Ignacio Mahiques fue designado a mediados del año pasado como fiscal federal de Victoria, pero nunca ejerció en la jurisdicción entrerriana porque enseguida lo nombraron en una fiscalía porteña. Hace unas semanas imputó a la ex Presidenta y otros funcionarios por entender que habría montado una estructura para favorecer a Lázaro Báez con adjudicaciones de obras viales multimillonarias en Santa Cruz.

Por:Juan Cruz Varel

El fiscal que acusó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el manejo de la obra pública durante su gobierno debería estar en la provincia de Entre Ríos. ¿Por qué? Ignacio Mahiques fue designado en junio del año pasado como fiscal federal de Victoria, pero nunca ocupó el cargo, sino que inmediatamente asumió en una fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y desde mayo pasó a colaborar en la causa conocida como “Hotesur”, en la que se investiga a la ex Presidenta por supuesto lavado de dinero.

El juez Julián Ercolini citó a la ex Presidenta –y otros funcionarios– a prestar declaración indagatoria por los delitos de fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles. La imputación es por haber supuestamente direccionado los contratos de obra pública para beneficiar a Lázaro Báez con un sistema preferencial de pagos.

La indagatoria de Cristina Fernández Kirchner había sido solicitada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes advirtieron que las acciones tendientes a beneficiar a Lázaro Báez le garantizaban, a su vez, “ingresos millonarios (a la familia presidencial) a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros, lo que demuestra que la maniobra investigada se trataría del paso previo de la hipótesis de lavado de dinero”.

Pollicita y Mahiques señalaron en su dictamen que “desde la Presidencia de la Nación y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública (…) se habría montado una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos, a partir de la cual se habría asignado en forma discrecional prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16 mil millones de pesos”.

El fiscal Mahiques

Ignacio Mahiques tiene 31 años, nació el 10 junio de 1985 en Mercedes; egresó en 2009 como abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es master en Derecho Penal de la UBA, docente universitario en la UBA y UCA. Ingresó al Poder Judicial en 2003 como auxiliar en la Fiscalía Federal de Morón; y después fue escribiente, prosecretario y actualmente es secretario de la Fiscalía de Pollicita, con quien ahora está colaborando en la causa por presunto lavado de dinero.

Es hijo de Carlos Mahiques, el breve ministro de Justicia y Seguridad bonaerense de María Eugenia Vidal y actual juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense; y hermano de Juan Bautista Mahiques, quien asumió en diciembre como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Es también cercano al referente de La Cámpora y el ex secretario general de la Presidencia, Eduardo Wado De Pedro, también oriundo de Mercedes.

El fiscal Mahiques fue designado como fiscal federal de Victoria a través del Decreto Número 1.019/2015, que firmó, precisamente, Cristina Fernández de Kirchner.

El Juzgado Federal de Victoria se creó en enero de 2004, a través de la Ley Número 25.862, con competencia sobre los departamentos de Victoria, Nogoyá, Tala y Gualeguay, pero a casi trece años, todavía no ha sido habilitado. Mientras tanto, pasaron tres fiscales: José Ignacio Candioti estuvo entre febrero de 2009 y octubre de 2012, previo concurso; le siguió Marina Herbel; y desde el año pasado la fiscalía está a cargo de Carlos García Escalada. Las causas se tramitan ante el Juzgado Federal de Paraná.

En el caso de Mahiques, ganó el concurso pero nunca ejerció en Victoria. Sin embargo, haber jurado como fiscal le sirvió de trampolín para acceder a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Número 35 de la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí, por ejemplo, impulsó la investigación motivada por la disputa entre Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe por los objetos de la vida pasada entre ellos, incluidas muchísimas camisetas que el jugador utilizó durante su carrera futbolística.

Lo cierto es que esa modalidad de designación de fiscales que terminan ocupando otros cargos distintos de aquellos para los cuales concursaron le ha valido severos cuestionamientos a la procuradora Alejandra Gils Carbó, desde la oposición pero también desde algunos abogados y de algún sector del Poder Judicial. (I:Pagina Judicial)