En un acto que fue transmitido en cadena nacional, la presidente Cristina Kirchner se refirió ayer a la tarde a la falta de acuerdo con los holdouts por el litigio de la deuda impaga. Lo hizo desde la Casa Rosada, rodeada por la mayoría de los miembros de gabinete y numerosos gobernadores.

«Estamos en el día 31 de julio y el mundo sigue andando y la República Argentina también. La vida sigue como sucede hace años», dijo al tomar la palabra.
Luego de leer un fragmento de un discurso que dio en 2004 su difunto esposo, Néstor Kirchner, la jefa de Estado volvió a insistir en que la situación que enfrenta el país no es la de un default, ya que pagó el vencimiento a los bonistas que entraron al canje, pese a que ese dinero no llegó a destino. «Les dije que iban a tener que inventar una palabra«, indicó al señalar la definición de «default selectivo» que utilizaron dos calificadoras de riesgo para caracterizar el escenario.
Luego apuntó contra los fondos litigantes, el juez Thomas Griesa y el mediador que designó para el caso, Daniel Pollack. «Axel (Kicillof) les ofreció ingresar al canje, que significaría una ganancia del 300%, pero quieren la sentencia casi usuraria que es del 1.600%», dijo sobre los primeros. Luego volvió a tachar de «parcial» al magistrado, mientras que sobre Pollack ironizó al decir que «le crecieron las plumas».

«Esto no quiere decir que la Argentina no tenga vocación de diálogo. Negarse al diálogo es un absurdo. Pero tenemos que defender los intereses del país», remarcó.

Entonces reiteró que ni ella ni sus funcionarios firmarán un acuerdo que comprometa el futuro. «No pensamos en el Gobierno y que reviente el que viene; pensamos en el país», dijo. Y añadió: «Les quiero decir a los argentinos que se queden muy tranquilos, la Argentina va a utilizar todos los instrumentos legales que nos dan nuestros propios contratos, que son claros».
La mandataria prometió que su gestión «no hará nada por fuera de la ley» y que lo que haga en materia de deuda externa «estará sometido en el Congreso».
Luego cargó contra la oposición y los medios. «Sorprende que cuando acordamos con el Club de París y con Repsol nos acusaban de vender la patria y ahora nos acusan por no firmar», se quejó. Y apuntó contra dos precandidatos a sucederla: sobre Sergio Massa, dijo que le «cuenta los días», en referencia a una campaña publicitaria del Frente Renovador; y al jefe de Gobierno Mauricio Macri lo condenó por «tener información» sobre la demanda del Club de París y por recomendarle pagar más de lo que finalmente se abonó.
«Yo no me siento épica, no me siento parte de una estatua ecuestre«, subrayó, antes de criticar a «algunos que aparecieron en los últimos días y parecían generosos». «Para ser San Martín no hace falta que te pongan en un diario como el salvador de la patria. Sobre todo, hace falta tener el coraje y la honestidad para decir cómo son las cosas, para no engañar a la gente», agregó.
Por último enfatizó el apoyo internacional que consiguió el Gobierno en distintos foros. En ese contexto mencionó la presentación que hizo un grupo de economistas y académicos ante el Congreso de los EEUU con el objetivo de pedir acciones para revertir el fallo de Griesa. De ese documento resaltó la advertencia que podría tener para la plaza financiera de ese país, y que futuras reestructuraciones de deuda podrían darse, luego de este precedente, en Luxemburgo o Londres.
Provincias, jubilados y consumidores
 
Antes de abordar el conflicto de la deuda, la Presidente destacó los proyectos de ley para cambiar las regulaciones sobre los derechos de consumidores y usuarios, que había presentado previamente el secretario de Justicia, Julián Álvarez. La iniciativa comprenderá «una nueva legislación para el derecho del consumidor» y la «creación de un observatorio de precios».
«Espero que a través de esta Justicia diferente, con un procedimiento de mediación, no se deba llegar a juicio», dijo. Y aclaró: «Estas leyes no son sólo para proteger a usuarios y consumidores, sino que van a servir para dar más competitividad a la economía».
La mandataria anunció luego una suba de 17,21% en la jubilación mínima a partir de septiembre, que llevará la cifra a 3.231 pesos; en tanto, la media alcanzará los 6.746 pesos.

Resaltó la ley de movilidad jubilatoria. «Nos tocó por convicción y voluntad imponerla como política de Estado en un país que había abandonado a sus mayores. Cuando hay voluntad política no se necesitan leyes para dar aumentos a los jubilados. Pero como no sabemos si los que vienen lo van a hacer, lo hacemos por ley».

Al comienzo del acto protocolar, los mandatarios provinciales firmaron la prórroga del Programa Federal de Desendeudamiento.

La urgencia de las provincias por firmar el acuerdo fue puesta de manifiesto por el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, quien aseguró que sin la refinanciación «no estaremos en condiciones de pagar los sueldos». Algunos distritos tenían previsto recurrir al financiamiento internacional, pero las complicaciones en el litigio con los holdouts impidieron esa opción.