Crisis de violencia de género en el país; una mujer asesinada cada 35 horas

El alarmante incremento de femicidios en Argentina refleja con crudeza la profunda crisis que atraviesa el país en materia de violencia de género. En solo los últimos cinco días, se han registrado 9 femicidios, mientras que en lo que va de octubre la cifra asciende a 11 asesinatos en apenas 15 días. Según la organización feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), desde el 1 de enero de 2025 ya se contabilizan 196 femicidios, lo que equivale a un asesinato de una mujer aproximadamente cada 35 horas.

Sabemos bien que este escenario desgarrador no es nuevo y no solo refiere a esta gestión. Sin embargo, el arduo incremento en estos ultimo años, logra atravesar toda postura partidaria. Entre el 1º de junio de 2015 y el 30 de mayo de 2025, se registraron 2.589 femicidios, un promedio de una víctima cada 33 horas en el país. La violencia machista se expresa no solo en estas cifras sino en la naturaleza misma de los crímenes, despiadados y atroces. El Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” informó que el 73% de los femicidios fueron perpetrados por la pareja o ex pareja de las víctimas, el 70% ocurrieron en sus domicilios, y sólo el 14% había realizado denuncias previas. Esto revela la violencia cotidiana, íntima y silenciosa que enfrentan quienes muchas veces llegan a estar en riesgo hasta en su propio hábitat

Se podría catalogar al femicidio perpetrado por Pablo Laurta, como el último caso resonante. Pablo asesinó a su ex pareja y a la madre de ella en Córdoba.

Un uruguayo integrante de la organización “Varones Unidos”, ¿en qué se basaba este grupo? Varones Unidos es una organización que nació en Uruguay en 2016 como un espacio destinado a aquellos hombres que cuestionan las políticas de género y buscan manifestar sus descontentos con ello y “defender los derechos de los hombres”,. Este grupo se caracteriza por su postura crítica hacia el feminismo y por denunciar supuestos abusos del sistema judicial favorecidos a mujeres, particularmente en casos de violencia de género.

El femicida Pablo Laurta, responsable del asesinato de su ex pareja y de la madre de ella en Córdoba, fue uno de los fundadores y principales referentes de Varones Unidos. A través de esta organización, Laurta promovía un relato de victimización masculina frente a lo que describió como una injusticia judicial y social, defendiendo la necesidad de “recuperar el principio de inocencia” para los hombres en juicios por violencia de género. Este caso ha puesto en evidencia la fuerte vinculación entre discursos antifeministas, derecha política y masculinismo supremacista, señalados por organizaciones feministas como factores que alimentan la violencia de género.

En cierto modo, es innegable que la percepción social del asesinato cometido por Laurta ha expuesto públicamente los riesgos que entraña la propagación de estos discursos en un contexto social ya marcado por la violencia estructural hacia mujeres , y es esto particularmente lo que sitúa a la organización no solo como un grupo de defensa de derechos masculinos, sino como un actor dentro de la batalla cultural que tiene impactos directos en la escalada de violencia y en la crisis estructural de género que atraviesa Argentina.

MuMaLá denunció que este asesinato tiene “una alarmante premeditación y motivación política de extremismo de derecha y masculinismo supremacista”, y es producto de los mensajes de odio de género que emanan desde ciertas jerarquías gubernamentales.

Entre los desgarradores casos recientes se incluye el triple femicidio de Florencio Varela, ocurrido hace un par de semanas ,con víctimas como Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi— Chicas jóvenes, de veinte y quince años que se sabían interpeladas por un contexto vulnerable y quienes también estaban inmersas en una atmosfera de trata y narcotráfico;   Este asesinato múltiple, particularmente,  exhibe cómo los entramados delictivos agravan la violencia y aumentan el riesgo para mujeres jóvenes en situación de marginalidad, dejando no solo a numerosas familias y vecinos destrozados si no que asimismo arrebatándoles la vida a muchachas jóvenes que no podrán recuperar el futuro vilmente arrebatado.

En Chaco, el femicidio de Gabriela Arací Barrios, una joven de 20 años, encontró eco nacional tras ser hallada asesinada y enterrada en un pozo tapado con cemento en Avia Terai. Su pareja, Jesús “Huesa” Salvatierra, es el principal sospechoso, detenido luego de que se activaran protocolos de búsqueda tras su desaparición. El caso expone una relación marcada por la violencia y termina en un crimen brutal.

En Bahía Blanca, otro femicidio conmocionó a la comunidad al perder la vida Adriana Velázquez y su hija Mariana Bustos. El hecho refleja la escalofriante intersección de la violencia machista con dinámicas familiares, que dejan no solo a las víctimas directas sino también a sus descendientes en situación de extrema vulnerabilidad.

Finalmente, en Entre Ríos, el asesinato de Daiana Mendienta se suma a esta cadena de pérdidas irreparables, donde la violencia de género se cobra vidas y secuelas profundas en el interior del país.. Estos casos, junto a otros en distintas provincias, muestran cómo la violencia machista atraviesa todas las regiones del país con características propias, pero con el mismo devastador resultado: vidas arrebatadas, familias destruidas y un Estado, que no se apiada.

Darles lugar y entidad a estos nombres resulta mucho más que agitar una bandera política o un reclamo -casi- ancestral. es predicar la memoria y dar espacio para que se dé la dimensión social y en consecuencia a la reflexión de cuanta frecuencia coexiste en violencia y que tan trazados estamos por la bestialidad de los hechos, que ocurren en el día a día, son un título por 24hs y luego quedan inmersos en el olvido. Hablar de mujeres, que mueren, por el simple hecho de ser mujeres es elegir ser partícipes y conscientes, es no mirar a un costado ni ignorar lo que nos gotea en el pecho

¿Qué es la ley de Emergencia Nacional en violencia de género y por qué es urgente su declaración?

La Ley de Emergencia Nacional en Violencia de Género es un proyecto de ley presentado MuMaLá que propone y busca declarar la crisis de violencia machista como una emergencia pública que requiere respuestas urgentes y concretas del Estado. Esta ley propone medidas como la creación de dispositivos para la protección y acompañamiento integral de las víctimas, el fortalecimiento de los recursos económicos estatales para la prevención, y la implementación de protocolos coordinados a nivel nacional. Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de MuMaLá, subraya que esta iniciativa ya fue presentada en tres ocasiones consecutivas en el Congreso, pero aún no ha avanzado, haciendo referencia a la falta de voluntad política por parte de las gestiones recientes para enfrentar una problemática que se cobra la vida de miles de mujeres argentinas. La declaración de emergencia no solo busca visibilizar la gravedad de la situación, sino también garantizar que las políticas públicas cuenten con un respaldo legal que asegure su priorización y financiamiento sostenido, evitando que las respuestas queden en meros decretos aislados o promesas vacías. Su aprobación es fundamental para transformar la lucha contra la violencia de género en una política de Estado efectiva y permanente.

Sin embargo, mientras tanto, lo que más preocupa es la evidente desidia y abandono por parte del gobierno actual, que desde hace tiempo ha ido soltando la mano en las políticas públicas destinadas a la prevención y erradicación de la violencia machista. La ausencia de una estrategia nacional sólida, la eliminación de programas de protección y apoyo económico a las víctimas, y la falta de acompañamiento a las organizaciones territoriales crean un terreno propicio para que esta violencia crezca sin control.

Es sabido que la ineficiencia ante estas problemáticas genera más allá de un descontento social una creciente desconfianza que quedamos o no, gesta una creencia que tiene por consecuencia el “aliento a no concurrir” para denunciar a los agresores. La falta de políticas con perspectiva de género, de monitoreo de discursos de odio son muestras claras de un conflicto nacional que, si bien nunca se plasmó como una urgencia por parte de las gestiones previas, ha dejado totalmente de ser prioridad para este gobierno que cree en la intervención estatal nula, tomando así una postura totalmente distinta a los anteriores. En este contexto, se percibe cierta lejanía al reclamo de que el Estado tome su rol activo, implemente medidas urgentes, fortalezca los recursos para la protección de mujeres para frenar la escalada brutal de femicidios en nuestro país. ¿Será posible, o nos falta trazar un camino que llevará vidas y vidas puestas hasta ser escuchadas?

(*) Esta columna de Opinión de Amelia Ríos Federik fue publicada originalmente en el portal de La Moncloa Argentina.