Cristina Fernández de Kirchner, como vicepresidenta y titular del Senado, y Sergio Massa, diputado y presidente de la Cámara Baja, firmaron dos resoluciones en conjunto, la primera para pagarles a los empleados parlamentarios la misma suma fija que cobrarán otros estatales y empleados privados de $ 4.000 y la segunda para limitar las designaciones de la planta política que depende directamente de ambos y de los secretarios, prosecretarios y directores que acaban de ser nombrados.

Tras su regreso de Cuba, Fernández de Kirchner intercambió mensajes con Massa y acordaron el anuncio conjunto esta tarde.

Con fecha 15 de enero, la primera resolución del año la 01/2020, fijó límites a la contratación de personal. Tanto los legisladores como secretarios, prosecretarios y directores y subdirectores no gozan de estabilidad laboral y deben dejar su cargo una vez finalizados los mandatos. Son el llamado “gabinete”. Sin embargo, con cada recambio legislativo muchos de ellos e incluso el personal que nombran pasa a la llamada planta permanente.

La ley 24.600 establece la categoría de personal temporario a todo aquel empleado contratado para cumplir funciones bajo las órdenes de un legislador, comisión, comisión bicameral o especial o en los bloques. Tal como es de dominio público, la resolución subraya que ese personal muchas veces pasa a cumplir funciones que exceden su categoría y según dispone la ley vigente pasan a planta permanente.

En el caso de las designaciones para los equipos de ambos presidentes de las Cámaras Kirchner y Massa acordaron que el personal que se contrate no pueda cumplir funciones en otras áreas ni gocen de estabilidad. Debería ser así pero, aseguran, ha habido muchos casos en que el personal pasó a otras áreas antes de la conclusión de los mandatos y quedó como parte del Congreso. “Concluirán con la finalización del mandato de quien lo nombró”, establecieron a partir de esta resolución y bajo la supervisión de los equipos jurídicos del Congreso.

El artículo 4° ordena además que el personal de planta temporaria que no cumpla las funciones para las que fueron contratados serán asignados a las áreas de gabinete y a la planta temporaria según lo que defina la Secretaría Administrativa de acuerdo a las necesidades parlamentarias. Se refiere a personal que quedó sin el puesto que tenían hasta el 9 de diciembre.

“Con esto se busca cortar las capas geológicas que se producen cuando los que ocupan cargos políticos se quedan en planta de las cámaras cuando termina el mandato de quién lo designó” argumentaron en los despachos de la Vicepresidenta y de Massa donde insistieron en que los esos empleados concluirán sus tareas con la finalización del mandato de la autoridad que lo nombró.

La resolución 02/2020 fundamenta el pago de un aumento de $ 4.000 para los empleados parlamentarios a pagar en dos cuotas, una en febrero de $ 3.000 y otra en marzo por $ 1.000. Menciona la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública que votó el Congreso en diciembre. “En este contexto de emergencia debe atenderse a aquellos que más han sido perjudicados por la crisis”, se lee en el texto y se propone “la recuperación adquisitiva de los salarios” del sector público “no exento de las consecuencias de la crisis”. Y se establece el pago de dos sumas fijas remunerativas no bonificables para los legislativos tal como estableció vía decreto el Ejecutivo para el resto de los empleados estatales. También se puso un límite: sólo cobrarán la suma fija los salarios brutos de menos de $ 60.000 y se establecerá el cálculo del monto a pagar para que el salario bruto final de quienes reciban el aumento no supere luego el haber bruto de $ 60.000. En el recibo salarial se consignará la suba como “incremento solidario”.