Los allanamientos en las provincias de Misiones y de Buenos Aires permitieron incautar vehículos, tecnología y documentación clave en la causa federal. Avanza la investigación.

La causa federal que se abrió a fines de noviembre del año pasado, luego del secuestro de más de 14 kilos de cocaína en la Ruta Nacional Nº 14, continúa arrojando resultados significativos en la lucha contra el narcotráfico. Aquel procedimiento, realizado en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, permitió detectar droga oculta en la estructura de un vehículo y detener a su conductora, quien posteriormente se confirmó que integraba la Policía Federal Argentina (PFA).

Según publicó AHORA en ese momento, la División Drogas Peligrosas Federación tomó intervención inmediata, secuestrando los estupefacientes, el rodado y disponiendo la detención de la mujer.

Como derivación directa, la Justicia Federal ordenó en los últimos días tres allanamientos simultáneos: dos en la ciudad de Posadas (Misiones) y uno en el partido de La Matanza (Buenos Aires).

El objetivo era localizar y detener al proveedor de la droga incautada, avanzando sobre la estructura de abastecimiento de la organización criminal investigada. En esas diligencias se obtuvieron datos relevantes que fortalecieron la investigación.

Tras varias semanas de tareas de campo y análisis coordinados, el 2 de enero se solicitaron nuevos allanamientos en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Con precisión operativa y despliegue total, efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y su par de Federación, junto a unidades especiales y Gendarmería Nacional Argentina, ejecutaron los procedimientos con máxima efectividad, neutralizando recursos clave utilizados para el delito.

El resultado fue contundente: se incautaron vehículos y motocicletas, droga, municiones, tecnología utilizada para coordinar y monitorear movimientos, una balanza de precisión y documentación sensible para la causa.

Cada elemento secuestrado representa un eslabón menos en la cadena del narcotráfico y constituye prueba concreta del nivel de organización criminal investigado.

Durante los allanamientos, dos personas fueron identificadas y quedaron supeditadas al legajo judicial, mientras que la totalidad de las actuaciones permanece bajo control de la Justicia Federal.

Este procedimiento reafirma la articulación entre la Policía de Entre Ríos y las fuerzas federales, que avanzan de manera conjunta en el desmantelamiento de estructuras criminales, sosteniendo una política de tolerancia cero frente al crimen organizado.