Sergio Varisco fue procesado y embargado.

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El juez federal Leandro Ríos procesó esta mañana al intendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco y a la vez decidió que se deposite un millón de pesos en concepto de caución real para mantener su excarcelación, en el marco de la causa por sus vinculaciones con la banda narco que lidera Daniel «Tavi» Celis. A la vez confirmó la prisión preventiva del concejal Héctor Pablo Hernández (Cambiemos) y la funcionaria municipal Griselda Bordeira, quienes de esta manera deberán continuar en prisión en las unidades penales número 1 y 6 de mujeres, respectivamente.

Los consideró, prima facie coautores penalmente responsables del «delito de financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes, en concurso ideal», como así también peculado, por el uso de fondos municipales. Las notificaciones a los abogados defensores de cada uno de los imputados fueron enviadas a las 8 de este lunes, según pudo confirmar ANÁLISIS DIGITAL.

En el escrito se cita a declaración testimonial para los próximos días al concejal Emanuel Gainza (Cambiemos) y al secretario de Transporte, comisario general retirado Ricardo Frank.

La determinación del juez federal Leandro Ríos está fundamentada en casi 300 páginas, y si bien se esperaba que ello ocurriera a finales de esta semana o la otra, el magistrado optó por adelantarse en su pronunciamiento, lo que sorprendió a la casi totalidad de los abogados defensores de los imputados.

En la faz resolutiva, el magistrado procesó a Varisco, Hernández y Bordeira -actualmente cumpliendo funciones de Prensa en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio, después de estar como segunda en Seguridad Urbana comunal-, como así también a los empleados municipales Alan Nicolás Viola y Luciana Ernestina Lemos, mujer de Celis, a quien se detuvo hace más de un mes, tras encontrársela comercializando en su casa un total de tres kilos de cocaína de máxima pureza. En la resolución también se procesó por el mismo delito a Daniel «Tavi» Celis, quien actualmente cumple pena de prisión de siete años y medio, en la cárcel de la ciudad de Federal, tras un juicio abreviado por el robo a una familia propietaria de un establecimiento rural del Departamento Diamante.

En tanto, se dispuso la «falta de mérito» del empleado municipal Ernesto Ramón González, respecto de la adquisición de estupefaciente –cocaína– para ser distribuída en las ciudades de Paraná y Concordia, por lo que se mantuvo su excarcelación «bajo caución juratoria». Y se procesó a Eduardo Humberto Celis, Nahuel Celis, el ciudadano peruano Wilber Figueroa Lagos -que oficiaba de proveedor de la droga a la banda narco de Paraná-; de Jonathan Heintz y Juan Manuel Gómez.

En el punto 6 de la parte final de la resolución, el juez Ríos mantuvo la excarcelación de Sergio Varisco, aunque bajo caución real por la suma de un millón de pesos, además de toda una serie de reglas a cumplimentar. El intendente tendrá que informar al Juzgado Federal de Paraná en caso de cambiar su domicilio; prometer formalmente presentarse o comparecer toda vez que sea llamado por el juez o tribunal que entienda en la causa y concurrir al Juzgado una vez por semana, los días viernes, en el horario comprendido entre las 7 y las 13, ocasión en la que habrá de dejarse constancia de ello y cada vez que le sea requerida su presencia. En tanto, tendrá prohibido salir del país y se le hace saber que «ante un supuesto de incomparecencia sin causa debidamente justificada, como asimismo en caso de quebrantar alguna de las reglas impuestas para mantener su la libertad, se ordenará la inmediata detención».

Asimismo, se dispuso decretar embargo «sobre bienes libres» de Eduardo Celis, Nahuel Celis, Wilber Figueroa Lagos, Jonathan Heintz y Juan Manuel Gómez, «hasta cubrir la suma de 220 mil pesos a cada uno y de Daniel Celis, Luciana Lemos -mujer de Tavi Celis-, Sergio Varisco, Héctor Pablo Hernández, Griselda Bordeira, Ernesto González y Alan Viola «hasta cubrir la suma de 300 mil pesos a cada uno».

Por otra parte, se citó a declaración testimonial al concejal Emanuel Gainza (Cambiemos) y al secretario de Transporte Municipal, Ricardo Frank. El primero, el 27 de junio; el funcionario, el día 28. Gainza aparece mencionado en uno de los borradores, en el escrito donde también se cita a Varisco, Hernández y Bordeira, en una supuesta compra de cocaína, a valores superiores a los 160 mil pesos el kilogramo. El edil también aparece en los contactos telefónicos de Luciana Lemos y en una serie de llamados telefónicos sucedidos un día después del pago de dinero en el municipio a la mujer de Celis. Frank también fue mencionado en una de las indagatorias, como que no desconocía las relaciones entre la banda de Celis y el municipio. En la resolución se cita también a declarar a Mónica Beatriz Piriz -quien cumple funciones en la Presidencia comunal-; a Nilda Raquel Luna y Liliana Blasinda Vera. Se acota que «en caso de no comparecer a las audiencias fijadas sin causa debidamente justificada se ordenarán sus inmediatas detenciones».

Además se ofició a la Delegación Paraná de la Policía Federal Argentina a fin de que se haga presente el día 18 de junio del corriente año en horario matutino en el domicilio particular de Sergio Fausto Varisco y/o en su despacho municipal para que haga entrega «del teléfono celular marca Samsung S8 Plus, con línea de abonado N°343 5342….», para su posterior peritaje.

Fuente: Análisis Digital