En sesión extraordinaria, Diputados aprobó la Ley Micaela para capacitar sobre violencia de género en los tres poderes del Estado
La Cámara de Diputados sancionó la Ley Micaela y hoy la trataría el Senado.
En sesión extraordinaria, Diputados aprobó la Ley Micaela para capacitar sobre violencia de género en los tres poderes del Estado
Pasada la medianoche del martes y en sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la denominada Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, la joven de 21 años violada y asesinada en abril de 2017 en Gualeguay. El proyecto propone la creación de un “Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres” y se prevé que el Senado le dé su sanción definitiva este miércoles. El proyecto fue aprobado por 171 votos a favor y uno en contra por parte de Alfredo Olmedo, aunque hubo un elevado nivel de ausentismo: hubo 173 legisladores presentes y 84 ausentes. La iniciativa establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. El programa fue bautizado «ley Micaela García», en homenaje a la joven de 21 años asesinada en Gueleguay en abril de 2017.
La iniciativa había sido presentada en mayo de 2017 y el lunes, el Presidente Mauricio Macri la incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.
La joven Micaela García fue asesinada en Gualeguay en abril de 2017 a manos de Sebastián Wagner, quien debía estar en prisión pero había sido beneficiado con la libertad condicional por el juez Carlos Rossi, a pesar de que ya había violado a otras dos chicas. De esta manera, como consecuencia de esa decisión de la justicia, pudo atacar por tercera vez.
La respuesta para intentar que estas situaciones no se repitan es el «Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres».
El proyecto establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.
Sanciones para quienes se nieguen a capacitarse
La diputada nacional por el Frente para la Victoria Analía Rach Quiroga advirtió que “habrá sanciones” para quienes se nieguen a tomar las capacitaciones en género y violencia. “La ley será de cumplimiento obligatorio y, por lo tanto, se prevén sanciones para las personas que se nieguen sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas”, advirtió Rach Quiroga, autora de la ley.
Detalló que “el incumplimiento de esa intimación será considerado una falta grave que no sólo dará lugar a la sanción disciplinaria pertinente sino que, además, se hará pública la negativa a participar en la capacitación a través de la página del Instituto Nacional de las Mujeres, que será la autoridad de aplicación”.
Los principales puntos de la ley
«Establecer la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado».
«La ley tiene por objetivo capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer».
Corresponderá al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), a cargo de María Fabiana Túñez, hacer aplicar la ley. Será también quien se encargue de formar directamente a las máximas autoridades del Estado en la temática.
En cada uno de los organismos estatales, las capacitaciones se harán en colaboración con sus propias oficinas de género, si ya las hubiera en funcionamiento. Para eso se crearán materiales y programas nuevos, o se adaptarán los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por «las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país».
El INAM controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones deberán estar en funcionamiento dentro del año de puesta en vigencia de la ley.
Mediante su página web, el INAM publicará información pública respecto al grado de cumplimiento de las formaciones contra la violencia de género en cada uno de los organismos del Estado y realizará informes de seguimiento sobre su impacto. Se considerará como una «falta grave», pasible de una sanción disciplinaria, que algún empleado público se negase, «sin causa justa», a participar de las capacitaciones.
Las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley serán el Consejo Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Modernización. La enseñanza será a través de una capacitación obligatoria que se deberá cursar y aprobar anualmente. Las integrantes del Consejo contarán con cuatro meses para establecer los contenidos curriculares del curso que deberá estar en sintonía con el cumplimiento la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
