiene una causa por drogas radicada en los tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, Horacio Braga quedó en libertad condicional diez años después del crimen, y a mediados de 2018 cumplió su condena con la Justicia. Miguel Retana, sentenciado a prisión perpetua en 2000, murió de sida en la cárcel un año después.