El gobierno avanzará con la reducción de pensiones por invalidez laboral.

descarga (9)El gobierno nacional puso en marcha hace dos meses un nuevo plan para depurar el padrón de beneficiarios de pensiones que otorga el Estado por invalidez laboral. El objetivo es detectar posibles incompatibilidades en el otorgamiento de la pensión, como así también eventuales irregularidades y situaciones de fraude. En 2006, el número de personas que recibían este beneficio ascendía a 170.000; cuando la ex Presidenta Cristina Kirchner finalizó su mandato, el padrón ascendía a 1.034.743 beneficiarios. Una suba del 508 por ciento en nueve años.
Durante los dos primeros años de gobierno de Mauricio Macri la cantidad de beneficiarios aumentó levemente y alcanzó en 2017 a 1.048.000 personas. El boom de pensionados por invalidez le costará al Estado 114.000 millones de pesos el año próximo: además del pago del beneficio propiamente dicho (6.516 pesos mensuales y 9.122 pesos en la Patagonia, donde se cobra un plus por zona desfavorable), el Estado también se hace cargo de los gastos de traslado y de rehabilitación de la persona con discapacidad, además de su cobertura médica.

Estos costos totalizan un promedio de 16.000 pesos mensuales extras por cada pensionado, explicaron al diario La Nación voceros de la Agencia Nacional de Discapacidad.

En el Ministerio de Desarrollo Social, que comanda Carolina Stanley, se instrumentó en 2017 un plan drástico de recorte y redujo en 71.700 el número de beneficiarios, entre suspensiones y bajas. La medida, por lo inconsulta y sorpresiva, desató una ola de pedidos de amparo ante la Justicia y el rechazo generalizado de la oposición y de las asociaciones de personas con discapacidad.

El gobierno debió dar marcha atrás, despidió al funcionario responsable y creó la Agencia Nacional de Discapacidad, a la cual se le trasladó la responsabilidad del pago de las pensiones por invalidez laboral. Hace dos meses su flamante titular, Santiago Ibarzábal, instrumentó un nuevo plan para depurar la nómina de beneficiarios: el objetivo es detectar posibles incompatibilidades en el otorgamiento de la pensión, como así también eventuales irregularidades y situaciones de fraude.

Según explicaron en la Agencia Nacional de Discapacidad, la pensión no contributiva por invalidez solo puede ser asignada a aquellas personas que, por sus condiciones psicofísicas, se encuentran invalidadas para realizar cualquier actividad laboral. Para ello, el eventual beneficiario debe acreditar que posee una incapacidad laboral del 76 por ciento, que no recibe otro tipo de asignación estatal ni percibe otro tipo de ingresos, ni propios ni de su grupo familiar.

Hay casos llamativos. En la localidad de General Güemes, en Chaco, con 66.132 habitantes, hay 16.177 personas que perciben una pensión por invalidez laboral. El 24 por ciento de la población. Según un informe de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago del Estero encabeza el ranking de provincias con más beneficiarios, con el 8,87 por ciento de su población que recibe la asignación. Le siguen Chaco (7,92 por ciento), Formosa (7,74 por ciento), Misiones (6,55 por ciento) y Corrientes (5,29 por ciento).

“En nuestro país no debería haber más de 200.000 o 250.000 pensiones por invalidez laboral -planteó Martín Lousteau (Evolución Radical) durante el debate por la ley de presupuesto. Hasta 2007 en la Argentina hubo 180.000 pensiones por invalidez y ahora hay 1.050.000. Uruguay tiene 3 millones y medio de habitantes y 20.000 pensiones. En la Argentina hay 800.000 de más. Puede ser que se trate de asistencia social, pero no son pensiones por invalidez”, se indicó.

Fuente: La Nación