Los rectores buscan blindar la ley de financiamiento y asegurarse mayores partidas para el año que viene, con una fuerte presión sobre los legisladores y la idea de que el problema no es de falta de recursos sino de decisión política. Convocarán a una marcha federal en defensa de la educación pública para los primeros días de octubre. La situación de la UNR

La anterior marcha universitaria, en abril, forzó el aumento de partidas.

Con el veto presidencial a la ley de financiamiento decidido y una asignación presupuestaria para 2025 que apenas supera la mitad de lo pedido por los rectores, el frente universitario se convertirá, más temprano que tarde, otra vez en un problema político para la administración de Javier Milei. Es que todo indica que desde el sector se convocará para los primeros días de octubre a una gran marcha federal en defensa de la educación pública como la que se realizó en abril y llevó a la Nación a flexibilizar su postura de que no había plata para las casas de estudio. La fecha será cercana o coincidirá con el momento en el que se trate el veto en el Congreso.

No, no es que las universidades tengan ahora para tirar manteca al techo. Los gastos de funcionamiento, dicen los rectores, alcanzan con lo justo para sostener abiertas las facultades y el retraso salarial para docentes y no docentes es acuciante. Justamente por eso impulsaron la ley de financiamiento, sancionada por el Senado la semana pasada, que el presidente se apresta a vetar.

En cuanto al presupuesto nacional 2025, el mismo contempla un total de $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pedía $7,2 billones para poder funcionar. A la UNR le corresponden, sin contar los recursos para carreras técnicas, hospitales, escuelas y gastos para ciencia, 180 mil millones de pesos. 

“Es como si tomaran lo que va a ser la partida de diciembre de 2024 y proyectaran lo mismo para todos los meses del año que viene”, resumió a Rosario3 el rector Franco Bartolacci. Es decir, no se contempla ni siquiera el 18 por ciento de inflación que el mismo gobierno estima para 2025.

Los salarios insumen alrededor del 90 por ciento del presupuesto. El otro 10 son los gastos de funcionamiento. Con lo cual, lo que ven los rectores es que no hay de parte del gobierno prevista una recomposición de los sueldos docentes y no docentes que compense al menos en parte lo mucho que ya perdieron contra la inflación y tampoco lo que la misma ley de leyes prevé para el año que viene.

“El problema más angustiante es el salarial. La situación es muy crítica y no vemos que esté prevista una actualización razonable”, explicó Bartolacci.

En la UNR también preocupa que crecen muy poco los recursos previstos para las carreras técnicas, las escuelas, la inversión en ciencia y los programas de doctorado. La creación de nuevas carreras, a la que sí se les destinó fondos en el presupuesto pasado, ni siquiera está contemplada. ”Para ciencia, por caso, son diez mil millones de pesos en total. No es nada”, lamentó el rector.

La conclusión, entonces, es que la situación presupuestaria pone al sistema “al límite” para su normal funcionamiento, tanto en el tema salarios como para lo que se pueda proyectar por fuera de eso.

Frente a esto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se reunirá el martes 24 de septiembre en Buenos Aires, se propone trabajar fuerte con los legisladores ya no solo para que bloqueen el veto presidencial a la ley de financiamiento sancionada la semana pasada sino también para que modifiquen la asignación presupuestaria prevista para el gobierno para 2025.

En ese tren, los rectores se reunirán con los senadores y diputados de sus provincias para que tengan en claro una situación que consideran terminal.

“El tema no es falta de recursos; el problema es que no se prioriza ni la educación pública, ni la universidad, ni la ciencia”, sostuvo Bartolacci. La referencia queda clara en una nota que publicó La Nación y explica que mientras el presupuesto universitario sube un 28 por ciento, el de la Secretaría de Inteligencia del Estado trepa a casi al doble del que tenía este año.

“La ley de financiamiento universitario (que va a vetar el presidente) se aplica solo tomando una parte de superávit del primer semestre. Es un problema de decisión, no de recursos. El gobierno no entiende que lo que se destina a educación y ciencia es inversión, no gasto. Estados Unidos invierte un punto más del PBI en educación y tres puntos más en ciencia que la Argentina. Lo hizo Trump y también Biden, es política de Estado. Incluso porque desde la perspectiva económica es más inteligente priorizar estas áreas”, señaló el rector.