Mientras el tsunami del cuaderno parece aún no encontrar su punto más alto, el Gobierno busca morigerar sus efectos sobre una economía que ya tiene sus propios problemas, y que depende en gran medida de la obra pública para sostener un piso de caída. Es por eso que este viernes, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, encabezó una reunió con los principales bancos para darles la «tranquilidad» de que los proyectos de obra pública continuarán sin alteraciones. 

Acompañado por el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris, y al secretario de Participación Público Privada, José Luis Morea, el titular de Transporte se dirigió a una calificado auditorio integrado por los representantes de los bancos HSBS, ICBC, BICE, Citi, UBS, Banco Mayorista, Santander, Itaú, Supervielle, Banco Francés y Banco Galicia.

Según fuentes que participaron de la reunión, Dietrich enfatizó que desde 2015 «cambió la forma de hacer obra pública en la Argentina; cambiaron las reglas de juego y los procesos licitatorios». En ese sentido, recordó que antes los pliegos de las licitaciones se compraban y hoy son gratuitos de acceso libre y anónimo, por lo que nadie sabe quién se presenta. En ese sentido, fuentes del Ministerio de Transporte dijeron a ámbito.com que «con la transparencia hemos logrado multiplicar la concurrencia a la obra, y la mayor competencia ha generado mejores precios y menos gasto para el estado. Hacer una autopista en 2015 valía el doble de lo que vale ahora».

La reunión se dio en el inicio de una jornada financiera muy álgida en la que el dólar se acercó a los $ 30, los bonos sufrieron una caída estrepitosa, las acciones argentinas en Wall Street se desplomaron y el riesgo país cruzó los 700 puntos llegando a niveles de 2015. Todo esto matizado por el escándalo de los cuadernos que desató una macha venenosa sobre los empresarios locales, que ahora aparecen salpicados por el entramado de corrupción de obra pública del kirchnerismo.

Como un mensaje de tranquilidad, los funcionarios transmitieron a los representantes de los bancos que el Gobierno va a «respetar» las decisiones judiciales en el marco de la causa de los cuadernos, aunque remarcaron que no hay que «adelantarse» a lo que dictamine la Justicia.

Por otra parte, hicieron hincapié en la necesidad de que los bancos se comprometan con la continuidad del financiamiento de los PPP porque «una empresa no es solamente quien la dirige sino también son sus operarios, sus ingenieros; tenemos una responsabilidad con la gente que trabaja en las obras».

Fuentes ministeriales explicaron además que se han acelerado los pagos de la obra pública, lo que significó en julio una inyección de caja al sector de la construcción. Además, para sostener y monitorear la obra pública, continúa la mesa de trabajo intersectorial que «tenemos cada dos o tres meses con la UOCRA y la CAC dónde se evalúa el avance de las obras y el empleo», remarcaron.

Como ya había dicho Dietrich en una entrevista con ámbito.com , fuentes oficiales insistieron que pese a las vicisitudes, los contratos PPPP siguen adelante con los plazos establecidos. «Generamos una estructura muy sólida; ya se han firmado los contratos y los consorcios han tomado posesión de los corredores. Esperamos en octubre el inicio de las obras», explicaron. Y agregaron que «el Gobierno cuenta hoy con una liquidez de 600 millones de dólares gracias a las garantías presentadas por las empresas que el Estado podría cobrar en caso de que los concesionarios incumplan con el plan de obras dispuesto por Vialidad nacional».

Según las estimaciones del Ministerio de Transporte para fin de año habrá obras de autopistas finalizadas y en ejecución por unos 2800 kms, lo que representa la misma cantidad que las que se hicieron en los últimos 65 años.