Diputados macristas denunciaron penalmente a Alberto Fernández por «abuso de autoridad» en Vicentin
Es por la decisión del Presidente de intervenir la empresa y presentar un proyecto para su expropiación.
«El Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley», argumentaron los firmantes en la denuncia.
Según sostienen, el decreto 522 publicado este martes en el Boletín Oficial viola varios artículos de la Constitución nacional, que de acuerdo a su interpretación «prohíbe al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de personas o gobierno alguno».
«Las normas de esa naturaleza son insanablemente nulas y quienes las emitan serán considerados infames traidores a la patria. En consecuencia, si el Congreso no puede otorgar esas facultades, obviamente no puede atribuírselas el Poder Ejecutivo por un Decreto de Necesidad y Urgencia», aseguró la presentación judicial.
Agregó que «la decisión del Poder Ejecutivo Nacional viola el sistema republicano de Gobierno, pues invade potestades propias de la competencia judicial de la Provincia de Santa Fe, donde está radicado el proceso concursal mencionado».
«Por lo expuesto, la lisa y llana decisión de intervenir la gestión de la empresa en cuestión resulta violatoria del proceso concursal y de las normas constitucionales mencionadas», concluye la denuncia radicada en los tribunales de Comodoro Py por los diputados de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, Federico Angelini, Pablo Torello, Gisella Scaglia, Álvaro de Lamadrid, Luis Petri y Marcela Campagnoli.
El lunes por la noche, los bloques de la coalición opositora había difundido un comunicado conjunto en repudio a la medida que consideran «peligrosa, ilegal e inconstitucional».
