La Justicia condenó este jueves en un juicio abreviado a dos años y ocho meses de prisión condicional al empresario publicitario Jesús José María Bustamante por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública, luego de que confesara haber sido beneficiado con contratos y pautas publicitarias que el ex gobernador Sergio Urribarri y el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, direccionaban a favor de Juan Pablo Aguilera.

foto0_1_272890_1El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los tres millones de pesos, aunque en forma global la estafa es del orden de los 12 millones. Aunque no irá preso, también deberá pagar una multa y cumplir tareas comunitarias. La Fiscalía había pedido siete años de prisión efectiva para el empresario, que finalmente aceptó la comisión de los delitos y los términos del acuerdo abreviado fueron presentados por el Ministerio Público Fiscal en una audiencia pública 15 de mayo, y ratificados este jueves por el juez de Garantías, Ricardo Bonazzola. En esta causa están seriamente comprometidos Báez y Urribarri, y el cuñado del ex mandatario, Juan Pablo Aguilera, y la semana próxima se definirá la elevación a juicio.
Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilera, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los tres millones de pesos, aunque en forma global la estafa es del orden de los 12 millones.

La Fiscalía había pedido siete años de prisión de cumplimiento efectivo para Bustamante -la audiencia de remisión a juicio de esa causa está prevista para el viernes 1° de junio-, pero en un acuerdo abreviado, el empresario aceptó una pena de dos años y ocho meses de cumplimiento condicional. Los términos de ese acuerdo fueron presentados por el Ministerio Público Fiscal en una audiencia pública 15 de mayo, y ratificados este jueves por el juez de Garantías, Ricardo Bonazzola.

Bonazzola declaró a Bustamante “autor material y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude reiterado a la administración pública como partícipe primario” y en consecuencia decidió “condenarlo a dos años y ocho meses de ejecución condicional, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos”.

Además, se le impuso el pago de una multa de 90.000 pesos -en cuotas de 15 mil pesos-, la realización de trabajos comunitarios durante un plazo de tres años, a razón de 96 horas por año, “abstenerse de realizar actos molestas a testigos de la causa”, y como parte del acuerdo de juicio abreviado se decretó el levantamiento del embargo preventivo dispuesto por la justicia el 2 de febrero último.

La salida por juicio abreviado de Bustamante de la causa supone, en esencia, una cuota de confianza para la tesis de la Fiscalía. El juez Bonazzola hizo suyos los planteos de la Fiscalía y entendió como “agravante la magnitud del dinero sustraído, la reiteración de las maniobras ilícitas” y el hecho de que Bustamante “integró una estructura organizada” para cometer el fraude al Estado.

El magistrado consideró como agravante que el fraude al erario provincial se calculó en 24.204.918,69 pesos, aunque la empresa J. M. Bustamante Publicidad fue beneficiada con contratos y pautas publicitarias por 6.140.665,24 pesos; la reiteración en el tiempo de las maniobras ilícitas –se investigan contrataciones irregulares entre 2010 y 2015–, el ámbito en el cual se cometieron; y el nivel social, económico y cultural de Bustamante. Del mismo modo, valoró la confesión del empresario.

Los hechos

La imputación fiscal sostiene que durante el gobierno de Urribarri y Báez, en “el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…) posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública”.

La causa es conocida en Tribunales con un nombre hilarante: “La causa de la vaca”. Y tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca aparece en distintos carteles. Pero hay más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.

El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de 24 millones de pesos, de los cuales 12 millones de pesos se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, Bustamante y Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.

La causa, caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, ha venido transitando un derrotero de sucesivas apelaciones. Y el juez que debe resolver el viernes próximo si el ex gobernador y el resto de los imputados van a juicio es José Eduardo Ruhl, recusado por Urribarri y denunciado por mal desempeño ante el Tribunal de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Ya se fijó audiencia de remisión a juicio para el 1° de junio, trámite que dependerá de lo que suceda antes, el lunes 28, a las 18 horas, en una audiencia de recusación del juez de la causa. El titular del Juzgado de Garantías N° 2, José Eduardo Ruhl, está recusado por los defensores de Urribarri, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, por el abogado de Pedro Báez, Ignacio Díaz. El incidente deberá ser resuelto por el vocal N° 3 del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Daniel Julián Antonio Malatesta.

El 14 de mayo último, la Cámara de Casación Penal rotuló como “inadmisibles” los recursos presentados por los defensores de Urribarri, del actual diputado provincial Pedro Báez y del cuñado Juan Pablo Aguilera contra la decisión adoptada por el juez de Garantías, José Eduardo Ruhl, más tarde confirmada por el camarista Daniel Julián Antonio Malatesta, contra los embargos decretados sobre el patrimonio de los tres en la causa que investiga la distribución irregular de publicidad a las firmas Tep SRL y Next SRL.

El reproche a esos embargos no sólo fue planteado por los defensores de Urribarri, Báez y Aguilera

En la causa, están Barrandeguy, que ejerce la defensa de Urribarri junto a Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende representa a Urribarri, pero también a Aguilera y a su esposa, Luciana Almada; Ignacio Díaz defiende a Báez, junto a José Velázquez; Guillermo Vartorelli, a Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel; Miguel Cullen, a Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Corina Cargnel; y Gastón Rosenberg, defensor de Jesús Bustamante.

A Casación fueron, además, Rosenberg, Cullen y Vartorelli. En todos los casos, haciendo reserva del caso federal, con lo cual luego del pronunciamiento de Casación, irán al Superior Tribunal de Justicia (STJ), y, más tarde, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Todos los implicados en la causa tienen sus bienes embargados.

Fuente: Entre Ríos Ahora