La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación homologó la emergencia agropecuaria presentada por la provincia de Santa Fe para las explotaciones agropecuarias afectadas por la sequía, ubicadas en todo el territorio provincial hasta el 31 de mayo de 2023

 

 La homologación comprende los beneficios contenidos en el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios establecido por la Ley Nº 26.509.

No obstante, el ministro de la Producción santafesino, Daniel Costamagna, advirtió que la situación se complica por la falta de lluvias y las importantes pérdidas en el trigo, a lo que se suman las dificultades para la siembra de maíz y soja por falta de humedad, y los problemas que se están produciendo en la ganadería con el lógico efecto sobre carnes y lechería.

Más allá de la homologación de los decretos, Costamagna explicó que trabajan en varios frentes y se niega a cuantificar las pérdidas producidas por la sequía. “Lo serio es que esta sequía además afectará la producción 2023”, señaló ante El Litoral.

“La sequía nos pega en la línea de flotación”, advirtió el ministro que viene recorriendo el territorio semanalmente y se reúne con productores y entidades. “A la pérdida de ocho millones de toneladas de trigo a nivel nacional, sumamos dificultades en la siembra de maíz y de soja; finaliza la parición del rodeo por lo que vamos a tener problemas en la producción de carnes en 2023. Habrá malos tactos y menos producción de terneros. En lechería similar situación, es época de reservas de alfalfas que no se podrán constituir. El sector legumbrero también tuvo problemas”, describió.

En ese sentido, reiteró que “no es buena la humedad en la zona agrícola” pese a una leve mejoría luego de las lluvias que se produjeron el fin de semana pasado en el norte santafesino.

Ante esto, planteó un trabajo en tres frentes, uno de ellos el nacional no solo por la homologación de la emergencia sino con un reclamo ante el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, quien comprometió un apoyo de 900 millones de pesos para reforzar el apoyo al productor, que en caso de concretarse, la provincia canalizará a través de las Agencias para el Desarrollo. Hay ya 1.600 productores inscriptos para poder tener algún tipo de apoyo económico.

También mencionó que se ha planteado ante la provincia de Salta la preocupación por la situación del río Juramento, que llega a Santa Fe como río Salado. “Hemos auditado usos del río para riego que agrava la situación en el Departamento 9 de Julio. El río está cortado en algunas zonas y esto impide que la hacienda tenga agua. Es muy grave y estamos buscando apoyar a esos productores con las sociedades rurales y presidentes comunales”, mientras se espera la concreción de acueductos, indicó.

“Me preocupa la situación futura porque estamos poniendo en riesgo la producción del 2023. Es imprescindible que, ante un sector tan importante en producción como el campo, con todo lo que tracciona al resto de la economía (inversión, empleo) el gobierno nacional esté a la altura, que apoye y que apoye con fondos, fondos que el sector devuelve con creces en retenciones”, señaló.

“Hoy el sector está en una situación climática complicada –no solo en la provincia- y deberíamos tener un gesto fuerte de la Nación. La situación es compleja. Se lo planteamos a Bahillo y dijo que lo elevará al ministro de Economía. Estamos esperando una devolución”, reiteró.

Para acogerse a los beneficios que acuerda la Ley Nacional y la homologación de los decretos provinciales, los productores deberán disponer del certificado de emergencia o desastre agropecuario emitido por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología en el marco del Decreto 2476/22. Tendrán tiempo hasta el 28 de febrero de 2023 para presentar los formularios de declaraciones juradas.

Los beneficios a los que los productores podrán acceder debido a la homologación nacional son los siguientes:

* Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las explotaciones afectadas, cuyos vencimientos se operen durante el período de vigencia del estado de emergencia agropecuaria o zona de desastre.

* AFIP suspenderá hasta el próximo ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia o desastre agropecuario, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley.

* Suspensión de hasta noventa días y/o ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia agropecuaria o zona de desastre de la iniciación de juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre agropecuario.