De ANÁLISIS y Cuestión de Fondo

 

Entre Ríos vive una realidad dramática con todas sus Unidades Penales superpobladas, incluso algunas como la Unidad Penal N° 9 Granja El Potrero de Gualeguaychú, que comunicó a los jueces que no envíen más condenados porque ha llegado a su máxima capacidad de alojamiento.

A esta realidad se le debe sumar como un agravante, que en toda la provincia hay solamente dos Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Uno que funciona en la costa del Uruguay y está a cargo del juez Carlos Rossi, tristemente célebre a raíz del caso Micaela García; y el de Paraná, que está a cargo de la doctora Cecilia Bértora.

En el programa de televisión Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral) se abordó esta realidad con Bértora, quien reconoció que prácticamente nadie hizo nada para mejorar la situación de dichos Juzgados, que como el de ella cuenta con la misma estructura de cuando fue creado en el año 2000 y atendía a 80 internos y hoy que debe atender a casi 1.200 personas privadas de su libertad. Peor es la condición del Juzgado de la costa del Uruguay, que con menos estructura que la de Paraná debe atender a casi mil internos.

 

-El caso Micaela García fue un hecho que conmocionó a toda la comunidad del país. Recordamos que en este programa el papá de Micaela contó que la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, lo había llamado para solidarizarse y en esa comunicación se largó a llorar. ¿La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia cuántas veces fue a ver cómo usted está trabajando?

-Hará un año y medio me hicieron una inspección. La doctora Mizawak se tuvo que retirar del Juzgado porque dijo que las condiciones del edificio donde trabajamos no eran muy cómodas para ella. Y adujo que padecía un tema de alergias y no se sentía cómoda. De todos modos, les impusimos de nuestras necesidades y de todos los cambios que tuvimos que hacer para acondicionar el Juzgado, sobre todo luego de la aplicación del nuevo Código de Procedimientos de la Provincia. En el 2000, cuando se creó el Juzgado atendía a 80 internos.

 

-¿Cuándo ingresó usted?

-Fue en el 2013 y había poco más de 400 internos. Y en la actualidad atendemos a una población aproximada de 1.200 internos.

 

-Es decir, que usted tiene la misma estructura que cuando debía atender a poco más de 400 internos.

-No. Contamos con la misma estructura que cuando el Juzgado atendía a 80 internos. Es la misma estructura que cuando se creó.

 

-Esto quiere decir que en la provincia no se vive otro caso Micaela García porque Dios es grande.

-Cuando mayor es la cantidad de causas que debe atender un juzgado, menor será la calidad de su servicio. Incluso hemos vivido períodos en que se ha afectado nuestra salud. Por ejemplo, el año pasado, mi secretaria y yo íbamos a trabajar, aunque estuviéramos enfermas o con fiebre.

 

-¿Cuántos empleados tiene en el Juzgado?

-En el Juzgado trabajamos veinte personas, incluyendo a cinco que son profesionales y conforman los equipos técnicos; tenemos un chofer que me traslada cuando debemos realizar los controles domiciliarios para las salidas transitorias de los internos.

 

-¿Cómo se hacen esos controles, teniendo una estructura tan pequeña?

-Hemos pedido una trabajadora social adicional; hemos pedido una nueva Secretaría; también hemos solicitado que nos asignen personal de aquellos juzgados de transición que se fueron cerrando. Pero no tuvimos respuestas. También hemos solicitado que algunas de las trabajadoras sociales que dependen del Poder Ejecutivo puedan ser adscriptas a nuestro Juzgado, pero tampoco hemos tenido respuestas. La verdad es que hacemos lo que podemos y la calidad de nuestro trabajo se resiente mucho.

 

-¿Cuántas resoluciones debe firmar por semana?

-Son cerca de 150 expedientes diarios.

 

-Insistimos con el caso Micaela. ¿Cuántas personas de la clase política o dirigentes políticos la llamaron para preguntarle en qué la pueden ayudar?

-Le puedo decir que el diputado Diego Lara ha estado comprometido con la creación del nuevo Juzgado (en Concordia). Él me ha llamado, nos hemos encontrado y hemos hablado del tema.

 

-¿Pero ha ido a al Juzgado?

-No, no ha ido.

 

-¿Cuántos legisladores han ido a conocer su Juzgado?

-Ninguno, al menos que recuerde.

 

-Todos hablan de sus necesidades, pero nadie sabe “in situ” cómo es.

-Tal cual.

 

-Imaginamos que en algún momento se sentirá que no da más, que es la hora de renunciar.

-Me gusta mucho mi trabajo y si renuncio a mi trabajo, siento que renuncio a mi dignidad. Es difícil que me plantee renunciar a lo que hago todos los días. No me siento en condiciones de renunciar, además hay personas que dependen de mí.

 

-El otro juez de Penas y Medidas de Seguridad, Carlos Rossi, que ejerce en la costa del Uruguay, acaba de sortear un proceso muy difícil en su estabilidad laboral. ¿Cómo vivió usted ese tema, teniendo en cuenta que está todo el tiempo ante situaciones similares?

-El juez Rossi tiene incluso menos estructura que yo. Y debe atender aproximadamente a mil internos. Incluso el equipo técnico que debe intervenir en su Juzgado, él lo debe compartir con el Juzgado de Familia. Esto quiere decir que ese equipo técnico no está a disposición del Juzgado todo el tiempo. Intentamos dar la mejor respuesta a las situaciones, aunque a veces no hay modo de hacerlo.

 

-El presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Emilio Castrillon, muchas veces nos manifestó públicamente su preocupación por la situación de los Juzgados de Ejecución de Penas. ¿Cumplió con esos reconocimientos de darles más estructura?

-Muy poco. Pero, le puedo decir que el doctor Castrillon nos ha acompañado e incluso a puesto a disposición medios en determinadas situaciones críticas como las que se vivieron con la Unidad Penal de Victoria cuando fallecieron seis internos. Y hubo un acompañamiento que no ha existido en otros casos. También sabemos que ha motorizado todo lo concerniente a la creación del nuevo Juzgado para Concordia. Ahora, desconocemos los motivos por los cuales no se concreta la creación de ese Juzgado.

 

-Está claro que se necesita crear ese Juzgado en Concordia, pero también otros más en Paraná.

-Diría que atento al tiempo transcurrido y a la cantidad de internos que tenemos, crear un solo Juzgado sería insuficiente.

 

-Hay que imaginar los reclamos de los internos, de sus abogados, de los familiares. Usted asevera que debe resolver en promedio 150 expedientes diarios; que se encuentra con internos muy complejos. A fines de agosto se trasladó desde el Penal de Ezeiza a la Unidad Penal N° 1 de Paraná a Gustavo “Petaco” Barrientos y usted tuvo que hacer todo un seguimiento. Se trata de una situación que puede estallar en cualquier circunstancia.

-La que se ha interesado en cuanto a las condiciones laborales ha sido la actual vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, quien nos llamó personalmente y nos sugirió talleres y cursos. Pero, en cuanto a modificaciones de estructura o aportes de recursos no hemos tenido. Sí tengo un permanente diálogo con la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; como con el secretario de Justicia, Pablo Biaggini. Necesitamos recursos para resocializar a los internos, porque si queremos una sociedad mejor tenemos que trabajar y debemos intentar lograr que esos internos sean incorporados a la sociedad de la mejor manera posible.