Los operativos de control de motos, que se están implementando desde hace 12 días en toda la provincia con la intervención del gobierno provincial a través de la Policía, permitieron una reducción de entre el 80 y el 90 por ciento de delitos y accidentes con esos vehículos. «Esta medida vino para quedarse. No es una prueba piloto», expresó el gobernador Sergio Urribarri, quien ponderó los resultados positivos conseguidos a partir de la implementación de este nuevo sistema.

«De ahora en más lo que pretendemos es cambiar esa cuestión cultural por una nueva cultura de respeto a la vida y la seguridad”, detalló. Urribarri explicó que la idea de los operativos de control de motos, que se establecieron mediante la firma de un decreto del Poder Ejecutivo provincial, surgió a partir del informe que llegaba desde la policía.

“Ese informe indicó que cuando se cometía un delito había una moto implicada y la moto se usaba para huir rápidamente del lugar del hecho y esto ocurría con frecuencia”, señaló.

El gobernador puntualizó también que se apuntó contra “el gran descontrol en la calle, motos que cruzaban por cualquier lado, que no respetaban los semáforos. No digo que haya que generalizar, pero es lo que mayormente se veía en la calle».

«Enfrentar esos hechos delictivos cometidos por personas que circulaban en moto, más el desorden, obligó a que hagamos algo con firmeza para detener esta situación y comenzar a construir una nueva cultura. De ahora en más lo que pretendemos es cambiar esa cuestión cultural por una nueva cultura de respeto a la vida y la seguridad”, detalló el mandatario.

De acuerdo a un informe del Ministerio de Gobierno, los operativos ya se han retenido 1.636 motos en Entre Ríos, 46 de las cuales tenían pedido de secuestro por robo y se han labrado 2.216 actas de infracciones.

La policía está presente en los procedimientos de tránsito para retener las motos que circulan en condiciones irregulares. Esta acción tiene un objetivo preventivo. La medida sancionada a través del decreto 2675 se puso en marcha en forma simultánea en toda la provincia el 12 de septiembre.

De esa manera, al observar una infracción el oficial de la fuerza estará habilitado para labrar un acta de constatación, retener el rodado y enviar la actuación al juzgado de faltas correspondiente.

El objetivo es perseguir infracciones que atenten contra la seguridad de las personas. Bajo ningún concepto la intención es sustituir la función propia de los municipios, sino proteger la vida, prevenir delitos y accidentes.

Otra faceta de los operativos tiene que ver con las internaciones debido a los accidentes. El costo de atención por accidentes con esos vehículos en los hospitales y centros de salud, que oscila entre los 5.000 y los 15.000 pesos por cada persona internada por día en cuidados intensivos.

Urribarri aclaró que “esta medida vino para quedarse. No es una prueba piloto. Firmé el decreto para que tenga vigencia siempre. Esta facultad estaba prevista en la nueva legislación de seguridad vial y la hicimos efectiva».

«Es necesario un trabajo interdisciplinario para un cambio cultural: políticas sociales para desarrollar al ser humano, y legislación que nos habilite para actuar en la prevención del delito y la seguridad de las personas», aseguró finalmente el mandatario.