El presidente del directorio del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fernando Cañete, brindó detalles de la situación del organismo en relación a las prestaciones que brinda y destacó que los incrementos en el precio de los medicamentos y la devaluación son problemática preocupantes.IOSPER

Ante ello, comentó que “se está trabajando junto con las obras sociales sindicales para armar en Entre Ríos un Consejo de Obras Sociales, donde deberá estar también el Ministerio de Salud, y por otro lado nos reunimos con todos los prestadores de la obra social a quienes les pedimos la incorporación en un espacio común donde se pueda armar un equipo de trabajo y establecer una agencia donde se haga alguna evaluación de la tecnología y medicamentos de alto costo, y para ver si no es necesario tener que declarar la emergencia prestacional, armar un protocolo de derivación”. En tanto, destacó los aranceles que se pagan por las distintas prestaciones en comparación con provincias vecinas y lamentó: “Seguimos siendo la obra social provincial más pobre del país”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Cañete reconoció un aumento de demandas a la obra social porque “la malaria es tan grande que los profesionales pretenden de forma inmediata dar respuesta a las demandas que hacen los afiliados”.

Como ejemplo, mencionó el caso de las cirugías donde la obra social tiene “un ranking mensual de entre 2.600 y 2.900 cirugías por mes” o la situación “de los medicamentos que nos está llevando puestos”. “De 300.000 afiliados de la obra social, tres afiliados implican 120 millones de pesos al año, y si se tiene en cuenta que el incremento de los medicamentos en abril fue en promedio del 8 por ciento, pero hay otros que subieron más, hay un problema serio”.

Aseveró que “en 2018 el promedio de aumento fue del 69 por ciento, lo que significa que hay medicamentos que subieron excesivamente, y es un ítem que constantemente está poniendo en riesgo los recursos del sistema de salud, junto con alto costo y leyes especiales”. Explicó que “alto costo refiere a prótesis que cuestan entre 1.300.000 o 2.000.000 de pesos”.

“Se trata de nuevas tecnologías donde no hay control del Estado en el mercado lo que pone en jaque al sistema de salud porque hay que utilizar muchos recursos en pocos afiliados, se rompe el equilibrio de la solidaridad y en definitiva los recursos los terminan manejando las grandes empresas y los lobbies empresariales”, explicitó.

En cuanto a las formas para solucionar esta problemática, comentó que “se está trabajando junto con las obras sociales sindicales para armar en Entre Ríos un Consejo de Obras Sociales, donde deberá estar también el Ministerio de Salud, y por otro lado nos reunimos con todos los prestadores de la obra social a quienes les pedimos la incorporación en un espacio común donde se pueda armar un equipo de trabajo y establecer una agencia donde se haga alguna evaluación de la tecnología y medicamentos de alto costo, y para ver si no es necesario tener que declarar la emergencia prestacional, armar un protocolo de derivación”.

“La idea con esta agencia de tecnología es que podamos trabajar todos juntos para hacer una evaluación de costo beneficio sobre los productos que están entrando en el mercado y sobre los cuales el Estado nacional no pone ningún tipo de control. Y esta sería una manera de poder preservar y seguir subsistiendo con un sistema que está bastante complicado”, explicitó.

Una mujer encadenada y problemas con las coberturas

Respecto del caso particular de una mujer que en la jornada del martes se encadenó a las puertas del organismo por un reclamo puntual, Cañete explicó que “se le había autorizado una derivación para su hijo discapacitado al hospital Cruce de Buenos Aires, donde el chico recibía el tratamiento y le habían suministrado un medicamento, pero entendemos que la señora regresó a Paraná donde al chico lo atendió un neurólogo que hizo una derivación directamente a la Fundación Favaloro”.

“Ante eso, la respuesta del IOSPER fue que si la derivación estaba autorizada al hospital Cruce que se presentara una historia clínica explicando porqué debía ir a otro centro de mayor complejidad. El papá del chico había aceptado la conformidad pero la mamá no, y por eso se produjo esta situación”, especificó.

Por otra parte, confirmó que “la atención ambulatoria de neurología no se está cubriendo por parte del IOSPER porque los neurólogos no han firmado acuerdo con la obra social, ya que no están conformes con los aranceles que paga la obra social, y lo mismo sucedió el año pasado con los otorrinolaringólogos, con quienes estamos en tratativas”.

Ejemplificó que “una neurocirugía donde la obra social está en un promedio de honorarios de 50.000 pesos, ellos pasan honorarios de 150.000 pesos, y la consulta que paga IOSPER es de 400 pesos pero ellos cobran cerca de 1.000 pesos”. En ese marco, comparó que “el valor que paga IOSPER no es malo porque en comparación la obra social de Chaco paga 150 pesos la consulta y Corrientes paga 220 pesos”. “Nosotros pagamos 33 millones de pesos mensuales de consultas a la Federación Médica, no es un valor menor”, sentenció.

En ese contexto, afirmó que “no se valora, pero el IOSPER cerró este año con un déficit de 1,85 por ciento que representan unos 88 millones de pesos, que es prácticamente nada para el servicio que brinda, teniendo en cuenta que hubo una devaluación importante”.

Asimismo, sostuvo que “el Estado provincial le paga todos los meses a la obra social lo que se liquida y queda a favor de la obra social, pero seguimos siendo la obra social provincial más pobre del país, porque cobramos el 7,5 por ciento”. “Antes cobrábamos el 7 por ciento y el gobernador nos dio el 0,5 por ciento más de aportes patronales que representan hoy 16 millones de pesos mensuales –unos 170, 180 millones de pesos al año- con lo cual podríamos ir tirando para no tener sobresaltos financieros”, puntualizó Cañete.

Del mismo modo, destacó que “si se pudiera lograr aquel famoso 2 por ciento que se sacó del aporte de los jubilados por la ley de emergencia serían 32 millones de pesos mensuales, lo que sería importantísimo obtener para la obra social”.

“Además se han ido agregando y generando más derechos pero sin decir de donde se iban a sacar los recursos y el IOSPER tiene la obligación de cubrirlo, pero no tenemos recupero de la Nación, solamente tenemos el aporte de la patronal y de los trabajadores”, concluyó.

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