Con proyectos de ley, la oposición busca derogar el decreto de Macri sobre las FFAA
El Frente Renovador también se hizo eco de las críticas al decreto, pero fue más moderado y presentó un proyecto de resolución para rechazar la medida.
En los fundamentos, la iniciativa del FpV sostiene que el jefe de Estado, «a través de un simple decreto reglamentario intenta cambiar las bases sobre las que está estructurado el sistema de Defensa Nacional, construido desde la recuperación democrática».
En este marco, los legisladores firmantes del proyecto argumentaron que el decreto es «absolutamente inconstitucional, ya que nunca un decreto reglamentario puede modificar el texto de una ley», en este caso la Ley de Seguridad Interior que impide que las fuerzas militares realicen tareas de soporte a las fuerzas de seguridad.
Destacaron, a su vez, que para entrar en vigencia la reforma perseguida por el Gobierno se requiere además aplicar cambios a las leyes de Defensa Nacional y la de Inteligencia Nacional, «lo que obligaría al gobierno a pasar por el Congreso de la Nación a fin de lograr los consensos necesarios».
El proyecto reivindica el espíritu de la Ley de Defensa Nacional 23.554 de 1988, sancionada durante el Gobierno de Raúl Alfonsín y reglamentada en 2006 por Néstor Kirchner, que sólo avala la actuación militar en situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otro Estado, dejando por fuera de su competencia el apoyo en seguridad interior.
La iniciativa, encabezada por Rossi, lleva también las firmas de los diputados del FPV-PJ Cristina Álvarez Rodríguez, Máximo Kirchner, Nilda Garré, José Luis Gioja, Eduardo De Pedro, Horacio Pietragalla y Mónica Macha; y la de la legisladora del Movimiento Evita Lucila De Ponti.
En paralelo, Del Plá presentó un proyecto similar contra lo que denominan «el decretazo» de Macri.
Del Plá afirmó que esa medida responde a una política «pactada con el FMI» para «avanzar en un reforzamiento represivo del Estado contra los trabajadores en el marco de la enorme ofensiva anti obrera».
«Acá no hay ninguna intención de combatir al narcotráfico. Esta no es más que la excusa del imperialismo yanqui para justificar el emplazamiento de bases militares por toda América Latina, por un lado, y la intención de profundizar la injerencia militar interna en un cuadro de luchas crecientes por parte de la clase obrera, por el otro», enfatizó.
El massismo, por su parte, presentó un proyecto de resolución en rechazo al decreto y exigió que la reforma militar sea enviada al Congreso para su discusión.
Lo hizo mediante una nota enviada por la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.
«Una de las funciones que le competen al Congreso de la Nación es dictar las normas para la organización y gobierno de las Fuerzas Armadas, siendo la Cámara de Diputados la que debe iniciar el tratamiento de la legislación sobre esta temática», señaló la legisladora.
«Pero el presidente quiso usar un artilugio -como mínimo desprolijo- para pasar por alto a este Congreso y así modificar sustancialmente las funciones que le competen a las Fuerzas Armadas, otorgándoles así, a través del decreto 683/2018, misiones de seguridad interior. Esta medida, innecesaria a nuestro criterio, solo nos trae reminiscencias del pasado reciente más oscuro de nuestro país», agregó.
En tanto, los diputados Daniel Arroyo (Frente Renovador), Victoria Donda (Libres del Sur) y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) encabezarán este jueves a las 12 una conferencia de prensa para reforzar el pedido de «derogación inmediata» del decreto.
De la ronda de prensa también se desprenderá un respaldo a la convocatoria que organismos de Derechos Humanos y agrupaciones sociales y políticas hicieron a una movilización que se realizará a las 17 frente al Ministerio de Defensa.
