Además, el presidente Alberto Fernández ordenó acciones que permitan «dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado» por los créditos que se le dieron a la firma.

El presidente Alberto Fernández derogó el decreto por el que había ordenado la intervención de la empresa Vicentin durante un plazo de 60 días y ordenó acciones que permitan «dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado» por los créditos que se le dieron a la firma.

A través de su cuenta de Twitter, Fernández anunció que dejaba sin efecto el DNU 522/2020, firmado en el mes de junio, ante las imposibilidades de que el Estado pudiera «conocer cuál es el pasivo real de la compañía» por las resoluciones del juez que interviene en el concurso, Fabián Lorenzini, quien había decidido mantener a los antiguos directores de la compañía.

«El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019», argumentó el Presidente, al realizar el anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter.

Además, el Presidente anunció que había dado «instrucciones» a los organismos públicos involucrados en el tema para que «realicen las acciones civiles, comerciales y penales» que «permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo» y otorgados durante el Gobierno anterior y «dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado».

Al argumentar la derogación, Fernández señaló que el Estado Nacional «no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo»

En ese sentido, el jefe de Estado sostuvo que su «intención» fue «siempre rescatar a la empresa, preservar los activos y mantener las fuentes de trabajo» y que la «obligación» del Estado es que se «investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído».

«La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial», sostuvo el mandatario, al referirse al decreto que firmó el mes pasado, cuando nombró a Gabriel Delgado como interventor por un plazo de 60 días, hasta que luego el juez diera lugar al reclamo de sus dueños y restituyera a a su directorio.

En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores.

He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado.

En esa resolución, el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista aceptaba restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgaba el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.

«En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores», concluyó el Presidente.

El 8 de junio, el Presidente anunció la intervención de Vicentin y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que en diciembre de 2019 había entrado en cesación de pagos.

Un día después se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020 en el Boletín Oficial, que estableció la intervención, y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo viajaron a la localidad santafesina de Reconquista para reunirse con el juez en lo Civil y Comercial Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de acreedores.

Tres días más tarde, Fernández recibió a los directivos de la empresa Vicentin, y luego aceptó «una propuesta superadora» para el rescate de la empresa que fue aportado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

Se trataba de un proyecto mediante el cual la provincia, a través de la Inspección de Personas Jurídicas, le solicitó a la justicia que interviene en el concurso de acreedores, la «conformación de un Órgano de Intervención» durante todo el plazo que se extienda el proceso judicial y que no contempla una instancia de expropiación.

Ese mismo día, Lorenzini aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.

El juez, a la vez, se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad sobre la medida adoptada por el Gobierno nacional, presentado por accionistas de la cerealera santafesina.

Sin embargo, las negociaciones entre los acreedores, los integrantes de la empresa y la Provincia de Santa Fe para la creación de un fideicomiso que permitiera contratar la «alternativa superadora» presentada por Perotti.