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El vocal Rubén Alberto Chaia tendrá que resolver sobre un recurso de apelación presentado por los abogados de las víctimas que denunciaron por presuntos abusos al cura Marcelino Moya, exvicario de la parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay. La medida apunta a que se revea el dictamen del Juzgado de Garantías y Transición de Villaguay, a cargo de Carlos Ramón Zaburlín, que rechazó el planteo de los querellantes para que se levante el secreto profesional que impide conocer el verdadero cuadro clínico del sacerdote. El cura payador se encuentra afectado por una enfermedad infectocontagiosa, por la que debió permanecer internado primero en la sala de Clínica del hospital San Martín de Paraná, y luego, como parte del tratamiento, tuvo que ser derivado a la clínica San Camilo en el barrio porteño de Villa Crespo. La apelación, entonces, se tramitó a través de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, donde la semana anterior Chaia hizo lugar a la petición de los abogados Juan Pablo Cosso y Florencio Montiel. Ayer en una audiencia los querellantes, junto a la titular de la Unidad Fiscal de Villaguay, Nadia Benedetti, expresaron en forma oral los fundamentos del requerimiento, algo que ya habían presentado por escrito. Hoy a las 12 se dará a conocer el veredicto para que se pueda concretar una medida probatoria clave en una causa penal que tiene como único imputado a Moya.
«Nosotros hicimos hincapié, no tanto en el diagnóstico de Moya, sino que nos interesa que las médicas hicieron una presentación espontánea, manifestando que tienen datos que son de relevancia para la causa y no encontramos el porqué de la negativa de citarlas a declarar, si se trata de personas que tienen elementos para aportar. Apuntamos también a lo que es la Ley de Ejercicio de la Medicina, la ley nacional de Sida, para lo que es el relevamiento del secreto médico», informó a UNO el abogado querellante, Juan Pablo Cosso.
Son dos las médicas que intervinieron en el tratamiento de Moya, que según la querella habían accedido a brindar información sobre el diagnóstico del paciente, pero nada de ello se pudo concretar debido a la negativa del juez Zaburlín, un dictamen que también contó con el aval de la fiscal Benedetti. La doctora Laura Díaz Petrussi, directora del Programa Provincial de Sida, dirigió el tratamiento mientras el imputado ocupó una cama en el nosocomio de Paraná. A su vez, Adriana Bevacqua, jefa del Servicio de Infectología del hospital San Martín, se mostró predispuesta a colaborar con la investigación a los fines de que fuera incorporada al expediente.
Estado de salud precario
A pedido de la Unidad de Fiscal de Villaguay, un médico forense de la Policía de María Grande examinó a Marcelino Moya en la casa donde reside luego de recibir postratamiento en Buenos Aires. En su informe textual el profesional consignó los siguientes datos: «Se encuentra lúcido, orientado en tiempo y espacio, con marcha disbásica, parentesia en miembros inferiores, debilidad muscular por período de recuperación de interación prolongada y marcada pérdida de peso corporal». En resumen, Moya tiene serias dificultades para movilizarse por sus propios medios.
Fuentes allegadas al expediente revelaron que en 15 días el religioso tendrá que someterse a un nuevo control para volver a verificar su estado de salud. Por otro lado, la querella se encuentra a la espera de testimonios de los psicólogos que atendieron a una de las víctimas en Rosario, y a la vez, se aguarda que se practique la pericia psicológica a Moya, aunque su realización dependerá de la situación clínica del acusado.