Antes del 20 de este mes, el Gobierno debe fijar el segundo aumento por decreto que debe regir para junio, julio y agosto para las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales, de acuerdo a lo establecido en la ley de Emergencia que suspendió la aplicación de la fórmula de movilidad.anses-1-1

Se descuenta que, como pasó con el incremento de marzo, que fue del 2,3% más una suma fija de $ 1.500, el aumento a partir de junio volverá a combinar un porcentaje más una suma fija. Así habrá un nuevo achatamiento de la pirámide previsional porque los que más ganan terminan cobrando un porcentaje inferior con relación a los haberes más bajos. Si se hubiera aplicado la fórmula suspendida, el aumento de marzo debió ser parejo del 11,56%.

 

Ahora, con la fórmula suspendida el aumento de junio arrojaría un 10,9%. Ese porcentaje surge en un 30% de la evolución de los salarios formales según el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y del 70% de la inflación entre octubre y diciembre de 2019, ya que el índice de movilidad se actualiza con seis meses de atraso.

 

Con el aumento por decreto de marzo se estimó que, con el 2,3% más los $ 1.500, unos 2,7 millones de jubilados y pensionados cobraron menos que si se hubiera aplicado la fórmula suspendida. En cambio 4,5 millones de jubilados y pensionados cobraron hasta un 13%.

 

Este achatamiento de la pirámide previsional significó un ajuste fiscal del orden de los $ 5.000 millones mensuales porque el aumento diferenciado representó un incremento global del 9%, frente al 11,56% de la formula suspendida.

 

Por esa razón la Defensoría de la Tercera Edad promovió un reclamo en la Justicia con el argumento de que el 11,56% de la formula suspendida era un derecho adquirido del sistema porque correspondía al período julio-septiembre de 2019. Y la ley de Emergencia que suspendió la movilidad fue sancionada a fines de 2019 y como se sabe, las leyes no pueden ser retroactivas. El mismo argumento es válido para el aumento de junio.

 

En tanto, la resolución del reclamo de la Defensoría, que apeló directamente a la Corte Suprema, en medio de la feria judicial, viene más que demorado.

Como se sabe, la movilidad abarca a 18 millones de jubilados, pensionados, beneficiarios de Asignaciones Familiares, AUH, PUAM (Prestación Universal Adulto Mayor) y pensiones no contributivas.