Se reclama una deuda de unos u$s3.000 millones tras reestatización de la petrolera – El máximo tribunal de ese país deberá resolver un pedido extraordinario para que el caso se tramite en la Argentina. El fondo Burford, que ya ganó en primer y segunda instancia, buscará la ratificación definitiva a su posición.
El 2019 judicial a nivel internacional para la Argentina empezará temprano. En pocos días se definirá la causa que el fondo buitre Burford le hace al país por la manera en que el gobierno de Cristina de Kirchner reestatizó YPF. Será el viernes 4 de enero cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos le fije al Gobierno gran parte de la agenda que deberá enfrentar en uno de los interminables juicios que el país tiene en los tribunales norteamericanos donde, en general, la suerte del país es adversa. No importa quién gobierne. En realidad, a los jueces de ese país poco le importan los cambios de gestión criollos. Para ellos la Argentina es un deudor y violador de leyes consuetudinario.

El máximo tribunal norteamericano deberá resolver si acepta o rechaza un pedido extraordinario realizado por los abogados que representan al país, y que buscan que el caso sea tratado en los tribunales de la Argentina. O que, en su defecto, la Corte le consulte al gobierno de Donald Trump sobre cómo ve la causa. Del otro lado, el fondo Burford, que ya ganó en primer y segunda instancia, buscará que la Corte rechace el pedido de la Argentina y deje firme los dos fallos anteriores, favorables a su posición.

De la decisión que tome el tribunal dependerá si el gobierno de Mauricio Macri deberá empezar a buscar la forma de conseguir unos u$s3.000 millones para pagarle la deuda que reclama el fondo demandante.

La causa comenzó a definirse en junio de este año, cuando la Corte del Distrito Sur de Nueva York -la misma que avaló las decisiones de primera instancia de Thomas Griesa en el “Juicio del Siglo” contra los fondos buitre- decidió rechazar el reclamo del país para que el caso de YPF se traslade a Buenos Aires. Argentina luego apeló y el caso llegó a la Corte Suprema.

Se trata de una demanda original por unos u$s3.000 millones iniciada por el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos para litigar por las compañías originales del Grupo Petersen. Ahora sólo resta esperar los tiempos que el juzgado se tome para resolver la cuestión de fondo y aguardar la sentencia definitiva.

Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos u$s1.000 millones) a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Desde la Argentina hay pocas expectativas favorables. Más teniendo en cuenta los argumentos utilizados por la defensa del país en la audiencia del 15 de junio del año pasado en Nueva York.

El caso planteado por Burford llegó a la segunda instancia judicial de Nueva York luego de la presentación del fondo ante el juzgado del fallecido Thomas Griesa el 8 de abril de 2015, y después de que el juez derivase el caso a la jueza Loretta Preska el 11 de mayo de 2016. Preska finalmente falló en contra de la Argentina e YPF (y a favor de Burford) en octubre de 2016 y el gobierno de Mauricio Macri apeló la decisión ante la Cámara que ayer comenzó a expedirse. La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera.

El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, con lo que el gran misterio (por ahora) de esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de la audiencia), Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en u$s66 millones. En esa operación, el fondo de capitales ingleses especializado en hacer juicios luego de renacionalizaciones fallidas, la valuación que se le aplicó al caso fue de u$s440 millones, en lugar de los u$s3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos.

Según los analistas la razón para que exista tamaña diferencia de dinero entre lo que se reclama y lo que para el propio demandante vale la demanda, sólo se explicaría por una razón: en realidad Burford es quien lleva adelante el juicio y a nombre de un porcentaje general que no superaría el 35%. Esto implica que el 75% restante de la demanda es propiedad de un tercero que podría recibir, si el fallo es positivo, unos u$s2.250 millones. ¿Quién puede ser este tercer actor?. El único que lo sabe es Burford. Podría ser un inversionista argentino o extranjero. Podría ser cualquier fondo buitre o cualquier persona o holdout que haya sido demandante al país en el “Juicio del Siglo”. Puede ser un ex o un actual accionista de la empresa. O incluso una persona en particular. Por ejemplo, un político o un grupo de políticos.

Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Fue el caso de Petersen, que luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner, y se vio obligado a presentarse en concurso. Antes dejó en claro que no podía seguir adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se decidió reestatizar la petrolera y la prohibición explícita del Gobierno argentino de redistribuir dividendos en la nueva YPF. La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.